Un plan de reconstrucción con recursos insuficientes y sin certeza de que llegará a los más pobres tras Otis

jueves 27 de noviembre de 2025

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Un plan de reconstrucción con recursos insuficientes y sin certeza de que llegará a los más pobres tras Otis.

Especialistas consideran insuficientes los 61 mil millones de pesos que prevé el gobierno en el plan de reconstrucción para Acapulco y Coyuca de Benítez tras el huracán; señalan que el mayor desastre de Otis es la desigualdad, que deja en mayor vulnerabilidad frente a los daños a las personas en condición de pobreza y pobreza extrema.

Martes 07 de Noviembre de 2023

Por: animalpolitico.com

Foto: Cuartoscuro .

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Ciudad de México.- El gobierno de México anunció un plan de reconstrucción con presupuesto de 61 mil millones de pesos para atender las afectaciones que dejó el huracán Otis en Guerrero, lo que según especialistas será insuficiente para cubrir los costos de los daños y no asegura apoyo para todas las personas damnificadas, especialmente a las más pobres, que viven en asentamientos irregulares.

Hasta ahora, las autoridades estiman que al menos 273 mil 844 viviendas, 600 hoteles y condominios, además de en 120 hospitales y clínicas resultaron dañados en Guerrero, donde el huracán dejó 48 personas muertas y 53 desaparecidas, de acuerdo con las cifras más actualizadas de las autoridades.

Para atender la situación, el “Plan general de reconstrucción y apoyo a la población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis” indica que el gobierno adelantará el pago de programas sociales, dará prórrogas de pago de créditos, condonará el servicio de luz y dará apoyos de 8 mil, 35 mil y 60 mil pesos a quienes tuvieron daños en sus viviendas y vivan en estos dos municipios, los únicos reconocidos en la declaratoria de emergencia por Otis –que inicialmente se había declarado para 47–.

Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explica que actualmente no es posible calcular el presupuesto necesario para la reconstrucción, que de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) podría tardar dos años y tener un costo de hasta 300 mil millones de pesos, según sus estimaciones.

“Me parecería irresponsable pensar que ya se sabe lo que se necesita de manera muy concreta, todavía estamos en un periodo de conocimiento sobre lo que pasó, pero no hay duda de que los 61 mil millones de pesos que se anunciaron hace unos días van a ser insuficientes y todavía no sabemos cuál será el monto final que se asigne”, señala.

El especialista del IMCO agrega que tampoco se sabe de dónde saldrán los recursos para la reconstrucción, ya que el programa que sustituyó al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) tuvo 13 mil 568 millones 217 mil pesos para operar en 2023, por lo que el presupuesto extra tendrá que salir de recortes a otras políticas públicas.

Además, Carrillo indica que la falta de claridad sobre la asignación de los montos que se dará a las viviendas afectadas en Guerrero podría dejar a algunos sectores de la población con recursos insuficientes para reconstruir y provocar el aumento de asentamientos irregulares, “lo que incrementa la vulnerabilidad de la población frente a otros posibles eventos climatológicos”.

“Quienes más sufren no son las zonas hoteleras”
Carla Escoffié, abogada y activista por el derecho a la vivienda, destaca que el mayor desastre del huracán Otis es la desigualdad, que deja en mayor vulnerabilidad frente a los daños a las personas en condición de pobreza y pobreza extrema, y es que, tan solo en Acapulco, el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) contabilizó al menos a 5 mil 550 familias que vivían en asentamientos precarios, ubicados en zonas de alto riesgo, al margen de ríos, arroyos, cerros y laderas inestables.

“En México hay un problema de asentamientos precarios, también llamados irregulares, donde la población enfrenta problemas con su situación jurídica y de acceso a derechos, porque son personas que viven en la pobreza, sin acceso a servicios básicos, y lo que ocurre es que todos estos están invisibilizados, no están ni siquiera en los censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por lo que no se sabe si estarán contemplados para los apoyos que de la Secretaría del Bienestar”, comenta.

De acuerdo con el Informe de Pobreza y Evaluación 2022, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de las 779 mil 566 personas que vivían en Acapulco en 2020, el 52.1% se encontraba en situación de pobreza, y 16.7% de pobreza extrema; en el caso de Coyuca de Benítez, estos porcentajes ascienden a 65.5% y 27.3%, respectivamente.

Previo al paso de Otis, en Acapulco el 16.3% de la población presentaba rezago educativo, el 37.1% presentaba carencia en el acceso a servicios de salud y el 55.4% no tenía seguridad social, además el 17.3% tenía carencias en la calidad y espacios de vivienda, 29.2% no contaba con servicios básicos en su casa, y el 34.6% no accedía a alimentación nutritiva y de calidad.

En Coyuca de Benítez, el 23.7% de la población presentaba rezago educativo, 41% presentaba carencia en el acceso a servicios de salud y el 74.6% no tenía seguridad social, además, el 30.2% tenía carencias en la calidad y espacios de vivienda, 59.3% no contaba con servicios básicos en casa, y el 29.5% no accedía a alimentación nutritiva y de calidad.

Con estos datos, la abogada afirma que se puede ver que “en este tipo de desastres quienes más sufren y reciben el mayor impacto no son las zonas hoteleras, sino los asentamientos, que no solo pierden el patrimonio conseguido muchas veces con esfuerzo intergeneracional, sino se genera un efecto de desintegración de las comunidades, con el riesgo de que no les permitan volver a construir en donde estaban”, explica la abogada.

Acerca del censo que realiza la Secretaría del Bienestar para los apoyos que se darán a quienes tuvieron daño en sus viviendas, Escoffié alerta que existe el riesgo de que estos sean un foco de corrupción, como ha ocurrido con el reparto de apoyos para damnificados de otros fenómenos naturales.

“La historia de los censos para reconstrucción en México ha sido de malas experiencias, incluso se han emitido recomendaciones de derechos humanos porque los programas sirvieron para corrupción, con desvío de recursos, y al final dejaron a muchas personas sin la respuesta prometida, entonces es una situación que preocupa, porque no hay garantías de que no se va a repetir en este caso”, detalla.

Aunque hasta ahora “no queda claro qué parámetros están utilizando en el censo que ya está en marcha para determinar las zonas que serán consideradas, porque si están usando la del INEGI entonces la mayoría de los asentamientos precarios van a quedar fuera, y tampoco se sabe cómo va a ser la participación de las personas en el plan de reconstrucción, sobre todo si podrán permanecer en el lugar donde estaban, o cuáles serán las estrategias de reubicación tomando en cuenta los riesgos frente a otros desastres”.

“No estoy minimizando los daños, ni en el sector privado ni en la gente de ninguna situación económica, pero es un hecho que el turismo en Acapulco no se va a acabar por esto, pero lo que sí se puede acabar y perder para siempre son los vínculos vecinales y la permanencia de muchas familias”, expone Escoffié.

Por: Eréndira Aquino