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XALAPA.- En México existe un triángulo desafortunado de corrupción, impunidad y delincuencia que permite a muchos capitales de origen ilícito, integrarse a la economía formal, lo cual daña a quienes se desempeñan en sectores como el restaurantero, hotelero, entre otros, asegura la especialista, Delfina Cruz López. Explica que ese término (lavado de dinero) se refiere al delito de realizar operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita, que buscan aparentar un origen legal. Aún más, precisa que el Fondo Monetario Internacional señala a América Latina y el Caribe como la región emergente donde la práctica se encuentra más activa. “Un empresario que opera de manera lícita enfrenta una competencia desleal con los que invierten dinero proveniente de diversos delitos”, enfatiza Cruz López que, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, el lavado de dinero es un negocio global que genera de 1.5 a 2 billones de dólares al año, lo cual representa entre el 2 y el 5 por ciento del Producto Interno Bruto mundial. “Un delincuente que lleva a cabo esta práctica tiene el sentido aspiracional de poseer riqueza, inmuebles y un patrimonio tangible, pero el mundo evolucionado actual ha puesto muchas limitantes y barreras para que eso no ocurra”. Por ello, la contadora pública consideró que las universidades deben formar a sus estudiantes en torno a la prevención del lavado de dinero. “El sistema de educación superior tiene una deuda con la sociedad en este tema, pues contadores, actuarios, administradores y financieros egresan y se enfrentan a un mundo que regula un problema que desconocen. Aseguró que todos tenemos obligaciones que podemos cumplir para prevenir el lavado de dinero, como incursionar en el sector financiero formal y transparentar la adquisición de bienes. “La práctica está tipificada como un delito en el artículo 400 bis del Código Penal Federal de México y en 2013 entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por lo cual el conocimiento en torno a su cumplimiento normativo obligatorio debe permear homogéneamente en todas las instituciones de educación superior”, finalizó Delfina Cruz.
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