Veracruz es un estado que, en el imaginario colectivo, siempre ha sido sinónimo de potencial. Su ubicación estratégica en el Golfo de México, sus puertos de clase mundial, su riqueza energética y agroindustrial, y el talento de su gente deberían colocarlo en la vanguardia del desarrollo nacional. Sin embargo, esta promesa ha quedado más en discursos de campaña que en una política económica que toque la vida cotidiana de las familias veracruzanas.
Las cifras macroeconómicas pintan una postal optimista: el primer trimestre del año reportó un crecimiento interanual del 3.6 % y una tasa de desempleo de apenas 1.7 %. Pero esos datos esconden una realidad dura: más del 66 % del empleo es informal y más del 60 % de la población vive en pobreza. Crecer a ese ritmo debería ser motivo de celebración, pero lo es solo en apariencia, porque el crecimiento no se distribuye ni mejora la calidad de vida de la mayoría.
El verdadero motor de la economía estatal son las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que constituyen el 95 % de las unidades productivas registradas. Son ellas las que generan siete de cada diez empleos, sostienen cadenas de abasto y mantienen viva la economía regional. Y sin embargo, son también las más olvidadas en términos de financiamiento, capacitación, formalización y acceso a mercados.
En Veracruz la paradoja es evidente: mientras los anuncios oficiales celebran inversiones millonarias en megaproyectos como el Corredor Interoceánico o la expansión portuaria, miles de emprendedores locales tienen que enfrentar trámites interminables para registrar una empresa o condiciones de crédito que los condenan a la informalidad. El desarrollo prometido desde arriba se estrella contra un suelo donde la base productiva sigue rezagada.
El caso de la agroindustria citrícola de Álamo Temapache es paradigmático. Veracruz es líder nacional en producción de cítricos y concentra un clúster exportador con potencial de primer nivel.
Pero las MiPyMEs citrícolas carecen de infraestructura tecnológica, dependen de compradores internacionales que dictan precios y luchan por certificaciones que resultan prohibitivas. En el mejor de los casos, exportan en bruto, sin capturar el valor agregado que se multiplica en otros países.
A esta falta de visión se suma un modelo económico que sigue privilegiando la exportación de materias primas baratas, en lugar de apostar por la industrialización local. Los megaproyectos energéticos o logísticos son necesarios, sí, pero no suficientes si no se diseñan políticas que integren a los productores locales. De otra forma, se convierten en islas de riqueza sin conexión con la economía regional.
La pregunta de fondo es si el gobierno estatal y federal realmente consideran a las MiPyMEs como motor económico, o si solo las mencionan como adorno retórico. Porque en los hechos, la formalización sigue siendo cara, el crédito inaccesible, la capacitación limitada y la corrupción burocrática un obstáculo constante.
De continuar por esta ruta, Veracruz corre el riesgo de consolidarse como un estado de contrastes: escaparate de inversiones millonarias que lucen en los titulares, pero sin impacto real en el bolsillo de quienes producen y trabajan desde la base. Ese es el punto crítico que debe colocarse en el centro del debate.
El primer problema estructural de las MiPyMEs en Veracruz es la informalidad. Dos de cada tres trabajadores no cuentan con seguridad social ni prestaciones. Esto no solo precariza la vida laboral, también erosiona la productividad y limita la posibilidad de generar empleos de calidad. La informalidad no es elección, es la consecuencia de un marco fiscal y burocrático que castiga al pequeño emprendedor en lugar de incentivarlo.
Otro punto crítico es la concentración económica. Más del 60 % de las MiPyMEs del estado se ubican en municipios como Córdoba, Xalapa y Veracruz puerto. Mientras tanto, regiones enteras como el sur y la sierra permanecen marginadas, sin infraestructura suficiente ni programas efectivos de apoyo. Veracruz se debate así entre una economía centralizada y una periferia condenada al rezago.
El potencial agroindustrial es indiscutible. Álamo Temapache, Martínez de la Torre y Tihuatlán son líderes nacionales en producción de cítricos. Sin embargo, la mayor parte de esta producción se comercializa en fresco y a granel. Apenas un 30 % se destina a la agroindustria. Las MiPyMEs que procesan jugo concentrado, aceite esencial o cáscara deshidratada enfrentan enormes barreras de entrada: certificaciones internacionales, tecnología costosa y una dependencia estructural hacia compradores globales. El resultado: un clúster competitivo en teoría, pero con pocos beneficios distribuidos en la región.
