De Veracruz al mundo
Jueces piden acción de la CIDH ante la reforma judicial.
Fueron figuras internacionales quienes han expresado su preocupación por las implicaciones de la reforma al Poder Judicial en México
Martes 12 de Noviembre de 2024
Por: El Heraldo de México
Foto: X.
Ciudad de México.- Juzgadores mexicanos fueron escuchados en una audiencia celebrada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C., Estados Unidos, expusieron que sus derechos han sido vulnerados con la aprobación de la reforma al poder judicial.

“Es importante en este sentido que la Comisión Interamericana se pronuncie y haga uso de todas sus facultades para poder frenar una destitución arbitraria, masiva de jueces y juezas”, dijo Fabián Sánchez Matus, acompañante de juezas de distrito.


Además juzgadoras advirtieron que la reforma, desde su creación, ha implicado una violencia política de género, afectando principalmente a las mujeres; “para 2027 la totalidad de las operadoras de justicia, es decir, 486 mujeres seremos removidas”, destacó la jueza Claudia Helena Hurtado.

No afectarán los derechos de los trabajadores con la reforma


Por su parte representantes del Estado, defendieron la reforma. “Ninguna de las modificaciones constitucionales contempla afectar los derechos de los trabajadores”, dijo José Antonio Montero Solana, Consejero Jurídico de la Presidencia.


Además de los argumentos presentados por los juzgadores mexicanos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), figuras internacionales han expresado su preocupación por las implicaciones de la reforma judicial en México.

Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de las Naciones Unidas, fue tajante al señalar que: "destituir a todos los jueces en funciones que se negaron a presentarse a las elecciones antes del final de su mandato, viola claramente la seguridad judicial en el cargo". Según Satterthwaite, esta medida atenta contra principios fundamentales de estabilidad y autonomía del poder judicial.





Por su parte, Mariclaire Acosta, representante del colectivo La Justicia que Queremos, señaló que la reforma pone en riesgo la imparcialidad del sistema judicial al "reemplazar el mérito por la popularidad", convirtiendo a los jueces en actores políticos sujetos a la opinión pública y perdiendo su rol neutral y objetivo.

Ante estas preocupaciones, Luz Baños, embajadora de México ante la Organización de Estados Americanos, OEA, defendió la reforma señalando que el procedimiento constitucional está diseñado para garantizar que cualquier cambio se logre mediante un amplio consenso, respetando tanto los principios democráticos como los derechos fundamentales de los ciudadanos.

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