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La Jornada
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Ciudad de México.- La Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a cargo de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, rechazó insinuaciones sobre el proceder de juzgadores, y expresó su total disposición a que en caso de haber pruebas, se proceda conforme a derecho sin excepciones. “En un Estado de Derecho lo conducente es acudir a las instancias correspondientes”.
Lo anterior, ante las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien en conferencia afirmó que “el Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”.
Incluso dijo que “"con estos elementos y considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas vinculadas con delitos de alto impacto, representan amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos, el Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, procedió a realizar el traslado de estos objetivos”.
Al respecto, la presidencia del CJF reafirmó su compromiso con la justicia y el Estado de Derecho y aclaró que cada resolución que toma alguno de sus integrantes es susceptible de ser impugnada por los canales que la propia ley establece.
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