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| Sobrevivientes de intento de feminicidio en San Cristóbal denuncian violencia institucional. | ||||||
| En rueda de prensa demandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), que “cumpla con su deber y actúe; un juicio con perspectiva de género, justicia sin revictimización, reparación integral del daño, medias reales y efectivas de protección y seguridad, garantías de no repetición y no discriminación”. | ||||||
| Lunes 12 de Enero de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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En rueda de prensa demandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), que “cumpla con su deber y actúe; un juicio con perspectiva de género, justicia sin revictimización, reparación integral del daño, medias reales y efectivas de protección y seguridad, garantías de no repetición y no discriminación”. Dulce, una de las víctimas, recordó que “e 25 de febrero de 2023, mi hermana, una amiga canadiense y yo fuimos víctimas de un ataque armado mientras descendíamos de la montaña” conocida como don Lauro, en la que se encuentra una ruta turística. Agregó que “dos hombres portando armas de fuego nos agredieron brutalmente; intentaron violar a una de nosotras y asesinarnos. Salimos con vida porque luchamos juntas por sobrevivir. Tras el ataque huyeron y fuimos auxiliadas por otros turistas que estaban en la zona”. Acompañada por integrantes de la llamada la asamblea Somos Fuego Feminista y la abogada Martha Figueroa, manifestó que pidieron auxilio al número 911 “y la respuesta fue que la policía no podía acudir porque los habitantes de la zona se rigen por usos y costumbres, lo que evidenció un abandono institucional absoluto en un momento crítico”. Dijo que “con el apoyo de familiares y amigos nos trasladamos a la Fiscalía Zona Altos, con sede en San Cristóbal, para denunciar los hechos, peor lejos de recibir apoyo fuimos víctimas de violencia institucional. La agente del Ministerio Público se negó en principio a atendernos, emitió comentarios revictimizantes y misóginos; minimizó el ataque armado, no hubo traductor para la amiga canadiense y nos cobraron por tomarnos la declaración”. Aseguró que la publicación de una parte de los hechos en redes sociales que hizo su hermano, “obligó a la Fiscalía a intervenir, pero a casi tres años no ha parado la violencia, hemos recibido amenazas, intimidaciones y hostigamiento de los agresores y de personas vinculadas con su defensa, además de que de que hemos enfrentado impunidad, omisiones y revictimización de diversas instituciones estatales”. Agregó: “Seguimos esperando respuestas claras y transparentes. El ataque dejó secuelas profundas en nuestra vida, daños sicológicos y físicos, pérdidas económicas y de empleo, estigmatización social y constantes intimidaciones en nuestros domicilios y redes sociales; vivimos con miedo debido a la ausencia de medidas de protección reales y efectivas”. |
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