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XALAPA.- Con base en datos de Delia González Cobos, titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), más de 2 mil 300 millones de pesos han sido recuperados en los últimos años como parte de los procesos de fiscalización por daño patrimonial, mientras que diversos expedientes podrían avanzar hacia su judicialización en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Refirió que actualmente existe trabajo conjunto con dicha instancia, a fin de fortalecer los casos que requieren mayor sustento para proceder legalmente. “Hemos estado coordinándonos con la Fiscalía Anticorrupción porque hay expedientes que requieren de información más concreta para que ellos puedan judicializar”, aseguró. La titular del Orfis aseguró que aunque ya se han tenido avances en algunos casos, la información se maneja con sigilo, por lo que será hasta que se ejecuten acciones legales cuando se conozcan detalles. “Es un trabajo que se hace con mucha discreción, con mucha reserva; conoceremos más cuando se ejerciten órdenes de aprehensión”, señaló. En cuanto a los montos observados, refirió que durante 2023 el daño patrimonial detectado ascendió a aproximadamente a 2 mil 700 millones de pesos, mientras que en 2024 la cifra ronda los 2 mil 300 millones. Explicó que tras la aprobación de los informes por parte del Congreso, se abre un periodo de investigación en el que exfuncionarios tienen la oportunidad de solventar observaciones o aclarar el uso de recursos. En muchos casos, aseguró, esto deriva en la recuperación directa del dinero o en la conclusión de obras que habían quedado inconclusas. La titular del Orfis destacó que el inicio de auditorías genera un efecto inmediato en las administraciones observadas, ya que muchos exservidores públicos optan por reintegrar recursos o subsanar irregularidades. “Cuando iniciamos una auditoría es cuando muchos se ponen en orden; hay quienes reintegran el recurso que no se utilizó o que no se comprobó”, sostuvo. Afirmó que durante estos procesos también se logran recuperaciones parciales, que pueden ir desde decenas hasta cientos de millones de pesos, dependiendo de cada caso. Sobre el trabajo con la Auditoría Superior de la Federación, indicó que existe coordinación para dar seguimiento a observaciones, especialmente cuando falta documentación comprobatoria. De igual forma, adelantó que con la llegada de un nuevo auditor superior se prevé reforzar la colaboración institucional, incluso con reuniones próximas entre auditores a nivel nacional. Por último, González Cobos hizo un llamado a fortalecer la vigilancia en el ejercicio de los recursos públicos, al señalar que estos procesos tienen un impacto social al permitir la recuperación de dinero o la conclusión de obras en beneficio de la población.
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