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Xalapa, Ver.- La presidenta electa Claudia Sheinbaum ha dicho que continuará la política de Andrés Manuel López Obrador al respecto de las empresas energéticas estatales, lo que anticipa que el Presidente saliente mantendrá el control político sobre el sector energético del país. Desde hace tiempo, López Obrador ha propuesto desmantelar las agencias reguladoras de energía independientes de México, como parte de una serie de cambios constitucionales que reformarían el poder judicial, el sistema electoral, el sistema de jubilación, entre otros, pero a principios de este año, la Suprema Corte de Justicia de México frustró su intento de reforzar el papel del Estado en el sector eléctrico al calificarlo de inconstitucional. Sin embargo, cuando la nueva legislatura entre en funciones el 1 de septiembre, Morena, partido de Sheinbaum, tendrá una casi supermayoría, lo que probablemente le dará suficientes escaños para anular la decisión de la corte. Pese a la energía no va a estar entre los primeros temas que se discutirán en septiembre, Sheinbaum ha apoyado en gran medida las reformas de AMLO. Al respecto, los críticos consideran que los planes son un último intento desesperado por seguir revocando un conjunto de leyes promulgadas en 2013 que abrieron el mercado energético de México a la inversión privada. Deshacer esas medidas ayudaría a apuntalar el control estatal del sector y a fortalecer las empresas controladas por el Estado, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Petróleos Mexicanos (Pemex), antes de que entregue la presidencia el 1 de octubre. Las reformas propuestas desmantelarían entidades como la Comisión Reguladora de Energía de México, (CRE), el regulador de hidrocarburos CNH, así como el regulador antimonopolio y el encargado de telecomunicaciones, oficinas independientes que AMLO ha llamado “entidades superfluas” y “onerosas que no sirven para nada”.
En cambio, la supervisión de asuntos como las solicitudes y aprobaciones de permisos estaría a cargo de la Secretaría de Energía de México, dirigida por una persona designada por Sheinbaum, lo que aviva los temores de que la mayoría de las empresas privadas que operan en México deban asociarse con Pemex y CFE. “La reforma, si se aprueba, podría impactar la inversión extranjera y las operaciones de las empresas porque modificará el proceso de permisos establecido”, señala Jorge Aguilar, asesor sénior de políticas de Holland & Knight en Ciudad de México. “Las empresas deberían monitorear los cambios legislativos para adaptarse a la regulación e identificar quién será el encargado de revisar dichos permisos. De lo contrario, podrían encontrarse con incertidumbres jurídicas, lo que puede provocar que las empresas abandonen el país”.
Los portavoces de la Secretaría de Energía de México y Sheinbaum no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. Es de destacar que los mercados de México se desplomaron después de que Sheinbaum señalara que las reformas, en particular un controvertido plan para el poder judicial, se discutirían en el Congreso, lo que asustó a los inversionistas que temen que debiliten los controles sobre el partido gobernante. Funcionarios de Morena, que tiene una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados y casi la misma en el Senado, han dicho que podrían empezar a discutir las reformas constitucionales en agosto y presentarlas a los legisladores a principios de septiembre.
La inversión extranjera directa en el sector energético de México se ha desplomado durante la presidencia de AMLO, con un promedio de alrededor de 2.800 millones de dólares al año durante su mandato, la mitad del máximo alcanzado en 2017 antes de que asumiera el cargo, según Banco.
En cambio, AMLO favoreció el apuntalamiento de Pemex con inyecciones de capital y exenciones fiscales, que en gran medida no han logrado impulsar la debilitada producción ni reducir la deuda de 100 mil millones dólares de la compañía. Sheinbaum ha dicho que continuará la política de AMLO de apoyo estatal a Pemex y CFE. La científica climática y ex jefa de Gobierno de Ciudad México, cuyas ambiciones incluyen acelerar la transición de México hacía más energías renovables, también ha dicho que la inversión privada tiene un papel en la transición energética de México y ha destacado las asociaciones público-privadas y los mecanismos de cofinanciamiento como formas de atraer capital privado.
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