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XALAPA.- Sin quitar el dedo del renglón, el Dr. Rafael Vela Martínez, investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana, y aspirante a la rectoría, promovió un Juicio de Protección de Derechos Humanos contra la Junta de Gobierno de la UV y el Rector Martín Aguilar Sánchez por la “prórroga indebida del cargo de rector”. El recurso fue presentado el 26 de mayo de 2026 ante la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Veracruz, según consta en el sello de recibido a las 13:00 horas. En el escrito, Vela Martínez señala como autoridades responsables: 1. A la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana. 2. Al Doctor Martín Aguilar Sánchez, en su carácter de Rector, con domicilio en el Edificio “A” de Rectoría, Lomas del Estadio S/N, Zona Universitaria, Xalapa. El académico reclama: “La prórroga indebida del cargo de rector a favor del Doctor Martín Aguilar Sánchez, aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, sin competencia legal, sin convocatoria y sin seguir el procedimiento establecido en la legislación universitaria”. El demandante acusa cuatro omisiones de la Junta de Gobierno: 1. No publicar la convocatoria para conocimiento de académicos que aspiraran a ocupar el cargo de rector. 2.No establecer procedimientos para conocer la opinión de los universitarios. 3. No proporcionar espacios para que los aspirantes expongan ante la comunidad sus reflexiones y acciones sobre el desarrollo de la universidad. 4. No publicar, dos meses antes, la convocatoria de consulta. “Omisiones que se traducen en la inexistencia de las prescripciones que señala la legislación universitaria para la elección del cargo de rector”, argumenta el escrito. Vela Martínez señaló que acredita su interés por su calidad de integrante de la comunidad universitaria, al ser investigador adscrito al IIESES “con una antigüedad de más de 3 lustros en esa misma institución, por espacio de más de dos décadas”, lo que lo convierte en titular de un interés legítimo colectivo.
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