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Xalapa, Ver.- Veracruz está catalogado como uno de los ocho estados con altos niveles de riesgo de violencia político-criminal en las elecciones judiciales, según un informe de México Evalúa. Advierte que, de cara a la primera elección del Poder Judicial federal, el crimen organizado buscará capturar estos espacios. Las entidades con riesgo muy alto y alto son Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colima. El informe revela que en el estado hay una amplia pluralidad de organizaciones criminales en pugna por el control de puertos y plazas para la recepción de drogas y ejercer el narcomenudeo. De acuerdo con el informe, en la entidad se tiene registrada la presencia de al menos siete grupos de la delincuencia organizada. Además, se han registrado casos de grandes envíos de droga, como la metanfetamina hacia Europa y África. También señala que los municipios con registros de violencia homicida asociada al crimen organizada incluyen Poza Rica, Veracruz, Coatzacoalcos, Xalapa, Córdova, Papantla, Martínez de la Torre, Acayucan, Álamo, Minatitlán, Tihuatlán, Fortín de las Flores y Tuxpan. México Evalúa indica que los mercados ilícitos en disputa son la extorsión, el narcomenudeo, el robo a transportista y tráfico de personas en sus dos modalidades, tráfico de migrantes, trata de mujeres, tráfico de armas y robo de hidrocarburos. Advierte que las elecciones de 2024 fueron las más violentas de la historia reciente, con más de 550 víctimas registradas y que con un proceso en desarrollo las elecciones del Poder Judicial podrían convertirse en un nuevo episodio de violencia e impunidad. Y que en México los procesos electorales se han convertido en un medio para que poderes fácticos (políticos, económicos o sociales, incluido el crimen organizado) impongan sus intereses, a través de la imposición de candidatos, la financiación ilícita de campañas, la movilización del voto o la intervención en casillas. Señala que la violencia político-criminal se convirtió en el mecanismo más frecuente, principalmente en el ámbito local. Frente a dicha situación, la incidencia de violencia político-criminal en las elecciones del Poder Judicial de 2025 es altamente probable. Hay que recordar que el domingo 30 de marzo iniciarán las campañas, que concluirán el 28 de mayo, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad de quienes contenderán. Ante ello, señala que a nivel especial las regiones con mayor riesgo son las que deben recibir protección de manera prioritaria; que las candidatos que puedan interferir con mayor frecuencia en los intereses del crimen organizado son las que deben recibir protección de manera prioritaria. Es decir, las que pueden entorpecer la explotación ilegal y violenta de las economías locales. Agrega: “Los jueces penales de primera instancia estatal son particularmente vulnerables, por lo que la protección debe estar a cargo de corporaciones policiales con el menor grado de captura por parte del crimen organizado, como la Guardia Nacional”.
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