Repudia RELE hechos de violencia contra periodistas en México

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Repudia RELE hechos de violencia contra periodistas en México.

A estos crímenes se suman reportes de agresiones, amenazas, secuestros y ataques contra la prensa y sus instalaciones.

Martes 05 de Noviembre de 2024

Por: LA ALDEA DE LA INFORMACION.

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Washington.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudia los hechos de violencia contra periodistas y medios de comunicación en México. Esta Oficina llama al Estado a llevar a cabo investigaciones diligentes y exhaustivas, así como a identificar y sancionar a los responsables. Además, expresa su disposición para dialogar con representantes del gobierno sobre la grave situación de violencia que enfrentan las y los periodistas en el país.
En 2024, la Relatoría Especial ha registrado con preocupación el asesinato de al menos siete profesionales de la comunicación, incluyendo a los periodistas Enrique Hernández Avilez, Roberto Figueroa, Víctor Morales, Alejandro Martínez Noguez, Mauricio Cruz Solís y Patricia Ramírez González, así como el locutor de radio Martín Antonio Olivier Rodríguez.
El asesinato más reciente corresponde a la periodista Patricia Ramírez González, ocurrido el 30 de octubre en Colima, Michoacán. Según los informes disponibles, la periodista fue atacada con arma de fuego mientras se encontraba en un establecimiento comercial. La Fiscalía General del Estado de Colima ha señalado que el agresor se dirigió al lugar, disparó y posteriormente se dio a la fuga. La Relatoría ha registrado el anuncio de investigación realizado por la Fiscalía, en el que se informó sobre la recolección de indicios y el inicio de una investigación exhaustiva para esclarecer los motivos del ataque y localizar a los responsables.
La Relatoría Especial también registró el asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís, ocurrido el 29 de octubre en Uruapan, Michoacán. Según informes públicos, el reportero de Minuto X Minuto Michoacán fue atacado a balazos tras haber realizado una entrevista con el presidente municipal. La Fiscalía General del Estado de Michoacán ha anunciado la apertura de una investigación, informando que se están llevando a cabo diligencias en el lugar de los hechos conforme al protocolo sobre delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Asimismo, esta Oficina conoció del asesinato del periodista Enrique Hernández Avilez, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 3 de septiembre en una fosa clandestina en la comunidad de Espejo Potrero, ubicada en Taxco de Alarcón, Guerrero. El periodista había sido reportado como desaparecido el 20 de junio, tras haber sido visto por última vez el 18 de junio, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría General de Gobierno. La Fiscalía General del Estado de Guerrero ha señalado que agentes de la policía municipal de Taxco estarían involucrados en el crimen. Según reportes oficiales dichos agentes fueron detenidos el 29 de agosto y posteriormente presentados ante un juez, quien el 31 de agosto dictó “prisión preventiva justificada” por su presunta participación en el delito de desaparición forzada.
Frente a estos hechos, la Relatoría Especial enfatiza en que el asesinato de periodistas es la forma más extrema de censura y no puede ser tolerado en sociedades democráticas. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos crímenes, sancionar a los responsables y garantizar una adecuada reparación a las víctimas. De acuerdo con el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, “el asesinato, secuestro, intimidación y amenazas a comunicadores, así como la destrucción de medios, violan los derechos fundamentales y restringen gravemente la libertad de expresión”. La RELE ha señalado que estos actos generan un efecto de autocensura que inhibe la labor periodística y compromete el derecho de las personas a acceder y compartir información e ideas de toda índole.

