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Cortesia..
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Xalapa, Ver.-
Ante la ocupación de terrenos de uso común donde operan las antenas de Radio Televisión de Veracruz (RTV) y Canal 11, los ejidatarios del Tejocotal, municipio de Las Vigas, reclaman la compensación económica por pagos pendientes desde hace 22 años. Las instalaciones se ubican en el paraje conocido como Las Lajas, dentro de terrenos ejidales, sin que hasta ahora exista información pública ni documentación clara que acredite contratos, convenios de renta o algún tipo de indemnización a favor del ejido. El tema fue expuesto públicamente en la ciudad de Xalapa por el dirigente del Frente Veracruzano Social (Frevesol), Carlos Hernández Arriaga, quien acompañó a integrantes del Comité de Observación y Vigilancia del Ejido Tejocotal, conformado por 26 ejidatarios. De acuerdo con los inconformes, la falta de claridad sobre el estatus legal de las antenas ha provocado inconformidad y fracturas internas, ya que no se sabe si alguna dependencia estatal o televisora ha realizado pagos por el uso del predio, a quién se habrían entregado dichos recursos o bajo qué figura legal se permitió la ocupación. Los ejidatarios demandan que el Gobierno del Estado de Veracruz, así como las instancias responsables de las transmisiones, transparenten si existen pagos efectuados, el monto total acumulado, los periodos cubiertos y, en su caso, copias de contratos, permisos o autorizaciones que respalden la instalación de las antenas en tierras ejidales. En caso de no existir dichos documentos, exigen una explicación jurídica que justifique la ocupación prolongada de un bien de uso común sin retribución económica, situación que afirman, vulnera derechos agrarios y afecta directamente al patrimonio colectivo del ejido. Recordaron que desde julio de 2025 solicitaron formalmente la instalación de una mesa de trabajo con autoridades estatales, representantes legales de las televisoras y dependencias agrarias para revisar el tema financiero y legal; sin embargo, aunque se llevaron a cabo reuniones en agosto y septiembre de ese año, éstas no derivaron en acuerdos concretos. Los ejidatarios aseguraron que en dichos encuentros no se permitió una participación plena ni se entregó información documental, limitándose a compromisos verbales que hasta ahora no han sido cumplidos. Ante la falta de respuestas, advirtieron que no descartan recurrir a acciones legales y movilizaciones, al considerar que el caso representa una deuda histórica que debe ser aclarada y resarcida conforme a la ley. Así las cosas.
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