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XALAPA.- Vaya caso, con la detención del exalcalde morenista de Atoyac, Veracruz, Carlos Alberto Ventura de la Paz, ocurrida minutos después de concluir su mandato, suma una cadena de capturas de presidentes municipales y exediles que, de 2018 a la fecha, alcanza al menos 25 casos por presuntos vínculos con el crimen organizado y delitos como homicidio y extorsión. De acuerdo con un recuento difundido por el diario Reforma, las detenciones se han concentrado principalmente en el Estado de México y Puebla, con seis casos cada uno, seguidos de Chiapas, con cuatro, y Jalisco, con dos. Con relación a la filiación partidista, ocho de los detenidos militaban en Morena; cuatro en el PRI; cuatro en Movimiento Ciudadano; tres en el PRD; y uno en cada uno de los partidos PAN, PT, PVEM, Pacto Social, Chiapas Unido y Fuerza por México. El caso de Atoyac, Veracruz, se registró el 1 de enero, cuando Ventura de la Paz salió del Palacio Municipal de Atoyac tras concluir su periodo y perder el fuero constitucional. Minutos antes, el ex edil publicó en redes sociales: “Ahora sí, esta es la última foto en la oficina de presidencia”. La detención más reciente fue la del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, quien había asumido el cargo el 1 de octubre de 2024 y fue detenido por extorsión y presuntos vínculos con un Cártel de la delincuencia que lleva el nombre de Jalisco. En el mismo recuento, el medio señaló que una de las acciones de mayor alcance contra autoridades municipales fue la Operación Enjambre, desplegada en noviembre de 2024, que derivó en la detención de las alcaldesas María Elena Martínez Robles, de Amanalco, y María del Rosario Matías Esquivel, de Santo Tomás, ambas en el Estado de México, acusadas de nexos con el crimen organizado y otros delitos. Al respecto, las organizaciones Data Cívica y México Evalúa advirtieron en el estudio “El crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México”, publicado en 2024, responde a una estrategia de los grupos criminales para “aliarse o atacar” a autoridades municipales con el objetivo de controlar la esfera política, regenerar esquemas de protección informal, acceder a recursos públicos y regular el acceso al poder. Ese estudio reportó que entre 2018 y 2023 se registraron mil 373 eventos de violencia político-criminal, de los cuales 31 por ciento se dirigieron contra alcaldes. El 60 por ciento de los ataques tuvo un desenlace letal y 77 por ciento de las víctimas perteneció al ámbito municipal, de acuerdo con los datos citados por Reforma. El diario también documentó que un día antes de la detención del alcalde de Tequila fue capturado Gerardo Cortés Caballero, alcalde con licencia de Cuautempan, Puebla, electo por la coalición Morena-PT, acusado de extorsión, robo de mercancía, distribución de droga y portación de armas de uso exclusivo. El edil permanecía prófugo desde nueve meses antes, cuando un cateo en su domicilio derivó en el aseguramiento de drogas y armas de fuego. En ese contexto, se informó que la estrategia del Gobierno federal se ha enfocado en la captura de servidores públicos investigados por su relación con redes delictivas y en la contención de filtraciones internas que permitan fugas. El 16 de enero, Omar García Harfuch informó que la Operación Enjambre había derivado en la detención de 60 funcionarios públicos, y al 5 de febrero la cifra ascendía a 67, entre ellos presidentes municipales y mandos de seguridad. De ese total, se han obtenido 18 sentencias condenatorias, según el balance citado por el diario. Entre ellas se encuentra la de la alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, sentenciada en diciembre a 70 años de prisión por el homicidio de un síndico municipal. El recuento incluyó además la detención de los hermanos Uruviel y Giovanni González Vieyra, vinculados a Movimiento Ciudadano en Puebla, detenidos en marzo de 2025 por extorsión, lavado de dinero y asociación delictuosa, así como la posterior aprehensión de Ramiro González Vieyra, ex alcalde priista, en mayo del mismo año, tras permanecer prófugo. También se documentó el caso de Mauro Yuriel Jaúregui Muñoz, alcalde de Apulco, Zacatecas, por Movimiento Ciudadano, desaforado y detenido en julio de 2025 por presunto nexo con el Cártel de la delincuencia surgido en Jalisco, así como el nombramiento de un sustituto, Israel Ramírez Íñiguez, quien, según el recuento, “acostumbraba posar como sicario en redes sociales”.
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