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EROS ORTEGA RAMOS
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2016-10-29 / 11:47:30
La inseguridad en el transporte público de la Zona Metropolitana del Valle de México
“El robo en la calle y en el transporte colectivo sigue siendo uno de los delitos más comunes en México”
En México y en varios países de América Latina, una de las principales herramientas (ya que no es la única), para la medición del fenómeno de la delincuencia, son las Encuestas de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Éstas analizan la interpretación que tiene la persona encuestada respecto al delito del cual fue víctima. Así mismo, los resultados de estas encuestas sirven como estimaciones fundamentales para orientar las acciones del gobierno hacia una respuesta óptima a las demandas de la ciudadanía en materia de seguridad pública. Dicha respuesta a estas demandas es muy importante, ya que la interpretación de un ambiente de inseguridad por parte de la ciudadanía tiene un impacto negativo en su calidad de vida, además de que origina una pérdida de confianza en las instituciones gubernamentales: “En Latinoamérica, los estudios de victimización comenzaron a realizarse por centros de investigación y universidades, principalmente en zonas urbanas en donde la violencia social crecía de manera preocupante” (INEGI, 2013: 5). En el caso de México, la encuesta de alcance nacional más reciente que lleva por nombre Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENPIVE) fue realizada por el INEGI, en el año de 2015. En ésta se encuentra un listado de los tres delitos más recurrentes por Entidad Federativa, teniendo al -Robo o asalto en la calle o en el transporte público-, como el delito más frecuente, seguido de la extorsión y las amenazas. Es aquí en donde se plantea la pregunta: ¿Qué está ocasionando que los asaltos y robos en el transporte público se incrementen cada vez más?

Desde mi interpretación, con la situación actual de nuestro país, distintas crisis repercuten en la calidad de vida de la sociedad, pero son las crisis social y económica las que afectan de una manera profunda a los grupos más vulnerables que, en situaciones de desesperación, se excluyen de sus sectores sociales, inclinándose por soluciones, en apariencia inmediatas, relacionadas con el riesgoso acto de delinquir. Con esta afirmación no pretendo justificar los índices de delitos cometidos en este rubro, pero sí sostengo que este tipo de comportamientos evidencian una carencia de oportunidades laborales que desde hace mucho tiempo no ha sido puesta en discusión por el gobierno, o si es que lo ha sido, únicamente se han concretado soluciones superficiales que lejos de solucionar de raíz al problema, lo han acrecentado. En otras palabras, vivimos inmersos en un sistema social que muchas veces no provee de los medios legales y legítimos suficientes para integrar a todos los actores dentro de los distintos campos culturales, sociales y laborales que forman parte de la sociedad mexicana. Esto trae como consecuencia que aquellos sectores sociales a los cuales les es negado el acceso a las oportunidades, se vean obligados a encontrar los instrumentos y las vías (muchas veces ilegales) que les garanticen la anhelada inclusión, que en definitiva, no es conseguida por medio de la vía institucional. En consecuencia, se delinque no por diversión, sino por necesidad. Así, se nutre y da a conocer una problemática no solo económica y política, sino sociológica. Es ahí en donde el sociólogo molesta, ya que ni el jurista, y mucho menos el economista, han podido modificar los números que exponen alarma en la violencia de sus cifras. De esta manera, a lo largo de varios sexenios, el gobierno mexicano ha mostrado el grave déficit de inclusión que crece con los comportamientos desviados, mismos que, en lugar de disminuir lo más que se pueda, traen consigo otro problema aún más grave que está llevado a la sociedad mexicana al borde de una crisis social sin precedentes; la delincuencia.

Por otra parte, además de que es bien sabido que los asaltos y robos a usuarios es una constante en muchos medios de transporte de las ciudades, el funcionamiento del transporte colectivo de igual manera se ha caracterizado por la saturación de las rutas, la escasa capacitación de los operadores de las unidades, la irregularidad en el servicio, un padrón vehicular obsoleto y rebasado por las nuevas demandas de la población e innumerables violaciones a la normatividad vigente. Salvo contados temas como el ambiental (respecto a la emisión de gases contaminantes por parte de las unidades de transporte), el asunto de la seguridad pública en el transporte colectivo de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) no figura entre las prioridades de los gobiernos, ya que pese a los datos emitidos por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), que aseguran una disminución del delito en un 17.5 % respecto al año 2013, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el robo en la calle y en el transporte público sigue siendo el delito más común con un 28.6% de incidencia, pero también el que más expone la integridad de los usuarios, debido a que el 50% de casos se lleva a cabo con un arma.

Con estos datos, se expone una realidad que viven muchos usuarios de manera constante en su movilidad; la vulnerabilidad de su integridad física, al momento de exponerse cuando son víctimas de asaltos a manos de delincuentes. Así mismo, se pone de manifiesto que las percepciones respecto al tema de la seguridad en su mayoría son negativas, desmotivando al usuario a seguir utilizando estos medios de transporte, e invitándolo a recurrir al transporte particular, con la adquisición de un automóvil en financiamientos que, a pesar de que muchas veces son muy caros y a largo plazo, le brindan a éste la oportunidad de evitar el uso del transporte colectivo. Aunado a esta realidad, se hace presente el hecho de que el irregular desarrollo del transporte público no puede verse como una problemática única de la ZMVM, sino como un fenómeno generalizado, que incluye el déficit de movilidad en el Estado de México y en otros estados de la república mexicana.

Para finalizar, a lo largo de este breve artículo de opinión, expuse de manera resumida uno de los principales problemas por los cuales las prácticas delictivas se han incrementado en el transporte público de la ZMVM; la falta de inclusión social. Es importante aclarar que, desde mi perspectiva como sociólogo, no pretendo en lo absoluto restarle importancia a otros análisis emitidos desde cualquier disciplina ajena, o relacionada en mayor o menor medida, a la sociología. Lo que recalco es la obligación que el gobierno mexicano tiene en proporcionar a la sociedad en general los medios necesarios para una correcta inclusión en cualquier ámbito cultural, social y laboral en el cual pretenda desarrollarse. Por lo tanto, aseguro que hasta que no se tome en cuenta este déficit que reproduce el delito, no se podrá hablar de un transporte público más seguro, capaz de satisfacer la demanda de movilidad en ésta, la ciudad más grande del mundo.



Gracias por su lectura.

@erosuamero

*Eros Ortega Ramos es licenciado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana.



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