De Veracruz al mundo
ARTICULISTA INVITADO
HéctorYunes Landa
2018-11-18 / 19:16:12
La Guardia Nacional a debate
El papel que deben desempeñar el Ejército y la Marina en las tareas de seguridad pública no debe ser motivo para la polarización social. Tanto las fuerzas armadas como la población civil quieren lo mismo: devolver al país la paz y la seguridad que hemos perdido.



Por la situación de violencia extrema que se vive en algunas regiones de México, el debate no es que si los militares deben continuar o no en las calles; la opinión de la mayoría de ciudadanos consultados coincide en que deben mantener su apoyo a las tareas de seguridad, hasta que no haya una policía profesional y confiable.



Es tal el consenso popular en este sentido, que el propio presidente electo se vio obligado a rectificar, no obstante su compromiso de campaña de regresar a los militares a sus cuarteles. Ante lo evidente y necesario, reconoció públicamente la imposibilidad de sacar de las calles a los soldados y marinos.



El verdadero debate entonces, consiste en determinar quienes deben ejercer la responsabilidad plena de las tareas de seguridad y el marco jurídico al que deben someterse. Los ciudadanos deben gozar de la garantía que su integridad y patrimonio serán resguardados y sus derechos humanos respetados, al mismo tiempo que las fuerzas armadas –o los integrantes de la futura Guardia Nacional- cuenten con un marco jurídico que les brinde protección y certeza ante el fenómeno delincuencial que enfrentarán.



El jueves pasado, la Suprema Corte de Justicia declaró oficialmente la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior (LSI), con la cual se buscaba regular la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y combate a la delincuencia. Los militares, entonces, seguirán en las calles sin la certidumbre legal que reclaman y merecen; según la Constitución, la tarea de las fuerzas armadas es proteger la soberanía nacional, no la seguridad pública.



La ley abría la puerta para normalizar el hecho de que el Ejército intervenga en tareas de seguridad pública, hecho que sólo es legal y constitucional si se aplica a situaciones excepcionales, pero no como regla.



En opinión de los ministros, las facultades de las fuerzas armadas tienen que estar delimitadas con las excepciones que limite su actuación. La Ley de Seguridad Interior no precisaba qué clases de acciones específicas podía hacer el ejército, quedando la duda sobre si los militares podían hacer arrestos o cateos.



La decisión de la Suprema Corte se dio en el contexto del anuncio de la creación de una nueva Guardia Nacional, como parte de la estrategia de seguridad y protección ciudadana que ha lanzado el gobierno electo. Esta iniciativa requiere modificar el artículo 76 de la Constitución, sin embargo, tampoco se establece cuál será el ámbito de actuación de este nuevo organismo encargado de la seguridad pública. Estamos como al principio.



La Guardia Nacional –según se ha informado- sumará a 50 mil elementos, coordinados por personal proveniente de las policías Militar y Naval, así como de la Federal. También se convocará a civiles y a elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos.



A pesar de que no está establecido en la Constitución –lo que requiere de una serie de reformas que aún no han sido propuestas-, la Guardia Nacional será encargada de prevenir y combatir el delito en todo el territorio nacional.



Para entender la dimensión del problema, las autoridades han documentado al menos 250 mil homicidios en el país entre diciembre de 2006 y abril de 2018.



Expuestos al debate político, el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México siguen siendo dos de las instituciones que generan mayor confianza entre los mexicanos; al mismo tiempo, son las únicas capaces de enfrentar en este momento el creciente fenómeno de la violencia y la delincuencia organizada.



Por el bien de todos, es necesario que tengamos una norma que regule la actuación del Ejército, la Marina Armada de México y lo que será la Guardia Nacional. Un marco jurídico que no resulte de los cálculos políticos ni de prejuicios intencionados, sino de la voluntad de que México sea un país en paz y con justicia.



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