EN EL mundo al revés del Presidente Andrés Manuel López Obrador o, más bien, en la tramoya de las vendettas palaciegas (aunque su fuerte no sea la venganza), el Congreso de la Unión se apresta a Reformar el Poder Judicial de la Federación bajo el argumento de que no procura justicia pronta y expedita a la sociedad, pero olvida un detalle que es la médula de todo el entramaje: modernizar a fondo las Fiscalías General de la Repúblicas y la de los 32 Estados, que es donde se generan las carpetas de investigación, instancias donde prevalece el “cochupo” bajo el agua, las extorsiones autorizadas, el moche y la corrupción absoluta, de tal suerte que si hay dinero, una carpeta puede ser mal armada y al juez de la causa no le quede de otra sino regresarla o, en el peor de los casos, dejar en libertad a un presunto asesino, feminicida, secuestrador, extorsionador, asaltante, huachicolero o raterillo de barriada. Son tantas cosas las que se mueven en las fiscalías o ministerios públicos, que ahí se encuentra el verdadero conflicto u obstáculo para acceder a la justicia, y eso lo saben quiénes acuden a las barandillas a interponer una denuncia por violación, robo de autos, amenazas y todo el rosario de delitos que les compete atender, de tal suerte que hay expedientes que no avanzan si no hay dinero, llenando casilleros hasta convertirse en archivos muertos. Dice la Constitución que la Fiscalía General de la República (FGR) es un órgano constitucional autónomo (algo que no es cierto, ya que la Federal rinde cuenta en los hechos al Presidente en turno y las Estatales a los Gobernadores en funciones, pues cada Gobernador que llega al poder remueve al fiscal en funciones así les falten cinco o siete años para cumplir su periodo). Tiene como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general. Sin embargo, las Fiscalías y los ministerios públicos son, en realidad, el brazo armado de los gobiernos en turno, prestándose a la persecución política como ha ocurrido en Veracruz, y si no que lo digan Rogelio Franco Castán, Tito Delfín Cano, José Manuel del Río Virgen, Viridiana Bretón Feito y los cafetaleros detenidos con ella, además de Pasiano Rueda Canseco, actual alcalde de Jesús Carranza, todos detenidos, procesados y liberados, finalmente, cuando los expedientes que les armaron por instrucciones del poder cayeron por su propio peso.
LAS CIFRAS no mienten: en México difícilmente las denuncias de delitos terminan en actos de justicia. O lo que es lo mismo, campea la impunidad. Es muy frecuente que la Fiscalía General de la República (FGR) o las Fiscalías de los Estados abran carpetas de investigación a partir de las denuncias que recibe, pero los expedientes no suelen pasar exitosamente la prueba judicial. En ese sentido, la organización México Evalúa ha documentado un persistente cuello de botella en el sistema de justicia penal, pues de acuerdo a un estudio, de los 2,2 millones de carpetas de investigación abiertas en 2022, solo en 96 mil 500 casos (el 4,3 por ciento del total) la FGR logró que un juez dictara la vinculación a proceso de los acusados. La cifra es prácticamente igual a la del año anterior, señala el análisis, indicador que muestra la eficacia de los fiscales en la labor de convencer al juez de que los indicios y evidencias que recabaron para sustentar una acusación son legales y consistentes. Si el juzgador da crédito y considera que hay elementos para presumir que el delito se cometió y que la persona acusada puede ser responsable, autoriza que el proceso continúe en la etapa judicial. Esa es la vinculación.
POR ELLO, que el asunto llegue a una sentencia -condenatoria o no- es cosa posterior, pero, de entrada, la vinculación a proceso es un examen en el que se pone a prueba la robustez y limpieza de las investigaciones a cargo de las fiscalías. En ese sentido, que menos del 5 por ciento de los expedientes pasen esa etapa es muestra de un fallo grave en la procuración de justicia, de acuerdo con México Evalúa. El informe de la ONG también muestra que hay un enorme rezago de la FGR en la integración de las carpetas o francamente una renuncia a su facultad de indagar. El periodo del análisis abarca la gestión de Alejandro Gertz al frente de la institución de procuración de justicia. Al cierre de 2022, del total de expedientes abiertos, 1,1 millones seguían en etapa de investigación (el 52,3 por ciento). En otros 967 mil casos (el 43 por ciento), la Fiscalía tomó la decisión de no seguir investigando, ya sea porque envió las carpetas al archivo temporal, o decidió no ejercer la acción penal, o se abstuvo, o se declaró incompetente, o decidió acumular a otros expedientes, entre otras figuras previstas en la ley y que respaldan la inacción de la FGR, “sin tener claridad sobre si se justificaban esas determinaciones”, indica el estudio.
POR ELLO, A la próxima titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, no le falta razón cuando advierte que tras la reforma al Poder Judicial, será necesario reforzar a las fiscalías, las policías y otros elementos del sistema de procuración de justicia, que son donde inician los procesos. Sabedora de lo que dice, ya que fue Fiscal de la Ciudad de México, refiere que tras la reforma al Poder Judicial se debe continuar con el reforzamiento del trabajo de las fiscalías, porque es algo que sigue: todo el tema de procuración de justicia, de policías, para que realmente haya un acceso a la justicia. Ernestina recuerda que en la Ciudad de México ensayaron el modelo de estar muy cerca de la gente. “Todos los viernes yo salía a las plazas públicas a atender directamente a la gente, y atendía a todas las víctimas, a todas las colectivas. Esa es una manera de estar cerca y de escuchar los problemas”.
Y ES que el trabajo de la policía, de fiscalías, los tribunales y el sistema penitenciario, es un tema que cruza el acceso a la justicia, por lo que admite que en este ámbito “nos falta, tenemos muchos nichos de oportunidad, como el fortalecimiento de las fiscalías, hay que evaluar al sistema también, y vaya que no le falta razón. Si no se sanean las fiscalías o ministerios públicos que es donde inician las denuncias, y las carpetas de investigación siguen siendo débiles o mal sustentas, los jueces tendrán que emitir un fallo en torno a ello a partir de las indagatorias que, se supone, están debidamente integrada, aunque en la mayoría de los casos no es así, culpándose a los juzgadores de no impartir justicia, cuando difícilmente podría hacerse con carpetas mal sustentadas. En fin, en este mundo al revés de AMLO, se impulsa una reforma al Poder Judicial, más por venganza y menos por una necesidad urgente de brindar justicia a los Gobernados, y se soslaya a las Fiscalías o ministerios públicos que es, realmente, donde se incuban los rezagos por la polución que ahí existe. Así las cosas…OPINA carjesus30@hotmail.com
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