El tema que abordaremos en esta entrega es vergonzoso e indignante. Empleados de la Secretaría de Salud de Veracruz nos aportaron información clasificada sobre el triste caso de omisión a deberes legales y negligencia criminal provocando la muerte de nueve pacientes menores de edad por la falta de medicamentos en la Secretaría de Salud de Veracruz y fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado quienes resolvieron indemnizar a los familiares de nueve víctimas ante actos de negligencia por parte de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, quien al enterarse de esto, el gobernador de Veracruz despidió de manera fulminante a Roberto Ramos Alor, hoy candidato de Morena a la diputación federal por el Distrito en Coatzacoalcos. No pierdan cada detalle de esta triste historia de presuntos “honestos”, quienes resultaron ser unos pillos.
Y el relato comienza con una reflexión: “Los empleados del Sector Salud pensábamos que era imposible tener un peor secretario que Juan Antonio Nemi Dib, quien no es Doctor de profesión, hasta que llegó impuesto el Dr. Roberto Ramos Alor y se empezaron a ver una serie de atrocidades cometidas por él y su administrador Jorge Eduardo Sisniega Fernández, nunca antes vistas por los que aquí laboramos. Ellos únicamente se dedicaron a ver el Sector Salud como un negocio personal diciéndonos todo el tiempo que necesitaban dinero para la campaña de candidatos de Morena, lo cual lamentablemente ocasionó que se perdieran muchas vidas, entre ellos, inocentes niños”.
Y estas muertes contabilizando nueve niños, se corroboran en el documento interno con el número de oficio SESVER/DJ/DCA/DDHH/3324/2023, expedido en Xalapa, Veracruz el 19 de junio de 2023, por la Dirección Jurídica y dirigido al director administrativo Jorge Eduardo Sisniega Fernández, quien ha sido protagonista en pasadas entregas de la autora de esta columna, señalado por actos de corrupción y robo a la Secretaría de Salud de Veracruz. En este expediente se integran dos oficios, el primero, se le notifica la Recomendación curiosamente “atrasada” con el número 111/2020, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra del Órgano Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz por el “abasto insuficiente de medicamentos” en el Centro de Cancerología y en el área de Oncología de la División Pediátrica del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.
Con el Asunto: “Erogación de pago a Víctimas, Recomendación 111/2020 CEDHV”, se ordena que el Titular de la Secretaría de Salud y SESVER “pague una compensación a las víctimas, de conformidad con el Artículo 152 de la Ley de Víctimas para el Estado y debe ser cuantificada por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV)”.
Y es que con el Oficio número CEEAIV/06042/2023, con fecha del 23 de mayo de 2023 y fue hace un año exactamente esta acción legal, en la que Christian Carrillo Ríos, Comisionado Ejecutivo Estatal de la CEEAIV remitió nueve proyectos de Dictamen emitidos por el Comité Interdisciplinario Evaluador a su cargo y responsable de cuantificar los montos que deberá pagar SESVER y la Secretaría de Salud por “reparación de daño” a todas y cada una de las víctimas, como padres de estos niños enfermos con cáncer y quienes murieron por negligencia criminal.
En el documento que tenemos en nuestro poder con los nombres de los padres o tutores como representantes de los menores y son a quienes se les pagarán indemnizaciones, mismos, omitiremos sus generales, sólo los citaremos con sus números oficiales: NNA-1 por la cantidad de $539 mil 580 pesos; NNA-2, por la cantidad de $190 mil 625 pesos; NNA-3 por la cantidad de $121 mil 040 pesos; NNA-4 por la cantidad de $3 mil 700 pesos; NNA-6 por la cantidad de $345 mil 250 pesos; NNA-7 por la cantidad de $78 mil 236 pesos; NNA-8 por la cantidad de $525 mil 280 pesos. Otras víctimas sin clave por las cantidades de $22 mil 501 pesos y por $272 mil 200 pesos.
Sobre el monto que suma el pago a víctimas por esta evidente negligencia criminal por parte de funcionarios de SESVER se contabiliza la cantidad de $2 millones 098 mil 412 pesos y los documentos fueron entregados a Jorge Eduardo Sisniega Fernández con copias certificadas por los órganos responsables y este documento lo firma Jorge Luis Reyna Reyes, director jurídico de SS-SESVER, plasmando su rúbrica.
