Alexandra nunca dijo que agresor trabajaba en Fiscalía, asegura dependencia estatal

domingo 19 de mayo de 2024

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Alexandra nunca dijo que agresor trabajaba en Fiscalía, asegura dependencia estatal.

El feminicidio ocurrió el 24 de diciembre Alexandra fue encontrada sin vida; autoridades de Jalisco aseguran que su ex esposo no recibió privilegios en denuncias pasadas

Martes 02 de Enero de 2018

Por: Excelsior

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Guadalajara.- Este jueves en audiencia privada se determinará la situación jurídica de cuatro detenidos por el feminicidio de Alexandra Castellano Méndez.

Aunque Alberto “N”, actualmente bajo proceso en el Reclusorio Estatal de Puente Grande y quien es señalado por haber participado en el feminicidio de su ex esposa Alexandra, fue secretario particular del fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra las Mujeres descarta que haya gozado de privilegios con respecto a las investigaciones que se seguían en su contra por violencia intrafamiliar y agresiones con arma de fuego.

Ninguna (ventaja) porque la carpeta siguió su curso… Está la visitaduría haciendo la investigación correspondiente”, aseveró la directora de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra las Mujeres, Isabel Gallaga, quien lamentó que la víctima nunca dijera al momento de presentar la denuncia que el supuesto agresor trabajó en la Fiscalía.

“Desde el inicio de la denuncia en ningún momento se mencionó que había sido funcionario o que era una persona reconocida en el estado. No teníamos ningún conocimiento. Ni la víctima mencionó dentro de su denuncia que era esta persona la que se estuviera denunciando. Recordemos que nosotros hemos sido totalmente imparciales y las personas que son denunciadas nosotros seguimos los procesos porque así son las ordenes que tenemos de nuestros superiores, que nosotros hagamos lo conducente conforme a derecho independientemente de la persona de la que se trate”, dijo Gallaga.

Alexandra presentó la denuncia ante el Centro de Justicia para las Mujeres y los protocolos de Alerta de Género implementadas en la entidad siguieron su curso normal, aseguraron las autoridades. Sin embargo, la protección falló en algún momento, pues la mujer fue asesinada a balazos el pasado 24 de diciembre.

Alberto es uno de cuatro detenidos por el feminicidio. Él ingresó a la Fiscalía General de Jalisco el 2 de febrero de 2016 y salió el 30 de septiembre de 2017, que fuera un trabajador cercano al ex fiscal no entorpeció la investigación se asegura.

Cuando se dicta la orden de protección y cuando ella presenta su denuncia él ya no era servidor público de esta Fiscalía”, subrayó la fiscal central de Jalisco, Maricela Gómez Cobos.

Ninguna de las funcionarias entrevistadas dijo qué cargo público en la dependencia desempeñó el señalado del homicidio argumentando que son “muchos empleados” y que “duró poco tiempo”.

Rechazan que influencias de Alberto al interior de la dependencia le hayan dado ventaja ya que todas las denuncias se siguen al pie de la letra del protocolo en medidas de protección a favor de las mujeres sin importar el cargo que tenga el señalado, incluyendo a policías o reconocidos funcionarios públicos.

No es obstáculo para que sigan en sus cargos sin importar la función que tengan. Las medidas de protección son preventivas y cautelares, no son definitivas. Únicamente se imponen por un tiempo determinado, en general, pueden llegar a durar hasta 90 días. Una medida de protección es por 60 días, más 30, que nos menciona el Código Nacional que se puede ampliar esta medida. A todos los imputados independientemente de la función o la profesión que tengan, el agente del Ministerio Público se las tiene que imponer independientemente a las funciones que ellos se dediquen”, indicó Gallaga.

Actualmente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía General de Jalisco mantienen abiertas investigaciones sobre el actuar de los funcionarios públicos involucrados en proporcionar la protección a Alexandra Castellanos con el fin de que sea deslindadas responsabilidades por posibles omisiones, ya que la mujer fue asesinada a pesar de las denuncias presentadas por agresiones previas en su contra tanto a las autoridades como en sus redes sociales.