El sábado 7 se entregó Inácio Lula da Silva, expresidente de la República de Brasil a la justicia federal, para cumplimentar una orden de detención y purgar una condena de hasta 12 años de prisión.
El aun candidato del Partido del Trabajo a la primera magistratura de esa nación era considerado por la opinión pública local y extranjera como el mejor posicionado para ganar las elecciones de octubre próximo. Sin embargo, la resolución del Supremo Tribunal Federal de Brasil que ordena la privación de su libertad, le niega esa posibilidad, lo que se considera como un golpe severo contra las fuerzas del campo democrático y progresista, en su eterna lucha contra el conservadurismo brasileño.
Pero el fondo de este tema es preguntarnos porque allá si puede la justicia procesar y encarcelar a expresidentes y en nuestra patria NO, dado que por el delito que privan de su libertad a Luis Inácio y le niegan su derecho a postularse de nueva cuenta a la presidencia de la república, es infinitamente ridículo en comparación a los que han cometido cientos y cientos de funcionarios de los tres niveles de gobierno en México, que durante su mandato han acumulado fortunas insultantes no solo los presidente municipales, diputados, senadores, gobernadores, o Presidente de la República, sino también miembros del Poder Judicial que han hecho de la corrupción su modus operandi.
Lula está en la cárcel acusado de recibir sobornos de la constructora OAS, quien a cambio de recibir contratos millonarios le obsequió un departamento de 215 metros cuadrados en el litoral del Estado de San Pablo, que si lo comparamos con las fortunas hechas durante su mandato por Javier Duarte de Ochoa, o el exgobernador de Chihuahua, el de Quintana Roo, o las acumuladas por los líderes sindicales magisteriales, ferrocarrileros, o la del senador priísta Carlos Romero Deshamps, es de risa no solo la acusación, sino la detención, inclusive.
Imaginemos ese departamento de 215 metros cuadrados. Pongámosle todo el lujo que queramos y comparémoslo con la casa blanca de Enrique Peña Nieto, o los ranchos del exgobernador de Sonora, o las cuentas bancarias de Carlos Salinas de Gortarí, o los bienes muebles o inmuebles adquiridos por sus hijastros durante el mandoto de Vicente Fox, o de expresidentes municipales para no ir tan lejos, y resulta de risa semejante acusación-consignación y encarcelamiento.
Cuestión de cultura dirían algunos, de falta de aplicación de la ley, otros. De corrupción en los 3 niveles de gobierno la mayoría, pero lo cierto es que la impunidad en México sentó sus reales y es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, a que se castigue ejemplarmente a todos y todas aquellas políticos que roban los dineros del pueblo, que los desvían para otros fines distintos para los que fueron etiquetados y/o, que entregan obra pública cambio de jugosos “diezmos”.
¿Hasta cuándo México será igual que aquellas naciones donde el funcionario vale igual que cualquier ciudadano? ¿Cualquiera de los tres candidatos que buscan la presidencia de la república (porque Margarita solo es una caricatura en este proceso electoral), se atreverá realmente a combatir en la realidad, y no solo en el discurso, la corrupción y la impunidad en todos sus niveles? |
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