Las grandes ciudades y metrópolis incluso pequeños municipios en el país están dotados de videocámaras manejadas por el Centro de Control, Comando, Computo y Comunicación, llamados en todas partes el C-4. Son esas torres de acero que se colocan en varios puntos con una esfera negra que por dentro tiene cámaras de vigilancia que abarcan los 360 grados, es decir visión completa de lo que sucede en la ciudad día y noche si están instaladas, si están funcionando conectadas al C-4.
Poco se sabe si en el tiempo de Javier Duarte existían como tales lo que será análisis de otro artículo más profundo sobre el tema, pero en la pasada administración de dos años, se anunció oficialmente la colocación de casi 6500 videocámaras en varios puntos del Estado que en promedio si las dividimos en los 212 municipios deberían tener cada uno 30 video cámaras, lo que no es así, porque existen ciudades grandes como Xalapa, Veracruz y Boca del Rio que tienen muchas.
En una completa entrevista que le realiza Andrés Hondall de Proyectos Políticos, al actual Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, éste último asegura que la instalación de dichas videocámaras debería haber costado 300 millones de pesos y no Mil 160 millones de pesos. Es decir que, si oficialmente se sostiene lo anteriormente dicho, los veracruzanos pagamos 860 millones de pesos de más en la instalación de las mismas, denunciando el propio Secretario de Seguridad Pública que de las 6500 videocámaras solo servían cuando entraron el 29% de las videocámaras, es decir 1885, que hoy al día sirven ya el 32%, 2080.
Ello significa que antes de la llegada de Cuitláhuac García Jiménez, en promedio funcionaban por municipio 8 y actualmente 9, sin saber cuántas funcionan hoy en las grandes ciudades y si por lo menos cada municipio veracruzano tiene 1.
Las videocámaras con bocinas permitirían advertir vía C-4 al transeúnte si corre algún peligro o incluso exhortarlo a no tirar basura o realizar actos contra la moral y las buenas costumbres, pero aun eso no llega a Veracruz. Lo cierto es que, la denuncia que hace el Secretario de Seguridad Pública va en el sentido de que cada videocámara costaba 46 mil pesos promedio y que nos las clavaron en 178 mil 450 pesos, es decir 132 mil pesos más caras cada una y solo de las 6500 sirven 2008.
En la entrega-recepción que se hizo del C-4 entre la entrante y la pasada administración se detectaron inconsistencias que ya están siendo analizadas para dar parte a la autoridad correspondiente con la responsabilidad que le resulte a cada quien en el nivel que sea. Y ello está bien. Es inadmisible y hasta criminal que la seguridad de los ciudadanos sea considerada una cosa de nada, como si fuéramos veracruzanos de quinta.
No puede quedar impune el delito en Veracruz y por ello se requiere actuar de inmediato para deslindar responsabilidades. Gracias a esta entrevista sabemos que los veracruzanos no tenemos la certeza de que esa videocámara que acabamos de pasar o está por nuestro hogar o casa está funcionando.
Me pregunto por ejemplo si las dos videocámaras que están en el Santuario de las Garzas, donde ocurren hechos terribles de sangre y feminicidios por todos conocidos están funcionando o funcionaban en el pasado inmediato. Por cierto, lugar donde el ayuntamiento de Xalapa prometió obras y servicios de seguridad pública, y siguen los vecinos de tres colonias aledañas a dicho polígono sin ser atendidos, lo que deja muy mal parado al gobierno capitalino, que dejo ir 15 millones de pesos por subejercicio lo que representa un posible delito por omisión.
Pero volviendo a las videocámaras en Veracruz, lo cierto es que hoy el Gobierno del Estado ha hecho un serio diagnóstico de lo que sucede y está por lo que vemos poniendo manos a la obra, esperando todos los veracruzanos que lo más pronto posible dichas 6500 videocámaras funcionen y otra cosa más, se regresen al erario estatal el dinero de más que se pagó por las mismas y se proceda conforme a derecho contra los responsables. Así de claro. No cabe duda que la corrupción no
tiene partido o colores, solo actores cuyo fin no es servir al pueblo, no importa si en su afán de enriquecimiento ilícito está de por vida la vida de una niña, una mujer o un hombre. Pareciera que en el pasado las videocámaras no funcionaban para dejar que los delincuentes hicieran de las suyas, lo que deja entrever que alguien desde gobierno recibía en el pasado algo a cambio de no echar a funcionar todas las videocámaras. El gobierno de Cuitláhuac García debe ir hasta el fondo del asunto y en el corto plazo dejar funcionando todas las videocámaras, la gente confía en él y sabemos que no nos defraudará. Actuemos. rafaelmarinmarin@hotmail.com
El Autor es Presidente del Colegio de Profesionales y Técnicos del Estado de Veracruz, COLPROTVER y, Delegado del Instituto Nacional para la Celebración del Día del Abogado, INCDA. |
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