A cinco meses del sismo de 19 de septiembre de 2017, el segundo que volvió a mostrar para fortuna de todos una cierta clase de autoridades que tiene la ciudad de México y el país y que abdicaron de su responsabilidad constitucional, cientos o miles de damnificados de aquellos sucesos siguen viviendo en campamentos improvisados solo apoyados por la buena fe de los vecinos y voluntarios.
No han encontrado aún los damnificados el detonante social y jurídico para exigir no solo por la vía de la manifestación sino por la de la norma, el derecho a una vivienda digna, sin generación de gastos lucrativos y por supuesto corrupción, opacidad y tortuguismo.
A la desesperación que lacera el corazón y el ánimo de los damnificados y familiares que no su espíritu guerrero con el cual vencerán al final, se suma el conflicto de interese que existe entre la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y el Comité ciudadano para la Evaluación de la Reconstrucción que por cierto ya tiene sus primeras bajas, al renunciar estos, ante la discrecionalidad de los legisladores al darle un sentido electorero y no social a dichos recursos públicos y donados.
De miles de millones de pesos donados también en su momento por personas físicas y morales nacionales y extranjeras, nada o poco se sabe al igual que los cientos de millones de pesos en herramientas que nos sirvieron a los que fuimos voluntarios para trabajar codo con codo buscando sobrevivientes como fue en Álvaro Obregón 286 sin resultados ante la magnitud de la tragedia y la poca visión de rescate de la autoridad.
Como cereza de ese pastel putrefacto no cocinado por los damnificados, estuvo la renuncia de muchos servidores públicos y otros en puerta en busca de candidaturas golondrinas y súper cuestionadas como puede ser los cargos a diputados federales y senadores vía plurinominal, es decir un premio a su ineficacia o su entreguismo. Vaya casos.
Pero parece que en el México al revés donde nada el ave y vuela el pez, lo que menos importa es el servicio público honesto, diligente y por supuesto la atención a los problemas sociales como el que sufren los damnificados, al permanecer las autoridades de la Ciudad de México y otras Federales en un “impases” de miles de millones de pesos, al detectar ahora al Auditoria Superior de la Federación un desvío/desfalco por casi siete mil millones de pesos en muchas dependencias federales vías contratos entre ellas mismas, dependencia que pertenecen al Gobierno de Enrique Peña Nieto, presidente priista y cuya administración ha tenido el mayor número de gobernadores sujetos a proceso, con órdenes de aprehensión o escondidos, sin que aparezca el caudal de dinero que mediáticamente las autoridades han denunciado como desvíos de ellos mismos, que suman más de 900 mil millones de pesos.
A lo anterior debemos sumarle que los candidatos a la Presidencia de la Republica han hecho mutis ante el clamor de los damnificados seguramente porque es una bomba de tiempo que no quieren les ampute las manos, aunque a algunos de sus seguidores a cargos de elección popular por diversas vías, debería figuradamente extallarles a fin de que no se lleven el dinero de los mexicanos, porque basta revisar las listas de candidatos para darnos cuenta de que estamos hablando.
Esto es lo que suceda a cinco meses de los sismos de 2017, y el asunto ante tanta opacidad y en pleno proceso electoral parece no les importan. Habrá como ya dijimos seguir los damnificados nuevos caminos en búsqueda de lograr sus legítimas luchas. Vivienda digna y transparencia y rendición de cuentas. Actuemos. |
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