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| Carencia de medicamentos, rechazo del servicio y grupos conservadores limitan acceso al aborto en estados con despenalización. | ||||||
| La investigación del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) encontró que pese a la creación de lineamientos y la ampliación de las legislaciones en la materia, el acceso efectivo a los servicios de interrupción del embarazo continúa siendo limitado. | ||||||
| Lunes 29 de Septiembre de 2025 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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La investigación ‘De la despenalización al acceso. Contraloría social para el diagnóstico del aborto legal en ocho estados de México’, elaborada por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), encontró que pese a la creación de lineamientos y la ampliación de las legislaciones en la materia, las desigualdades sociales, la fragmentación de los sistemas de salud y las resistencias culturales y normativas continúan limitando el acceso efectivo a los servicios de interrupción del embarazo. La organización estudió el caso de la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Veracruz para conocer la situación actual del acceso al aborto, con datos oficiales y entrevistas al personal de salud y acompañantes, lo que permitió documentar que aun con las limitantes hay una tendencia general al alza en los servicios prestados. La tasa de servicios de aborto por cada 100 mil mujeres en edad reproductiva presentó variaciones significativas en el periodo de 2020 a 2024, siendo la Ciudad de México la entidad con la tasa más alta. Guerrero y Nayarit tuvieron un crecimiento sostenido durante el periodo, mientras que Michoacán y Puebla se mantuvieron relativamente estables, con leves incrementos. En el caso de Quintana Roo, el ILSB documentó un comportamiento irregular, con un desplome atípico en 2023 seguido de un repunte en 2024. En contraste, el Estado de México y Veracruz conservaron tasas más bajas y estables en comparación con el resto. Entre la promesa institucional de cero rechazos y la negación del servicio de aborto Uno de los principales hallazgos de la investigación es la disparidad entre la perspectiva institucional –que describe los servicios como accesibles, gratuitos y con una política de cero rechazos– y la experiencia de las usuarias, pues las acompañantes señalan barreras persistentes como la desinformación, procesos poco claros, estigmas y obstáculos geográficos. Aun cuando el discurso institucional del personal de salud señala que el servicio no se niega de forma explícita, se da de forma indirecta con la falta de personal capacitado o insumos médicos (como se documentó en el caso de Guerrero, Estado de México y Veracruz), interpretaciones restrictivas o confusas de la normativa (Quintana Roo), burocracia que desincentiva a las usuarias (Nayarit), o con requisitos excesivos (Ciudad de México). En Puebla, además, se reportaron acciones de grupos antiderechos que desinforman a las personas usuarias frente a las clínicas, lo que genera en ellas la percepción de que se les ha negado el servicio. Otros estados, como Michoacán, Veracruz y Estado de México, cuentan con atención que está sujeta a la disponibilidad de personal médico no objetor de conciencia, lo que limita el servicio a horarios restringidos o que haya una sola persona responsable. El ILSB también expuso que en la mayoría de los estados, como Ciudad de México, Puebla, Veracruz y el Estado de México, se mencionó que las unidades que ofrecen servicios de aborto seguro se ubican principalmente en capitales o municipios grandes, algo que responde a una lógica de mayor demanda, pero genera barreras para quienes viven en zonas rurales o alejadas. A ello se suma el hecho de que, pese a que hay entidades donde la atención puede extenderse más allá de las 12 semanas para las causales de violación, riesgo a la salud, malformaciones graves, peligro de muerte, imprudencial, personas entrevistadas en Ciudad de México, Michoacán y Veracruz mencionaron que se les negó el servicio aun cuando dijeron que los embarazos fueron producto de violaciones. Discriminación, costos e información limitada obstaculizan acceso al servicio De acuerdo con la investigación, en todos los casos el personal de salud aseguró que el servicio se ofrece sin discriminación y con presencia de personal sensibilizado, sin embargo, se identificaron prácticas discriminatorias naturalizadas o invisibilizadas, principalmente hacia adolescentes, personas indígenas o poblaciones de la diversidad sexogenérica. En estados con una proporción significativa de población indígena (Quintana Roo y Guerrero) hay una barrera discriminatoria por falta de intérpretes y materiales en lenguas originarias, braille o Lengua de Señas Mexicana. Asimismo, hay entidades donde se presentaron comentarios culpabilizantes o juicios morales por parte del personal hacia las usuarias por su edad, sobre todo con adolescentes (Guerrero, Estado de México y Ciudad de México). En cuanto a la accesibilidad económica, se expuso que en todos los estados el servicio es gratuito, pero los testimonios confirman que el tipo de derechohabiencia puede constituir una limitante. Por ejemplo, en la Ciudad de México, hubo casos en los que derechohabientes del IMSS o el ISSSTE acudieron a un hospital público de otra institución, por lo que se les solicitaron pagos similares a los de espacios particulares. Los costos, además, deben considerar los traslados –especialmente en los lugares donde los hospitales se concentran en zonas urbanas–, los medicamentos o insumos que deben cubrir en casos de desabasto y los estudios previos o complementarios que no siempre son realizados por las unidades de salud. En términos de insumos y medicamentos, se encontró un desabasto recurrente de mifepristona y misoprostol, aunque ambos forman parte del cuadro básico por “deficiencias logísticas y retrasos derivado de la transición hacia IMSS-Bienestar”, así como falta de equipos de ultrasonidos que retrasan los estudios u obligan a las usuarias a costearlos por fuera. Anticoncepción no consensuada y falta de atención a la violencia sexual Debido a que persisten los estigmas hacia quienes solicitan servicios de aborto, se pueden generar intervenciones no consensuadas, como la colocación de anticonceptivos sin consentimiento informado, como se reportó en Guerrero. Acerca de la violencia sexual, el Estado de México, Puebla, Veracruz y Guerrero señalaron la existencia de protocolos para la atención de infancias y adolescencias, pero su implementación “suele ser lenta, incompleta o incluso omitida”, por lo que en algunos casos las menores llevan a término el embarazo. El personal de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Nayarit mencionó que, una vez identificada la violencia, se notifica al Ministerio Público o Procuraduría de protección de Niñas, Niños y Adolescentes por protocolo. En Veracruz, la ruta de atención a violencia también se activa durante las consultas prenatales. En todos los estados se reconoció la importancia de continuar con la capacitación. La mayoría de las entidades (Ciudad de México, Nayarit, Puebla, Estado de México y Veracruz) reportan entre dos y cinco capacitaciones anuales, algunas de ellas en coordinación con organizaciones como Ipas, DKT, Mexfam o Marie Stopes, así como con autoridades federales. También se enfatizó la necesidad de incluir en estas capacitaciones al personal médico, de trabajo social, psicología y enfermería. Recomendaciones para garantizar acceso al aborto Entre las recomendaciones para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo en los estados donde se ha despenalizado, la organización incluyó la eliminación del delito de aborto de los códigos penales y armonizar la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia, además de asegurar que todas las instituciones públicas brinden atención a quienes solicitan el servicio. Otras medidas que se solicitan son el garantizar el presupuesto suficiente para la atención a la salud reproductiva y servicios de aborto seguro, incrementar el número de profesionales capacitados y que exista el abasto y la distribución oportuna de medicamentos e insumos necesarios para la interrupción del embarazo y la atención postaborto. Sobre accesibilidad, que se adecúe la infraestructura, así como los materiales adaptados para personas con discapacidad, además de que se incremente la difusión de los servicios de aborto seguro con formatos accesibles en la televisión, radio, sitios web, redes sociales, módulos de información, materiales impresos y en diferentes lenguas. Por: Eréndira Aquino |
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