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| Tamaulipas tiene un problema recurrente de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones a manos de militares: Amnistía Internacional. | ||||||
| El uso excesivo de la fuerza en Tamaulipas y las ejecuciones a manos de las fuerzas armadas se han traducido en graves violaciones a derechos humanos, advirtió Amnistía Internacional. Ante ello propone cuatro principios para desmilitarizar la seguridad pública en México. | ||||||
| Miércoles 20 de Noviembre de 2024 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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Así lo advierte la organización Amnistía Internacional en su más reciente informe Cambiando el paradigma: de la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque en derechos humanos en el que analizó tres masacres cometidas en la entidad en el primer semestre de 2023: el 23 de febrero, el 16 de abril y el 18 de mayo. Eventos que “no constituyen hechos aislados”, sino que se inscriben “en una línea de conducta ilegítima y abusiva por parte de militares” que se suma a al menos otros cuatro “incidentes” similares en Tamaulipas, desde el 2019, en los cuales miembros de las fuerzas armadas han ejecutado extrajudicialmente a diversas víctimas. Las masacres en Nuevo Laredo durante el 2023 La primera masacre que analizó fue la ocurrida durante la madrugada del 26 de febrero de 2023, en la que siete hombres que se encontraban en una camioneta fueron perseguidos y atacados por cuatro vehículos militares dejando como saldo cinco personas muertas y una persona gravemente herida. La segunda masacre ocurrió la mañana del 16 de abril de 2023, en la carretera federal Nuevo Laredo-Piedras Negras, en la que agentes de la Guardia Nacional atacaron una camioneta en la que viajaban cinco miembros de una familia, un hecho en el que murieron dos personas, incluida una adolescente de 15 años. La tercera masacre fue la del 18 de mayo de 2023, en la que la propia Secretaría de la Defensa Nacional informó que soldados abrieron fuego en contra de los tripulantes de una camioneta, supuestamente en respuesta a una agresión, en la que cinco personas habrían fallecido debido al intercambio de disparos, pero que gracias a un video se pudo comprobar que las personas ya habían sido sometidas y alineadas junto a una pared cuando los soldados les dispararon. En todos los casos, los soldados no solo coincidieron en obstaculizar o negar la atención médica de urgencia a las víctimas, sino que además presentaron un relato de hechos “inverosímiles” en que aseguraban que se había tratado de un enfrentamiento armado, por lo que la organización Amnistía Internacional concluyó que en todos hubo violaciones tanto al derecho a la vida como al derecho a la integridad física. “En el caso de algunas personas fallecidas, la forma en la que ocurrieron los hechos indica que, al momento de morir, no representaban una amenaza pues estaban gravemente heridas y sin armamento, (lo que) lleva a concluir que se podría haber tratado del crimen internacional de ejecuciones extrajudiciales, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Además, la organización señaló que las acciones de las fuerzas armadas no fueron investigadas con la debida diligencia y no todas las personas sospechosas de responsabilidad penal han comparecido ante los tribunales de justicia. “Se destaca, en particular, la persistencia del uso del fuero militar, inadecuado para investigar la presunta responsabilidad penal individual de miembros de las fuerzas armadas; el control de la fiscalía militar en la investigación para indagar si se violó la disciplina militar y, con ello, la obstaculización del trabajo de la Fiscalía General de la República”. Por los motivos anteriores es que la organización internacional señala que algunas de estas violaciones graves a derechos humanos podrían constituir crímenes de derecho internacional que deberían ser indagados por tribunales civiles ordinarios, y no por las mismas fuerzas armadas. Amnistía Internacional propone cuatro principios para la desmilitarización Ante esta situación, en su informe la organización Amnistía Internacional propone cuatro principios para la desmilitarización de la seguridad pública en México, basados en el derecho y los estándares de derechos humanos: El primer principio se enfoca en diseñar estrategias de seguridad enfocadas en la protección y respeto de los derechos humanos, mientras que el segundo principio se enfoca en enfocar una reforma policial comprometida a que las funciones de cumplimiento de la ley y las labores de seguridad sean llevadas a cabo por un organismo federal con mando, estructura, disciplina y adscripción de carácter civil. El principio tres es modificar de forma inmediata el funcionamiento de la Guardia Nacional para asegurar el pleno respeto de los derechos humanos en todas sus operaciones y el cuarto es encaminar una reforma militar para delimitar las funciones de las Fuerzas Armadas bajo un marco normativo que respete y garantice los derechos humanos. Además, recomienda a México reorientar la política de seguridad de México adoptando un enfoque de seguridad ciudadana que aborde las diferentes dimensiones de la criminalidad y violencia, con respeto a los derechos humanos internacionalmente reconocidos y disponer que la política sobre control de drogas se base en el respeto de los derechos humanos y tenga un enfoque de salud y no de seguridad. Por: Alfredo Maza |
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