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| Corte batea a Google: ministros avalan plazos de investigaciones antimonopolio en su contra, pero rechazan argumentos que limitaban a jueces. | ||||||
| El gigante tecnológico Google promovió un amparo tras ser investigado por posibles prácticas monopólicas en el "mercado de desarrollo, distribución y procesamiento de pagos de aplicaciones móviles y contenido digital". | ||||||
| Martes 16 de Junio de 2026 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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No obstante, la resolución estuvo marcada por un fuerte debate técnico, ya que la mayoría de los ministros solicitó expresamente eliminar o modificar una amplia sección del proyecto original —comprendida entre los párrafos 62 y 88— que limitaba el papel de los jueces frente a las autoridades reguladoras. Google contra la Comisión Antimonopolio La resolución definitiva deriva del amparo en revisión 135/2026, promovido por el gigante tecnológico Google tras ser investigado por posibles prácticas monopólicas “en el mercado de desarrollo, distribución y procesamiento de pagos de aplicaciones móviles y contenido digital”. Durante el procedimiento, la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) le impuso a la tecnológica una multa económica por cada día de retraso en la entrega de datos. Ante esto, Google impugnó el artículo 73, párrafo segundo, de la Ley Federal de Competencia Económica, que fija un plazo de 10 días, prorrogable por otros 10, para entregar información. En su demanda, la empresa alegó que dicho límite temporal era desproporcionado al aplicarse “con independencia de la naturaleza, volumen o complejidad de la información requerida”. Pese a los reclamos de la empresa, los ministros votaron de forma unánime que la ley es constitucional y determinaron que la existencia de este límite de tiempo es una herramienta necesaria para investigar monopolios, concluyendo que “sin un plazo cierto, el procedimiento se torna inviable”. El choque por el papel de los jueces Aunque hubo acuerdo total en negar el amparo a la empresa Google, la mayoría de los ministros se apartó de las justificaciones presentadas por el ministro ponente, Irving Espinosa Betanzo, exigiendo la eliminación o modificación de los párrafos 62 a 88 y anunciando la formulación de votos concurrentes (lo que significa que se está de acuerdo con el sentido de la sentencia, pero no con los argumentos para llegar a ella). Los párrafos controvertidos que la mayoría pidió suprimir o alterar establecían una doctrina llamada “estado regulador”, que buscaba establecer una regla general sobre el papel de los jueces frente a las autoridades reguladoras. En dicha sección, el proyecto original argumentaba que los jueces constitucionales debían respetar las decisiones de los órganos técnicos especializados y no sustituirlos. Además, los párrafos que causaron el rechazo de la mayoría hacían referencia directa a la reforma judicial publicada en septiembre de 2025. El texto original señalaba expresamente que, aunque los jueces ahora dependen del voto popular, esto “no eliminó el principio de división de poderes ni transformó a los jueces constitucionales en instancias legitimadas para sustituir las funciones de otras ramas del Estado”. Al pedir la modificación de esta sección, la mayoría de la Corte evitó suscribir institucionalmente dichos razonamientos. A pesar de aceptar las modificaciones, el ministro Espinosa Betanzo aseguró que todas las ministras y ministros deben pronunciarse respecto a los alcances de la reforma judicial. “Tal vez consideran que este no es el asunto idóneo para hacer algún pronunciamiento, pero todos los que estamos aquí presentes somos parte y producto de la reforma judicial de septiembre de 2024”, dijo. Próximos pasos legales: ¿qué sigue para Google? Finalmente, al haberse resuelto únicamente la constitucionalidad general de la ley, el asunto no ha concluido para Google. La Suprema Corte reservó la última palabra para el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado, instancia que será la responsable de evaluar si el nivel de desagregación de la información exigida a la empresa y la multa millonaria que se le impuso fueron decisiones arbitrarias o ilegales en la práctica. |
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