Y los criterios de la CEDHV fueron por los reclamos de los padres de las víctimas y se robustece con notas periodísticas desde febrero de 2019, como lo publicó el Periódico Dictamen, con fecha de 26 de febrero de 2019, con el título “Pacientes con cáncer denuncian desabasto de medicamentos” iniciando el expediente con el número VER/0541/2019 a favor de pacientes de la División de Pediatría o Torre Pediátrica del Hospital de Alta Especialidad en Veracruz, perteneciente a SESVER.
Y desde ahí se fueron registrando las anomalías administrativas por la falta de medicamentos, lo que provocó la muerte de menores de edad. En el expediente emitido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz que está en nuestro poder, los relatos de los padres de las víctimas son indignantes, vergonzosos y sobre todo, preguntarnos cómo pueden dormir estos funcionarios y el propio gobernador de Veracruz, pues gracias a su negligencia y omisión, provocaron las muertes de niñas y niños enfermos con cáncer.
En otro documento interno sobre “Convenio de pago y transacción judicial que celebra el Lic. Rubén Antonio Nicolás Calderón Stepanova, en representación de FINAMED SA de CV y por el otro el director del Jurídico Jorge Luis Reyna Reyes y el director administrativo Jorge Eduardo Sisniega Fernández con el fin de dar cumplimiento a las condenas impuestas y dar terminada la controversia materia del Juicio Ordinario Mercantil en el Juzgado Segundo de Distrito en Veracruz, bajo el expediente del Juicio Ordinario Mercantil 125/2013 para un pago que deberá realizar SESVER por la cantidad de $660 millones 940 mil 974 pesos con 72 centavos y declarando improcedente la acción legal realizada por SESVER en el 2022.
Lo interesante que SESVER y la Secretaría de Salud tuvo que pagar de manera forzosa $330 millones 500 mil pesos en marzo de 2023 para que en el convenio se exenten los intereses moratorios que se acordaron en el acuerdo y el otro pago se generaría el 31 de marzo de este 2024, acordando ambas partes, bajo un documento legal de compromiso con fecha del 18 de noviembre de 2022, plasmando las firmas de Rubén Antonio Nicolás Calderón Stepanova, representante de FINAMED SA de CV, el director jurídico Jorge Luis Reyna Reyes y el director administrativo Jorge Eduardo Sisniega Fernández, con sus rúbricas.
Esto explica por qué no tuvieron los más de $2 millones de pesos para darles la atención a menores enfermos con cáncer, que por ley les correspondía otorgar, pero sí tuvieron $660 millones de pesos para pagarle a la empresa FINAMED, recordando que ni Fidel Herrera Beltrán, ni Javier Duarte de Ochoa quisieron pagar a esta empresa. Se asegura que esta empresa demandó a SESVER porque sabía que era un fraude gestado desde adentro con facturas infladas por Jorge Eduardo Sisniega Fernández.
En un expediente confidencial, cuando el que se ostenta como gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García se enteró de esta situación, no tuvo más remedio que cesar a Roberto Ramos Alor del cargo y tuvo que mantener como administrador a Jorge Eduardo Sisniega Fernández para tratar de corregir todas las anomalías, pero este director administrativo hizo caso omiso y sólo se ha dedicado a seguir saqueando a SESVER en contubernio con Eleazar Guerrero Pérez, flamante primo hermano del gobernador de Veracruz, a quien le solicita las ampliaciones presupuestales para pagar todos los adeudos de administraciones anteriores cobrándoles el 50 por ciento del adeudo de comisión a cambio del pago y han hecho esto por más de mil millones de pesos con este esquema.
Personajes sin escrúpulos ahora se están burlando y dicen que se van a perpetuar en sus cargos en la siguiente administración y es increíble que Roberto Ramos Alor está buscando fuero únicamente para protegerse de todos estos actos de corrupción y las muertes de nueve víctimas menores de edad.
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Mtra. Claudia Guerrero Martínez
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