A estos crímenes se suman reportes de agresiones, amenazas, secuestros y ataques contra la prensa y sus instalaciones. Así, por ejemplo, el 17 de octubre, la RELE documentó un ataque armado contra el periódico El Debate en Culiacán, Sinaloa, donde individuos armados dispararon contra las instalaciones, causando daños a varios vehículos, incluyendo dos del medio. Al día siguiente, El Debate informó obre el secuestro de su repartidor, Sergio Cárdenas Hernández. La Relatoría Especial toma nota de las declaraciones del gobernador de Sinaloa y el alcalde de Culiacán, quienes condenaron el ataque y se comprometieron a mejorar la seguridad de los medios y periodistas.
Asimismo, la RELE registró el secuestro de Alberto Toledo, hijo del periodista Marco Antonio Toledo,ocurrido l noche del 29 de octubre en Taxco, Guerrero, y que duró alrededor de nueve horas. Según reportes públicos, el periodista y su familia habían sido secuestrados previamente en noviembre del año pasado.
Además de estos hechos públicos, periodistas y comunicadores han informado directamente a la Relatoría Especial sobre deficiencias en la efectividad de las medidas de protección asignadas, así como las debilidades del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Este conjunto de factores ha generado una sensación generalizada de temor, inseguridad y desprotección entre las y los profesionales de la prensa, lo que en muchos casos los ha llevado a autocensurarse, exiliarse o abandonar su profesión. Esto, a su vez, ha contribuido a la formación de zonas de silencio informativo en el país.
Frente a estos hechos, la RELE reitera su llamado a las autoridades de México para que lleven a cabo investigaciones diligentes, exhaustivas e imparciales en los casos de crímenes contra periodistas y ataques a medios de comunicación.
La Relatoría Especial toma nota de los esfuerzos del Gobierno de México para fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como las iniciativas a nivel federal y estatal para abordar la violencia contra periodistas. De acuerdo con la información proporcionada por el Estado a esta Oficina, el presupuesto de este mecanismo ha incrementado entre 2018 y 2024 en comparación con años anteriores. Para 2024, se ha autorizado un presupuesto de más de 599 millones de pesos, lo que, según el Estado, refleja su compromiso con la protección de defensores de derechos humanos y periodistas.

No obstante, el monitoreo y los reportes recibidos por esta Oficina sugieren que estos esfuerzos podrían resultar insuficientes. Ante la gravedad de la situación, la Relatoría Especial manifiesta su disponibilidad para dialogar con representantes del gobierno, con el objetivo de conocer las acciones que se están implementando y contribuir al fortalecimiento de las medidas adoptadas en esta nueva administración para enfrentar el fenómeno de la violencia contra periodistas en México. En este contexto, también insta al Estado mexicano a mantener y profundizar los esfuerzos del Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

A estos crímenes se suman reportes de agresiones, amenazas, secuestros y ataques contra la prensa y sus instalaciones. Así, por ejemplo, el 17 de octubre, la RELE documentó un ataque armado contra el periódico El Debate en Culiacán, Sinaloa, donde individuos armados dispararon contra las instalaciones, causando daños a varios vehículos, incluyendo dos del medio. Al día siguiente, El Debate informó obre el secuestro de su repartidor, Sergio Cárdenas Hernández. La Relatoría Especial toma nota de las declaraciones del gobernador de Sinaloa y el alcalde de Culiacán, quienes condenaron el ataque y se comprometieron a mejorar la seguridad de los medios y periodistas.
Asimismo, la RELE registró el secuestro de Alberto Toledo, hijo del periodista Marco Antonio Toledo,ocurrido l noche del 29 de octubre en Taxco, Guerrero, y que duró alrededor de nueve horas. Según reportes públicos, el periodista y su familia habían sido secuestrados previamente en noviembre del año pasado.
Además de estos hechos públicos, periodistas y comunicadores han informado directamente a la Relatoría Especial sobre deficiencias en la efectividad de las medidas de protección asignadas, así como las debilidades del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Este conjunto de factores ha generado una sensación generalizada de temor, inseguridad y desprotección entre las y los profesionales de la prensa, lo que en muchos casos los ha llevado a autocensurarse, exiliarse o abandonar su profesión. Esto, a su vez, ha contribuido a la formación de zonas de silencio informativo en el país.
Frente a estos hechos, la RELE reitera su llamado a las autoridades de México para que lleven a cabo investigaciones diligentes, exhaustivas e imparciales en los casos de crímenes contra periodistas y ataques a medios de comunicación.
La Relatoría Especial toma nota de los esfuerzos del Gobierno de México para fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como las iniciativas a nivel federal y estatal para abordar la violencia contra periodistas. De acuerdo con la información proporcionada por el Estado a esta Oficina, el presupuesto de este mecanismo ha incrementado entre 2018 y 2024 en comparación con años anteriores. Para 2024, se ha autorizado un presupuesto de más de 599 millones de pesos, lo que, según el Estado, refleja su compromiso con la protección de defensores de derechos humanos y periodistas.