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XALAPA.- La iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación parte de la falacia de asumir que los jueces electos tienen más legitimidad a partir de un ejercicio de popularidad, cuando lo que les da este atributo es su capacidad, profesionalismo e independencia de los poderes políticos y económicos, afirma el doctor en derecho Ricardo Alberto Ortega Soriano, Director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (IBERO). De acuerdo con el especialista esta casa de estudios para poder hacer una interpretación de la ley se necesitan herramientas, capacidades y conocimientos que exige el desempeño de la función judicial, pues la legitimidad de los jueces no proviene de la misma causa que sucede con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que es el voto popular. Advierte que "Una elección está sujeta a procesos de movilización política que pueden tener el efecto de llevar a esos cargos a personas afines al poder político dominante en turno y no a aquellas realmente comprometidas con la justicia que cuenten con las competencias necesarias, lo que representa un riesgo muy importante a la independencia e imparcialidad de jueces o juezas, y al profesionalismo con el que deberían desempeñarse. Ahí hay un primer gran problema a esta iniciativa". Otro problema, señala, es que la iniciativa del Presidente contempla la creación de un tribunal de disciplina, lo que es preocupante, ya que lo que se plantea es que se convierta en un órgano encargado de censurar la libertad de juezas y jueces para resolver casos, sobre todo cuando se oponen a las directrices de un régimen político determinado. Ortega Soriano destaca que en los últimos años, desde el Gobierno se ha usado una narrativa que responsabiliza a las y los jueces de liberar a delincuentes, pero lo que no se pone sobre la mesa es que en muchos casos las fiscalías no integran bien las carpetas de investigación y los elementos de prueba, que es lo que permite que muchas personas acusadas sean liberadas. El Dr. Ricardo Alberto Ortega Soriano refiere que esta situación de impunidad crónica que vive el país, donde al menos 9 de cada 10 delitos quedan sin castigo, se debe en buena medida a la falta de capacidades, de independencia y de profesionalismo de las fiscalías para la investigación de los crímenes. Menciona que cualquier reforma debería implicar una mejora integral que no se quede en un ámbito de “revanchismo político”, ya que la reforma de 1994 permitió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se volviera un actor relevante (pues antes era sólo una extensión del Poder Ejecutivo), y dio pasos importantes para que el Poder Judicial apostara por un sistema de carrera que ha permitido que la justicia avance. Apunta que lo que habría que exigirle a cualquier legislador en el proceso de reforma es que se establezcan reglas que garanticen que quienes participen en los procesos de selección para el Poder Judicial cuenten con perfiles profesionales y técnicos, que tengan conocimientos en interpretación constitucional, derecho internacional y con un grado de independencia y autonomía de los poderes públicos y económicos, lo que el actual proceso de selección de ministras y ministros de la Corte tampoco garantiza. Por ello, sostiene, también es importante mirar los estándares internacionales sobre independencia judicial que se han desarrollado tanto en el Sistema ONU como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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