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Denuncian a Gómez Cazarín y senadores por presunta delincuencia organizada en elección de Poza Rica: MC los quiere tras las rejas
MEMORANDUM 1.- A pesar de que tiene el respaldo de la 4T, el delegado del Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, así como senadores y funcionarios electorales, fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la FGR. Al respecto, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Poza Rica, Emilio Olvera, informó que la denuncia fue presentada este viernes y en ella se pide la revisión de líneas telefónicas y el congelamiento de cuentas bancarias. Entre los funcionarios denunciados están, además de Gómez Cazarín, Irving Jair Rodríguez Hernández, Enrique Navarro Padilla, la senadora Raquel Bonilla Herrera, el dirigente estatal de Morena Esteban Ramírez Zepeta, la consejera presidenta del OPLE Marisol Alicia Delgadillo Morales, Héctor Guerrero, Stephanie Galas y Gómez, Janet, así como la candidata de Morena en Poza Rica Adanelly Rodríguez y Diana Patricia Remes Oropeza, además de quienes resulten responsables. En conferencia de prensa acompañado por la dirigencia estatal de su partido, expresó: “Tenemos las evidencias de que estos sujetos se reunían en un conocido hotel de Poza Rica, en donde planearon cómo operar el tema electoral. Eso es delincuencia organizada, pero también coaccionar y organizarse de esta manera, incluso con el Tribunal Electoral de Veracruz y la Sala Regional, es delincuencia organizada”. Olvera afirmó que presentará pruebas del uso de recursos públicos por parte de Gómez Cazarín, señalando el programa La Escuela Es Nuestra, del cual, dijo, se benefician mediante empresas y constructoras vinculadas. Externó: “Anteriormente se daban directamente a los padres de familia, así lo dicen las reglas de operación, y ahora a través de sus cómplices meten empresas para agandallarse el dinero que ha sido designado para el pueblo”. Afirma que el delegado del Bienestar ha operado en su contra para afectar su imagen, así como la del dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez, luego de que el viernes aparecieron mantas en Poza Rica que vinculaban a Movimiento Ciudadano con delincuencia organizada. El candidato agregó que este sábado presentará un recurso de impugnación ante la Sala Superior del TEPJF, luego de que la Sala Regional avaló el resolutivo del Tribunal Electoral de Veracruz para recontar los 51 paquetes electorales de ese municipio. Insistió en que en las urnas obtuvo el triunfo con 3,482 votos contra 2,968 de la alianza Morena–PVEM, y advirtió que si los paquetes se abren estarán alterados para modificar la voluntad ciudadana. Además, acusó a Gómez Cazarín y autoridades del OPLE de alterar votos, ejemplificando que en una casilla MC obtuvo 72 sufragios, de los cuales 70 fueron invalidados. “La voluntad del pueblo ya fue expresada en las urnas y debe ser respetada. Estamos seguros de que la Sala Superior restituirá la legalidad. Confío en nuestras autoridades electorales federales, porque en ellas recae la responsabilidad de garantizar que los votos de los pozarricenses no sean pisoteados”, afirmó. Habrá que ver como se desarrolla este proceso si hay interferencia del gobierno morenista.
Martín Aguilar ha ocasionado la crisis más grande en 80 años de la UV; ha quebrantado deliberadamente el marco legal que rige a la institución
MEMORANDUM 2.- Víctor Arredondo, exrector de la Universidad Veracruzana (UV) afirma que la casa de estudios enfrenta la crisis institucional más grave de sus 80 años de historia, provocada por su propio rector, Martín Aguilar Sánchez, quien es acusado de orquestar un plan ilegal para perpetuarse en el cargo, actuar en contubernio con una Junta de Gobierno manipulada y contar con el respaldo de grupos políticos externos. En rueda de prensa, aseguró que la actual administración ha quebrantado deliberadamente el marco legal que rige a la institución. Externó: “Es un caso insólito. En las ocho décadas de vida institucional, no había habido un rector con esa pretensión de romper la ley, de abusar de su autoridad y de pretender secuestrar a la universidad”. Arredondo afirma que la crisis estalló cuando Aguilar Sánchez decidió eliminar a cinco de los nueve integrantes de la Junta de Gobierno que se oponían a su continuidad, para luego obtener una prórroga en su mandato a través de procedimientos ilegales. “El Rector consiguió, de manera ilegal, que se le otorgara la prórroga. No se convocó abiertamente a los interesados en participar y competir, como lo establece la legislación universitaria”, explicó. Arredondo detalló que el proceso legal para la designación rectorial exige una convocatoria abierta, la difusión de las propuestas de todos los aspirantes y una consulta de cuarenta días a la comunidad universitaria, requisitos que fueron ignorados por la actual administración. Además, se reveló que el rector incumple otro requisito fundamental: tener menos de 65 años. Además, recordó que, hace un año, Aguilar Sánchez intentó sin éxito que la Legislatura estatal modificara esta norma para su beneficio personal. Frente a lo que califican como un “secuestro” de la universidad, la comunidad universitaria ha comenzado a organizarse. Se ha formado un movimiento articulado en la “Red UV a favor de la legalidad”, que ha presentado demandas, amparos y denuncias para revertir la prórroga ilegal. Asimismo, se preparan marchas y manifestaciones en todo el estado de Veracruz para exigir el restablecimiento de la legalidad y la transparencia en la máxima casa de estudios.
Despido masivo en Servicios de Salud de Veracruz: unos 500 trabajadores se quedan sin empleo y piden la intervención de Nahle
MEMORANDUM 3.- Cerca de 500 empleados eventuales de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) fueron notificados el viernes sobre la conclusión de su relación laboral en todas las jurisdicciones sanitarias del Estado. Los despidos se realizaron sin previo aviso ni respeto al contrato colectivo de trabajo. En muchos casos, los afectados denuncian que fueron obligados a firmar una “renuncia voluntaria” en el área de Recursos Humanos, lo que ha sido calificado como una práctica coercitiva. “Nos llamaron sin previo aviso y nos hicieron firmar documentos de renuncia forzada”, relataron algunos trabajadores bajo condición de anonimato. La medida no solo se aplicó al personal de hospitales y jurisdicciones, sino también a empleados de oficinas centrales y áreas administrativas. Según los afectados, la instrucción provino del director administrativo, David Rangel Zermeño, y de la subdirectora de Recursos Humanos, Marcela Pozos Gerónimo. Ante esta situación, los empleados solicitaron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García y advirtieron que, de no obtener respuesta, podrían iniciar protestas en diversas instalaciones de la Secretaría de Salud durante los próximos días. Se sabe que en los días por venir, los despidos masivos seguirán, ya que algunas instancias pasan a control del IMSS Bienestar bajo la batuta del ex Secretario de Salud y ahora coordinador Estatal de esa dependencia, quien busca incrustar a sus propios empleados y jefes de oficina, aunque su intensión es repetir en el cargo que desempeñó en el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez con tan lamentables resultados. Como fuera, por lo pronto los despidos no cesarán en una Secretaría donde se requiere personal y no despedir a quienes ya cuentan con experiencia.

 

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