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| En los últimos 7 años, 13 sacerdotes han sido asesinados; 'ataques ocurren donde el crimen organiza la vida cotidiana', advierten. | ||||||
| Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial, asegura que el asesinato o ataque contra un sacerdote es un mensaje directo de control social que busca sembrar miedo y tiene efectos sociales profundos. | ||||||
| Domingo 01 de Febrero de 2026 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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Así lo afirmó Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial (CCM), en entrevista con Animal Político sobre el Informe sobre la incidencia de violencia en contra de sacerdotes e instituciones de la Iglesia Católica en México, presentado esta semana. Para Sotelo, la lógica criminal detrás de estas agresiones es clara. “Si soy capaz de asesinar a un sacerdote, soy capaz de asesinar a quien sea”, señala. Ese mensaje, asegura, “lanza un mensaje tremendo para que las comunidades queden calladas” y sometidas al poder criminal. Desestabilización y orfandad comunitaria La muerte de un sacerdote tiene efectos sociales profundos y duraderos, de acuerdo con Sotelo, quien explica que “cuando se asesina a un sacerdote, se deja en la orfandad a una comunidad”, no solo por la pérdida espiritual, sino porque éstos cumplen funciones que el propio Estado ha abandonado. “El sacerdote no solo ofrece servicios espirituales, sino que también aportan algunos otros servicios a la comunidad, servicios médicos, protección a derechos humanos, protección a migrantes, comedores comunitarios, hasta bolsas de trabajo”, detalló. Para muchas comunidades, especialmente rurales, indígenas o vulnerables, el sacerdote es el principal mediador frente a abusos, trata de personas, extorsión o reclutamiento, aseguró el religioso. Por eso, su muerte no solo elimina a un líder, sino que facilita la expansión criminal. “La actividad estabilizadora de la Iglesia compite de alguna otra manera con estas actividades delictivas”, subrayó Sotelo. Ataque ocurren donde el crimen organiza la vida cotidiana El CCM documenta que los ataques ocurren con mayor frecuencia en lugares donde grupos criminales controlan aspectos esenciales de la vida diaria. “Existe la narcopolítica, la narcoeconomía, y la narcocultura”, de acuerdo con Sotelo. En estos contextos, el crimen dicta reglas, precios, movilidad, castigos y formas de convivencia. Los casos más visibles están en Guerrero, Michoacán, Jalisco, Veracruz y Tamaulipas, pero también en zonas densamente pobladas sin presencia estatal efectiva. En la Ciudad de México y su área metropolitana, el CCM identifica colonias como Iztapalapa, así como municipios conurbados como Naucalpan, Ecatepec y Tlalnepantla, donde “los acosos y las extorsiones son temas muy ordinarios en las diferentes parroquias”. La intimidación opera como control territorial. Tras el asesinato de un sacerdote, dijo, “se desestabiliza la comunidad” y, con el miedo, se consolidan dinámicas delictivas, incluidos el reclutamiento juvenil y la expansión de economías ilegales. Silenciar a quienes denuncian Los sacerdotes, recordó Sotelo, son muchas veces “la voz de aquellos que no pueden hablar”. Su asesinato tiene un efecto inmediato: la comunidad pierde a su portavoz y su protector. Pone como ejemplo el homicidio del padre Marcelo en Chiapas: “El impacto fue tremendo porque dejaron a una comunidad sin una persona que hablara por ellos”. Aunque el contexto se ha agravado, la función de mediación de la Iglesia no ha desaparecido. Sotelo afirmó que obispos y sacerdotes han desempeñado, y aún desempeñan, un papel crucial para contener violencia y abrir espacios de diálogo. Citó el trabajo de líderes como Salvador Rangel en Guerrero o el obispo de Apatzingán. “Muchos sacerdotes conviven con gente del crimen organizado por la posibilidad de seguir trabajando (…) el sacerdote está al servicio de todos”, señaló. Incluso atienden pastoralmente a las familias de miembros del crimen, aseguró. Sobre la relación con el gobierno, Sotelo comentó que la interlocución existe, pero limitada. “El gobierno actual, tanto el anterior como este, tienen un cierto diálogo con la Iglesia, pero se han quedado muy cortos en la posibilidad de generar puentes”. La falta de eficacia en seguridad, añadió, contribuye a que la criminalidad gane terreno. “La autoridad en muchos sentidos ha sido incapaz de poder controlar esta situación”, dijo. Aunque reconoció que el gobierno “hace lo que puede”, sostuvo que “se agradece la intención, pero no la eficacia”. Reemplazar a un sacerdote: casi imposible La muerte de un sacerdote deja un vacío difícil de cubrir. Su formación toma más de una década. En regiones indígenas o con culturas particulares, la complejidad es aún mayor: “Formar a un sacerdote en una comunidad indígena es complicadísimo”. Por eso, “prácticamente es irreemplazable un sacerdote”, afirmó. Además, no existe un plazo realista para que una comunidad sane tras un asesinato. El CCM lleva más de una década documentando estas agresiones. Durante mucho tiempo, aseguró Sotelo, “nadie nos hacía caso, pasaba desapercibido este fenómeno”. Hoy, el impacto acumulado es visible y, advierte, se inserta en la violencia generalizada que vive el país, que también afecta a periodistas, activistas y defensores comunitarios. 13 sacerdotes asesinados y tres desaparecidos El informe anual 2025 del CCM documenta que, entre los sexenios de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y Claudia Sheinbaum (2024-2025), 13 sacerdotes fueron asesinados en México. A esta cifra se suman tres sacerdotes desaparecidos, 23 laicos vinculados a labores pastorales asesinados y al menos 31 casos violentos contra obispos, sacerdotes y seminaristas registrados solo en el período 2018-2024. El reporte cuantifica un aumento significativo en agresiones contra templos: mientras en los años 90 se reportaban cuatro ataques semanales, en la actualidad el promedio es de 26 a 28 incidentes por semana, lo que equivale a aproximadamente mil 400 agresiones anuales. Se estima que el 12 % de los más de 11 mil templos católicos en el país sufre al menos un ataque al año. El 84 % de los delitos corresponden a robos comunes y sustracción de objetos religiosos, mientras que el 10 % involucra agresiones directas con armas de fuego. En cuanto a la distribución geográfica, los estados con mayor número de agresiones registradas entre 1990 y 2025 son: Ciudad de México (11 eventos), Guerrero (10), Estado de México (9), Guanajuato (9) y Michoacán (8). En Guerrero, desde 2009 a la fecha, han sido asesinados ocho sacerdotes, dos seminaristas, un sacristán y varios agentes de evangelización. El informe revela una impunidad superior al 80 % en los crímenes contra ministros de culto, y señala que solo una de cada 100 piezas de arte sacro robadas es recuperada. Ante estos datos, el CCM propone la creación de protocolos preventivos, un Observatorio Nacional de Violencia contra el Patrimonio Eclesial y la instauración de un Día Nacional de Memoria y Prevención, como parte de una respuesta institucional basada en evidencia y coordinación nacional. Por: Amiel Martínez |
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