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Xalapa, Ver.-
En un hecho inédito, el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas, decidió dictar medidas cautelares al Estado mexicano por los hallazgos de restos humanos calcinados y cientos de objetos personales, como zapatos y ropa, en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. En ese sentido, la Plataforma por La Paz y La Justicia en Guanajuato y Solidaridad Consultora señalaron que lo anterior responde a la petición que realizaron, por lo que las autoridades mexicanas deberán resguardar de manera correcta lo que se encontró, además de garantizar el acceso a la información, y la participación y protección de los familiares de las personas desaparecidas. Mediante un comunicado, las organizaciones detallaron una serie de medidas que, afirmaron, son interés de todos los colectivos y de todas las personas desaparecidas en tanto no exista una investigación exhaustiva que identifique los restos encontrados y los objetos personales con sus respectivos dueños, y mencionaron que dichas medidas ya fueron comunicadas al Estado mexicano, y el Comité de la ONU dará seguimiento sobre su aplicación. En este contexto, el CDF resaltó la importancia de que las autoridades competentes “tomen sin demora” las diversas acciones como resguardar el predio del rancho y realizar actuaciones de búsqueda e investigación asegurando la participación de los familiares. También deberán resguardar todos los restos óseos y elementos probatorios localizados en el predio, “en pleno respeto de la cadena de custodia”, así como realizar inmediatamente el respectivo análisis genético para su identificación, con el objetivo de comparar los resultados con los perfiles de las personas desaparecidas. Asimismo, el Estado mexicano tendrá que analizar exhaustivamente los objetos personales localizados y determinar su potencial propiedad por parte de las personas desaparecidas. También deberá realizar un análisis de contexto para determinar “patrones, esclarecer motivos, el modus operandi de los perpetradores”, determinar los perfiles de las personas desaparecidas y establecer las particularidades regionales que explican la desaparición. Las organizaciones de la sociedad civil argumentaron que las medidas cautelares “son de interés de todos los colectivos y de todas las personas desaparecidas” en tanto no exista una investigación exhaustiva que identifique los restos encontrados y los objetos personales con sus respectivos dueños. Citan que el Comité de la ONU expresó su preocupación por las alegaciones sobre el “riesgo de daño irreparable a los restos óseos y elementos probatorios localizados en el rancho Izaguirre”. También se mostraron inquietos por las “dificultades que enfrentan los familiares y representantes para acceder a la información relacionada con la búsqueda e investigación de sus seres queridos, así como para participar en estos procesos”.
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