Por Miguel Ángel Cristiani González
A estas alturas del partido, luego de que el ORFIS entregó las cuentas del último año de la administración municipal de Córdoba, que encabezó la panista Leticia López Landero y que fueron aprobadas por el Congreso del Estado, lo siguiente es que se presenten las denuncias correspondientes en la Fiscalía General por el daño patrimonial registrado y que asciende a un total de 160 millones de pesos.
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado ORFIS ya documentó y un daño por 160 millones de pesos, en las Cuentas Públicas 2019-2020-2021.
En la última cuenta del 2021 debe solventar 107 millones de pesos.
Pero también del 2019 son 25 millones, del 2020 son 30 millones de pesos.
El daño patrimonial es monumental, nunca se había visto algo así.
Ahora corresponderá al ORFIS interponer las denuncias penales correspondientes.
A la FGE ejecutarlas, ya que la Panista no ha solventado un sólo peso.
La Fiscalía Anticorrupción deberá ir tras los ex-servidores públicos del municipio Córdoba.
En todos los casos donde se han detectado y no se han justificado daños patrimoniales, cuando menos, los administradores de la dependencia o contralores, deberían de ser removidos, por su notoria incapacidad.
Nada más con la aprobación de la nueva valoración a la Cuenta Pública 2021, se confirmó que el daño patrimonial perpetrado por el gobierno municipal de Lety López Landero en el municipio de Córdoba, habría ascendido a 107 millones de pesos, aproximadamente el 15% del total de dinero público que Córdoba percibió ese último año de gestión de la panista.
El ORFIS constató que, durante el también llamado "Año de Hidalgo" el 2021, la administración de Leticia López Landero habría desviado al menos 1 peso de cada 10 del presupuesto de la ciudadanía cordobesa.
La anterior cantidad se suma al daño patrimonial detectado también por el ORFIS en los años de 2019 y 2020 por cerca de 25 y 30 millones de pesos respectivamente, haciendo en total 160 millones de pesos desaparecidos por Leticia López y sus secuaces cuando "gobernaron" Córdoba.
Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción ya cuenta con las denuncias presentadas por la actual administración municipal, para integrar las investigaciones y lograr que no quede impune el saqueo de dinero público que distinguió al gobierno de Lety López.
Se supone que ya desde la semana pasada el ORFIS turnaría las denuncias de los alcaldes que resultaron con observaciones por daño patrimonial a la Fiscalía General de Justicia, pero hasta ahora no se han dado a conocer los nombres de los candidatos a parar tras las rejas.
Por su parte, tampoco la Fiscal del Estado ha informado, al menos, como lo hacen siempre que se denuncia o comete algún delito, que ya se abrieron las carpetas de investigación, aunque en realidad ya es nada lo que se tiene que investigar, sino proceder a la captura de los munícipes, antes de que emprendan la graciosa huida.
Las observaciones que hacen presumir la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal y de las cuales el ORFIS promoverá el fincamiento de responsabilidades y determinación de daños y perjuicios de conformidad con el Título Quinto de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como con las Leyes General de Responsabilidades Administrativas y de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En el caso particular del municipio de Córdoba, los paisanos de Lety López, aseguran que lejos de huir, se pasea campantemente a bordo de una super camioneta de lujo que vale casi dos millones de pesos, amparada en que como ocurre siempre, no pasa nada y todo mundo tan tranquilo.
En el capítulo de gastos y otras pérdidas figura la Observación Número: FM-044/2021/006 DAÑ
Cuenta Bancaria número 7012 4619139 del Banco Nacional de México, S.A.
“Asesoría, orientación y apoyo para la elaboración de lineamientos de contratación de medios de comunicación” por $82,000.01
El Ente Fiscalizable realizó una erogación por concepto de “asesoría”, sin embargo, no exhibió el contrato de prestación de servicios, por lo que se desconocen los alcances, período y obligaciones de las partes, además, no presentó la evidencia de los trabajos realizados y de que éstos fueron recibidos de conformidad por las autoridades correspondientes con la finalidad de dar certeza en la aplicación de los recursos erogados.
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