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XALAPA.- Agremiados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguran estar preocupados por las primeras señales enviadas por los mercados a México en este periodo de transición, y en ese sentido advierten que la reforma al Poder Judicial minará de forma irreparable la confianza para invertir en México y, exhortó a la clase política no recrudecer los factores de desaceleración. Y es que, si bien la SHCP estimó una tasa de crecimiento del PIB para este 2024 de entre 2.5. y 3.5 por ciento, el Banco Mundial la redujo a solo 2 por ciento, tras advertir que América Latina entrará un proceso de desaceleración económica; lo que significa que el gobierno mexicano tendrá que ajustas a la baja planes de recaudación de y gasto. Como fuera, Coparmex asume que la tan anunciada reforma al Poder Judicial restará independencia a dicho poder y debilitará el Estado de derecho y con ello truncar la posible llegada de al menos 53 mil millones de dólares de nuevas inversiones por el fenómeno de la relocalización de empresas, y destaca que ningún país miembro de la OCDE tiene, por ejemplo, de elección popular de jueces, magistrados y ministros. Coparmex sugirió que mejor deben madurar y materializar la reforma constitucional propuesta en 2021, misma que en buena medida coincide con la iniciativa de reforma presentada el pasado 5 de febrero de 2024, en el sentido que se busca que todas las personas tengan acceso pleno a la justicia y se erradique cualquier práctica de corrupción sancionando a los responsables. La reforma judicial de 2021, según sus promotores, era la más importante en casi 30 años; centrada en impulsar la inclusión de los más vulnerables y terminar con la discriminación que impedía el acceso a la justicia a las mujeres, pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, grupos de la diversidad sexual, y a las niñas y niños. Cambió la forma de operar de la Defensoría Pública para que quienes no contaran con recursos, tuvieran una defensa de calidad. También aumentó potencialmente el número de lenguas indígenas en las que se presta el servicio. Además, se promovió la profesionalización de abogadas y abogados a través de la Escuela Federal de Formación Judicial y se elevó a rango constitucional y legal el combate a la corrupción, al nepotismo, al acoso sexual y a la violencia de género.
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