La falta de financiamiento es otro lastre. Aunque el gobierno ha anunciado alianzas con bancos como Santander para otorgar créditos, la realidad es que la mayoría de las MiPyMEs siguen sin acceso real a préstamos baratos y rápidos. La banca comercial mantiene requisitos imposibles para negocios familiares, y los programas oficiales suelen ser burocráticos y de alcance limitado. Mientras tanto, los grandes consorcios acceden sin problemas a financiamiento multimillonario.
La carga regulatoria tampoco es menor. Para abrir un negocio en Veracruz, el emprendedor promedio debe enfrentar trámites que consumen tiempo y recursos. Aunque se ha avanzado con leyes de mejora regulatoria, en la práctica muchas dependencias estatales y municipales mantienen procedimientos engorrosos y costosos. Esta burocracia empuja a muchos a la informalidad, generando un círculo vicioso.
En este contexto, la institucionalidad es débil. La corrupción en licitaciones, la falta de transparencia en incentivos fiscales y la ausencia de políticas claras minan la confianza empresarial. Sin reglas claras, el pequeño empresario asume riesgos desproporcionados y queda fuera de cadenas de valor que favorecen a grandes corporaciones.
Las oportunidades, sin embargo, son reales. Inversiones como Constellation Brands, la expansión de CICE o la participación del Grupo Carso en proyectos gaseros podrían convertirse en plataformas de encadenamiento local.
Pero eso requiere políticas activas que integren a proveedores regionales, promuevan transferencia tecnológica y aseguren empleos bien remunerados. De lo contrario, serán elefantes blancos desconectados de la economía local.
Finalmente, la desigualdad territorial sigue siendo el talón de Aquiles. El sur de Veracruz, con vocación energética y logística, podría ser un nuevo polo industrial, pero carece de planeación territorial, formación de talento y certeza jurídica. Sin inversión en capital humano y sin infraestructura regional, seguirá siendo un espacio de promesas incumplidas.
Las cifras, los diagnósticos y los ejemplos sobran; lo que falta son soluciones concretas que rompan con la inercia. Veracruz no puede seguir atrapado en un modelo económico donde las MiPyMEs son mencionadas en discursos pero abandonadas en la práctica. Si son el 95 % de las unidades productivas y generan la mayoría del empleo, lo lógico es que estén en el centro de la estrategia económica estatal.
No se trata solo de programas aislados o apoyos momentáneos, sino de una política integral que atienda tres frentes: la formalización, el financiamiento y la competitividad. Es decir, facilitar que más emprendedores salgan de la sombra de la informalidad, garantizarles crédito accesible y capacitarlos para competir en un mercado global cada vez más exigente.
Las cifras y diagnósticos ya no admiten evasivas: Veracruz no puede seguir siendo un estado de contrastes donde los grandes proyectos conviven con el abandono de las MiPyMEs. La economía real se sostiene en negocios familiares, talleres, agroindustrias y pequeños servicios que, lejos de recibir apoyo estratégico, enfrentan trabas que los condenan a la informalidad o al estancamiento.
De nada sirven los discursos de crecimiento si no se traducen en cambios palpables en la operación cotidiana de las empresas. Lo que hoy se necesita es una ruta clara que rompa con la inercia y coloque a las MiPyMEs en el centro del desarrollo económico. Porque no basta con aplaudir su importancia: se trata de dotarlas de financiamiento, capacitación, tecnología y mercados.
En una segunda entrega, veremos como el reto será dejar de describir problemas y pasar a soluciones críticas y viables. Veracruz requiere un plan que reconozca la diversidad de su tejido empresarial: desde la tienda de barrio en Córdoba hasta la agroindustria citrícola de Álamo o la empresa de servicios en Coatzacoalcos. Allí se plantearán propuestas concretas para dejar atrás el espejismo de la promesa y encaminar al estado hacia un desarrollo sostenible, incluyente y regionalmente equilibrado.
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