Bernardo Gutiérrez Parra
Hace una semana comenté en este espacio que Javier Duarte tuvo durante su malhadado gobierno a seis funcionarios como titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación, todos con envidiables blasones universitarios y profesionales, pero agregué que de los seis no se hizo uno. Y una semana después lo sostengo.
El primero fue Tomás Ruiz González que estuvo en el cargo desde que Javier llegó a la gubernatura (1 de diciembre del 2010) hasta marzo del 2013 en que lo mandaron a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.
¿Por qué lo subieron para abajo? Oficialmente nunca se dijo, pero Tomás llegó a comentar con sus cercanos que fue porque se negó a entrarle a la “licuadora”, el socorrido sistema en que el presupuesto para construir una escuela (por poner un ejemplo) se desviaba a otros menesteres poco claros.
En el 2020 Tomás fue acusado por la Auditoría Superior de la Federación de desfalcar al erario a su paso por la Sefiplan y desde entonces lo traen asoleado. Apenas en abril un juez le negó un amparo por lo que seguirá vinculado a proceso por peculado, amén de que la Fiscalía General de la República tiene abiertas otras carpetas de investigación.
El segundo fue Salvador Manzur Díaz, amigazo de Javier. Era su favorito para sucederlo en el cargo, pero el mundo se le vino encima a los dos meses de haber tomado posesión cuando el PAN lo acusó de uso indebido de recursos para impulsar campañas del PRI y fue cesado de inmediato.
A Manzur lo sustituyó Carlos Aguirre Morales al que le ha tocado bailar con la más fea. Este ex funcionario ha sido condenado en seis ocasiones a pagar cantidades que suman casi 4 mil millones de pesos por desvíos cometidos a su paso por la Sefiplan.
El cuarto titular de Finanzas fue Fernando Charleston Hernández del que hablaré más adelante.
A Charleston le siguió Mauricio Audirac Murillo que fue inhabilitado por 10 años para ocupar un cargo público porque no solventó observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Pero además fue encarcelado en marzo del 2017 acusado de desvío de recursos. En la actualidad se encuentra libre, no por inocente, sino porque se violó su debido proceso y se está defendiendo desde su casa.
El sexto en la lista fue Antonio Gómez Pelegrín que transparentó la cuenta pública del 2015 para dar a conocer en nivel de deuda real que tenía Veracruz y elaboró un programa de rescate financiero por 11 mil millones de pesos. Pero el 10 de octubre anterior fue aprehendido acusado de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y desvío de recursos.
Fernando Charleston Hernández era el único que se había salvado de la quema hasta que este martes se vio incluido en varias carpetas de investigación por desvío de recursos. La Fiscalía General de la República le atribuyó la autoría intelectual en el delito de peculado y de “barajar” dinero que sería para programas de seguridad.
De acuerdo con la FGE, Charleston acordó con sus subalternos mediante moches, desviar recursos y evitar los registros en papel para desaparecer el rastro del destino del dinero. También autorizó el desvío de millones de pesos de la cuenta del gobierno a una cuenta concentradora, es decir, a la licuadora.
De los seis, sólo Manzur no tiene problemas con la justicia quizá porque estuvo apenas 60 días en el cargo. Gómez Pelegrín es un tipo bueno como el pan que obedeció órdenes de su jefe y si está en prisión es porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata.
Pero de los demás nada bueno se dijo durante el tiempo que ocuparon el cargo y mucho se habló cuando lo dejaron.
¿Qué demuestra lo anterior? Que Javier Duarte no sólo fue un pésimo gobernador, sino que también fue pésimo a la hora de escoger a sus secretarios, al menos para Finanzas.
Reitero lector, de los seis no se hizo uno porque si así hubiera sido, cinco de ellos no andarían en líos judiciales.
Garantiza Zenyazen más obras escolares
Al autorizarse el 50 por ciento de anticipo para las obras que se contraten desde hoy y hasta el 31 de diciembre de 2022, con los diferentes fondos que opera el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV), se garantizará que los constructores cuenten desde el inicio con los materiales de construcción, sin que tengan que padecer contratiempos como los incrementos de los precios, y se posibilitará agilizar el proceso de las mismas en beneficio de la comunidad educativa, afirmó el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García.
Zenyazen encabezó la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del IEEV, donde su director general, Ricardo García Jiménez, rindió un informe del trabajo hecho en la dependencia a su cargo, así también, puso a disposición de los asistentes la autorización para otorgar el 50 por ciento de anticipo a las obras que se contraten a partir de este día hasta el 31 de diciembre de 2022. En este ejercicio serán 544 millones de pesos a ejecutarse en 264 obras y acciones, incluyendo la primera etapa del complejo deportivo Nido del Halcón en Xalapa.
Escobar García agradeció a los integrantes del Consejo Directivo por autorizar el anticipo del 50 por ciento, porque finalmente será en beneficio de la comunidad educativa que
necesita espacios dignos, ya que los constructores contarán desde el inicio con los materiales de construcción y se evitarán contratiempos.
Zenyazen Escobar dijo que, por las gestiones hechas este año a través del programa federal La Escuela es Nuestra, se ejercerán mil 400 millones de pesos en Veracruz, mientras que para 2023 serán 3 mil 400 millones de pesos más.
Consideró necesario aprovechar al máximo las ampliaciones presupuestales, como los 500 millones de pesos más que aportará el estado para infraestructura escolar en beneficio de la comunidad estudiantil. bernardogup@hotmail.com |
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