EL ACOSO sexual en la política es una manifestación de violencia de género y discriminación que busca menoscabar, anular o impedir la participación de las mujeres, reforzando la idea de que esa actividad es un ámbito exclusivamente masculino. Y si bien ha habido avances legales significativos en el País, los casos persisten, reflejando desafíos continuos en la implementación de protocolos y la erradicación de esa conducta deleznable que prevalece a través del tiempo, sean gobiernos rojos, azules y ahora guindas, y es tan patético lo que está sucediendo, que el contralor general del estado, Ramón Santos Navarro reconoce que tienen registro de 67 denuncias formales por acoso sexual dentro de la actual administración estatal, y han sido tan graves los sucesos –producidos entre 2024 y 2025-, que algunos ya tienen carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado ahora encabezada por Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre (aunque el número de casos es superior pero muchas mujeres no denuncian por temor a represalias, tener problemas en sus hogares o por amenazas). Según el funcionario –que seguramente tiene línea para hacer públicos los acontecimientos-, el registro es de 88 quejas y denuncias contra servidores públicos, sin embargo, 67 casos en específico son por acoso y hostigamiento sexual de servidores públicos contra mujeres que laboran en las mismas dependencias, por lo que ya están en proceso de investigación para aplicar la ley en caso de corroborarse los delitos. No es secreto que el acoso sexual comprende actos o comportamientos de connotación sexual no deseados que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las personas. De acuerdo a expertos, en el ámbito político estos actos no solo buscan incomodar a la víctima, sino socavar su autoridad y limitar sus derechos políticos, y a menudo se superpone con la violencia política contra las mujeres en razón de género, que incluye agresiones físicas, psicológicas y sexuales, hostigamiento, difamación y amenazas. El objetivo es castigar a las mujeres por salirse del rol doméstico tradicionalmente asignado, y evitar que tomen decisiones en la vida pública.
EN ESE contexto, México ha experimentado una transformación legal impulsada por la presión social y los colectivos feministas, de tal suerte que muchas entidades mexicanas han tipificado el acoso y hostigamiento sexual en sus códigos penales, previendo penas de hasta 5 años de prisión a los irresponsables. Esto permite que las víctimas accedan a la justicia penal, a diferencia de cuando se consideraba una falta cívica. De esa manera, existe, incluso, un conjunto de reformas que reconoce y sanciona la violencia digital, incluyendo la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, un problema que también afecta a las mujeres en la política, por lo que, si el agresor es un servidor público y utiliza su cargo o los medios que este le proporciona para cometer acoso u hostigamiento sexual, puede ser destituido e inhabilitado de su cargo además de enfrentar penas de prisión.
RECIENTEMENTE LA diputada local Indira Rosales San Román se pronunció porque el Congreso de Veracruz lleve a cabo una investigación independiente, ante los constantes señalamientos de acoso sexual y condicionamiento laboral que involucran a trabajadores del Poder Legislativo que coordina Esteban Bautista Hernández, quienes han puesto precio a las contrataciones femeninas, la mayoría de mujeres guapas y de buen ver a las que les dan trabajo a cambio de que asistan a fiestas o convivios de legisladores u otros funcionarios con los que deben ser amables e interactuar, un hecho que trascendió vergonzosamente, donde los excesos están a la orden del día. Ante ello, Rosales San Román puso los puntos sobre las íes, dejando en claro que el Congreso requiere personal con perfil especializado, y no solo chicas guapas a las que vulneran sus derechos como mujeres.
EL PROPIO presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista Hernández, reconoce que, en efecto, existe un problema de acoso y abuso sexual dentro del Poder Legislativo, y en descargo asume que se han ordenado algunos despidos e iniciado procesos judiciales que están en curso ante la Fiscalía General del Estado (parados, por cierto, ya que se trata de legisladores poderosos). Y es que como bien dice la diputada Rosales, no debe permitirse ningún tipo de violencia contra las trabajadoras ni el uso del cargo o de la institución para ejercer presión, condicionar empleos o cometer abusos. Por eso insiste una y otra vez en que se investigue con seriedad, sin simulaciones ni protección a los denunciados, esto luego de que algunas jóvenes se armaron de valor y denunciaron a un empleado del Congreso como el responsable de reclutar mujeres con ofrecimientos laborales para, posteriormente, llevarlas a deslumbrantes fiestas donde participan políticos y empresarios y dónde se habla de todo menos de trabajo.
AHORA BIEN, en Veracruz existen leyes y protocolos contra el acoso y abuso sexual, destacando la Ley Número 235 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que define y sanciona el acoso sexual, y la Número 303 contra el Acoso Escolar, con sanciones específicas para entornos educativos, además de protocolos de "Cero Tolerancia" en la administración pública y protección de niños, niñas y adolescentes, todo bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. La Ley Número 235 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define el acoso sexual como cualquier molestia de connotación sexual, aprovechando una posición jerárquica (laboral, escolar, etc.). Establece marcos para la prevención, atención y sanción de la violencia de género, incluyendo la política y la violencia vicaria. Existe, también, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (551) que busca la igualdad sustantiva y establece acciones afirmativas y de promoción. Hay, paralelamente, protocolos y políticas específicas que implican Cero Tolerancia en la Administración Pública, los cuales prohíben el hostigamiento y acoso sexual en dependencias estatales, permitiendo denuncias ante los Órganos Internos de Control, pero rara vez se aplican, por lo que muchos casos quedan impunes debido a que el agresor es una persona pudiente o de alto rango al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, y los casos de abusadores abundan, incluso entre Senadores y diputados, por lo que la Gobernadora, que es mujer, debería dar un manotazo en la mesa para acabar con esos depredadores de mujeres cuyo único delito es querer trabajar para llevar el sustento a sus hogares, pero no condicionado a las bajas pasiones de ciertos funcionarios. Así las cosas…
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DOS NOMBRES cobran fuerza para dirigir al Comité Directivo Estatal del PRI allá por el mes de Enero o Febrero en caso de hacerse efectiva la renuncia de Adolfo Ramírez Arana, quien ya no convence ni al mismísimo Alejandro Moreno Cárdenas que, paralelamente, tampoco seduce a seguidores del ex partidazo. Se trata de Silvio Lagos Galindo, por una parte, y Ponciano Vázquez Lendechi, por el otro, ambos ligados al grupo que encabeza José Francisco Yunes Zorrilla en el Estado que, a decir verdad, es el mayoritario en lo concerniente a ese instituto. Como fuera, El Fofo sigue al frente del PRI Estatal, y hasta el momento no se ha hecho oficial su dimisión o cese, aunque, sobra decirlo, se están tardando. OPINA carjesus30@hotmail.com
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