AUNQUE ES muy pronto para emitir juicios que permitan calificar lo que será el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en materia de seguridad, lo cierto es que dos brutales asesinatos de alcaldes en funciones, el primero inherente a Alejandro Arcos Catalán, de 43 años, quien 6 días antes había asumido el cargo de Presidente Municipal de Chilpancingo abanderado por la alianza PRI, PAN y PRD, la segunda ciudad más importante del estado de Guerrero, siendo encontrada su cabeza sobre el toldo de su auto y el cuerpo dentro de este. Semanas antes, dos de sus asesores también fueron asesinados, lo que se interpreta como una “amenaza” contra quien quiera luchar contra el crimen organizado. El otro caso corresponde a Román Ruiz Bohórquez, presidente municipal de Candelaria Loxicha, en el Estado de Oaxaca ocurrido el martes, marcando el segundo ataque mortal contra un munícipe en el sur del país en menos de diez días. El alcalde habría sido atacado por individuos desconocidos con arma blanca en su hogar durante la noche. Román Ruíz, quien fue electo por la organización Planilla Blanca, se desempeñaba también como profesor en la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO), que ha emitido un comunicado condenando su asesinato. En el mensaje, la UACO externó su solidaridad con la familia de Ruíz y la comunidad, resaltando su compromiso por una vida digna y la orientación que brindó a sus estudiantes. Los crímenes, sin duda, reflejan una alarmante continuidad de la violencia política en México, que no ha cesado desde las elecciones del 2 de junio, consideradas las más sangrientas en la historia reciente del país. Y aunque se reportaron más de 30 asesinatos de aspirantes a cargos públicos, el Gobierno mexicano ha reconocido oficialmente la muerte de solo 12 candidatos, aun cuando las comunidades y organismos de derechos humanos continúan demandando respuestas y acciones efectivas por parte de las autoridades para enfrentar la crisis de seguridad que afecta a los líderes locales, y se investigue a fondo los 30 asesinatos registrados hasta el momento.
CIERTAMENTE, OMAR García Harfuch hizo un buen trabajo al frente de la Secretaria de Seguridad de la ciudad de México, pero no hay que comparar la capital del País con toda la Nación integrada por 32 Estados, y tampoco es igual combatir a grupos delincuenciales como la Unión Tepito y otros que pululan en la CdMex, que enfrentar a los más de 80 grupos del crimen organizado y alrededor de 16 bandas criminales esparcidas en el territorio nacional, y menos sin tener una organización policial bajo su mando. Un reciente estudio ha definido a México como el país de los cárteles, de tal suerte que el 40 por ciento de los estados del país tienen todo su territorio dividido entre uno o varios grupos del crimen organizado. El análisis hecho a más de 50 documentos de inteligencia militar extraídos del hackeo que realizó el grupo Guacamaya, refiere que de los 2 mil 471 municipios que hay en México, en 1 mil 198 se enlista, por lo menos, el nombre de un cártel, banda criminal o célula delictiva, y si consideramos los kilómetros cuadrados que ocupan cada una de esas regiones, los datos revelan que en el 75 por ciento del territorio mexicano se tiene registrada la presencia de algún grupo delictivo. Paralelamente se encontraron casi una decena de alianzas, ya sea entre cárteles o con bandas delictivas de la zona repartidas en más de 54 municipios del país. Evitaremos mencionar nombres de cárteles o grupos delictivos para no hacer apología del crimen.
PARA GARCIA Harfuch el tema no es fácil, ya que, si bien es el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en realidad no dirige ninguna corporación policial, y difícilmente le hará caso el gabinete de seguridad –como ocurrió con Rosa Icela Rodríguez Velázquez-, pese a presentar estudios para capturar a los principales líderes delincuenciales del País. Y es que, si no hay control de los cuerpos policiacos, difícilmente podrá operar, ya que documentos de inteligencia señalan a 40 grupos, células o bandas delictivas que sin necesidad de tener ninguna alianza lograron tener presencia, y ser los únicos en más de 700 municipios del país. Es indiscutible que el gobierno federal tiene identificado los factores claves del alza en la violencia en diferentes zonas del país, pero, sin embargo, por alguna extraña razón no actúan.
QUIZA POR ello no es de extrañar que la primera semana de Sheinbaum en el poder haya terminado con 566 homicidios, según el Informe de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que establece que el promedio diario de homicidios dolosos la primera semana de Octubre fue de 80.8. Y las cosas no mejoraron en los días subsecuentes, de tal manera que en los primeros 13 días del actual sexenio se han registrado 1 mil 034 homicidios dolosos en el país, 21.5 por ciento más que en el mismo periodo del octubre pasado, insistimos, de acuerdo con datos de la SSPC. Tan solo el fin de semana, del viernes 11 al domingo 13, hubo 256 asesinatos: 75 el viernes, 91 el sábado y 90 el domingo. El desglose por día de lo que va de la actual administración es el siguiente: el 1 de octubre, día que tomó protesta Sheinbaum hubo 80 asesinatos; un día después, el 2, hubo 85; para el 3 de octubre la cifra subió a 97 y el 4 bajó a 63. Luego, el 5 se registraron 75 homicidios; el 6 fueron 88; el 7 hubo 78; el día 8 hubo 72; el 9 subió a 78 y el jueves 10 bajaron a 62. La presidenta Sheinbaum está rebasando incluso las cifras de López Obrador, ya que los 1 mil 34 casos registrados en los primeros 13 días de sexenio representan un incremento de 21.5 por ciento con relación a los primeros 13 días de octubre pasado, en el gobierno de López Obrador, cuando se registraron 858 crímenes.
COMO FUERA, con Sheinbaum se ha conocido públicamente el asesinato de seis migrantes en Chiapas por parte del Ejército; un supuesto enfrentamiento entre marinos y policías estatales de Colima que dejó seis muertos, y el asesinato de una niña, un joven y una enfermera en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Destaca el caso de Sinaloa, donde la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y la entrega de Joaquín Guzmán López, hijo del “Chapo” a autoridades de Estados Unidos, desató una ola de violencia que, del 9 de septiembre al 9 de octubre, ha dejado 192 muertos, y el miércoles en Veracruz –a la ola criminal que ha cegado la vida de al menos 6 personas diariamente- se sumó la de un ex jefe policiaca en Cosamaloapan, a los ojos de su menos hija al interior del automóvil que conducía. Insistimos: es temprano para calificar la política de seguridad de Sheinbaum, pero los hechos hablan por si solos.
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ALGO URGENTE tendrá que hacer la Gobernadora electa, Roció Nahle García para recuperar la viabilidad de las maltrechas carreteras que Cuitláhuac García Jiménez olvidó, hasta terminar en verdaderos caminos de terracería que han provocado infinidad de accidentes viales, en algunos casos, con resultados funestos. Sin vías de comunicación adecuadas las inversiones se detienen y los costos de los alimentos que produce el campo se disparan. Quizá por ello, entre las primeras acciones de Nahle deben estar las principales rúas de la Entidad, exigiendo, incluso, a Capufe que cumpla con su obligación o llegará el momento en que los usuarios dejen de pagar peaje. OPINA carjesus30@hotmail.com
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