De Veracruz al mundo
Programas sociales terminan sexenio con presupuesto histórico, pero menor cobertura para los más pobres del país.
Pese a que en 2024 el presupuesto para política social alcanzó un máximo histórico de 3 billones 755 mil millones de pesos, especialistas señalan que el número de programas sociales ha disminuido en la actual administración.
Domingo 19 de Mayo de 2024
Por: animalpolitico.com
Foto: Cuartoscuro .
Ciudad de México.- La política social será uno de los temas a tratar en el tercer debate presidencial, en el que Claudia Sheinbaum (candidata de Morena-PT-PVEM), Xóchitl Gálvez (de la coalición PAN-PRI-PRD) y Jorge Álvarez Máynez (de Movimiento Ciudadano) presentarán sus propuestas en la materia y discutirán sobre los resultados que han dejado los programas sociales en esta administración.

Pero, ¿cómo ha sido el desempeño de estos programas y qué resultados han tenido en los últimos cinco años? Animal Político presenta las claves para entender la política social del sexenio de López Obrador.


Presupuesto histórico
“Primero los pobres” ha sido una de las frases que más ha repetido el presidente para referirse a su forma de gobierno, que ha tenido como prioridad los programas sociales de “apoyos directos”.

Pese a que para 2024 el presupuesto para política social alcanzó un máximo histórico de 3 billones 755 mil millones de pesos –que representan 41% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación–, especialistas señalan que el número de programas sociales ha disminuido en la actual administración, y los existentes tienen irregularidades en la conformación de los padrones de beneficiarios que afectan su operación y limitan sus impactos positivos para los más pobres.


De acuerdo con un análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), “aunque los programas sociales tengan un monto sin precedentes para el 2024, estamos dando palos de ciego en tanto no se garantiza el ejercicio eficiente de los recursos ni la operación correcta de los programas”.

El IMCO subrayó que este aumento de presupuesto para el desarrollo social “se da en un contexto de finanzas públicas ajustadas”, por lo que consideró que para solventarlo “se tendrá que incurrir en el endeudamiento”.

Actualmente, hay ocho programas que concentran el 17.2% del presupuesto para desarrollo social: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, Sembrando Vida, Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro y el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

El programa con mayor presupuesto y beneficiarios es la Pensión para Adultos Mayores, cuyos recursos equivalen al 85% del total de los que se asignaron en 2024 a la Secretaría del Bienestar. Desde 2018, ha tenido un aumento de 771.4% de presupuesto, al pasar de 53 mil 367 millones de pesos en 2018 a 465 mil 49 millones en 2024, monto con el que este año se otorgan transferencias de 6 mil pesos bimestrales a los más de 10 millones 878 mil beneficiarios.


Programas tienen mayor cobertura, pero no llegan a los más pobres
“Primero los pobres” ha sido una de las frases que más ha repetido el presidente para referirse a su forma de gobierno, que ha tenido como prioridad los programas sociales de “apoyos directos”, sin embargo, datos oficiales muestran que quienes se han beneficiado más de esta política son los hogares con mayores ingresos.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), elaborada por el INEGI, en 2022 la cobertura de los programas sociales fue del 34% de los hogares, un incremento de 6 puntos porcentuales respecto a 2018 –último año del gobierno de Enrique Peña Nieto–, y 4 puntos por arriba del 28% que se registró en 2020 –primera medición de la administración de López Obrador–.

Sin embargo, la asociación México Cómo Vamos indicó que, al profundizar el análisis se observa una caída de alrededor de 20% en la cobertura en los hogares de menores ingresos en 2020 y 2022, respecto de la que se presentaba en 2016 y 2018.


Esta caída en el alcance de los hogares de menos ingresos también se observa en el ingreso promedio mensual por programas sociales, que también disminuyó para la población de menores ingresos, mientras que se incrementó para los hogares con mayores ingresos.

Para la asociación, “estos resultados anticipan la necesidad de realizar una revisión a la actual política social sobre transferencias monetarias para recuperar la cobertura observada en los hogares de menores ingresos en años anteriores. Los programas sociales de la administración del presidente López Obrador son menos progresivos que lo que se observaba durante la administración del presidente Peña Nieto”.

Las irregularidades en los programas señaladas por la Auditoría
Además de estas observaciones que han realizado desde la sociedad civil a los programas sociales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado presuntas irregularidades en la conformación de los padrones de beneficiarios y el destino de los recursos.

En su revisión a la cuenta pública de 2020, la ASF encontró presuntas irregularidades como el pago de becas a personas fallecidas, dispersión de recursos a beneficiarios con CURP inválida o inexistente, así como pagos duplicados en la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, que sumaron más de 100 millones de pesos por comprobar.


La Auditoría detectó irregularidades por 96 millones 797 mil pesos en la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, por el reparto de apoyos a 5 mil 33 personas que no tenían vigente la CURP, a más de mil aunque no contaban con esta clave única y a 324 beneficiarios que ya habían fallecido.

Este fue el segundo año en el que la ASF encontró irregularidades en el programa, ya que en 2019 señaló que este presentó “deficiencias en su diseño e implementación”, como la entrega de becas a más de 4 mil personas que rebasaron la edad máxima de 67 años para recibir la ayuda, que en el padrón no se registró qué tipo de discapacidad tiene la persona que obtuvo y, en algunos casos, las personas fueron inscritas sin que se incluyeran sus dos apellidos.

En el caso del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, la ASF encontró posibles daños por 7 millones 68 mil pesos que se gastaron en el ejercicio fiscal de 2020, por la entrega de apoyos a beneficiarios sin CURP o que rebasaban la edad límite establecida para recibir el apoyo.

La Pensión para Personas Adultas Mayores también tuvo observaciones por parte de la ASF, ya que en la revisión de la cuenta pública de 2021 encontró que la Secretaría del Bienestar tiene pendiente por demostrar el gasto de 60 millones 65 mil 770 pesos en entregas de apoyos que se dieron a muertos, en pagos de marcha de beneficiarios que no han fallecido y a algunos cuyos nombres no aparecen en el padrón del programa.

Otros 16 millones 481 mil 848 pesos pendientes de aclarar fueron utilizados para la dispersión de las pensiones, según la Secretaría del Bienestar, pero la ASF no encontró documentos probatorios sobre su destino.

Sembrando Vida tiene pendiente aclarar 8 millones 470 mil 789 pesos de la cuenta pública de 2021, ya que no demostró el destino del dinero para apoyos económicos de 451 personas beneficiarias.

La Auditoría también señaló que Bienestar debe aclarar el destino de 406 mil 789 pesos, pues la dependencia no acreditó el procedimiento para definir los bienes y servicios necesarios por adquirir en el ejercicio 2021 para la entrega de apoyos en especie y los procedimientos de contratación carecieron de documentación para determinar que los proveedores aseguraron las mejores condiciones para el Estado.

Los señalamientos por uso electoral de los programas sociales
Entre 2019 y 2023, el presidente encabezó más de un centenar de eventos especialmente dedicados a los programas de la Secretaría del Bienestar, con los que visita distintos estados para hablar sobre política social.

Además, funcionarios de la Secretaría del Bienestar, delegados estatales y programas sociales y servidores de la nación han recorrido el país con brigadas casa por casa, conferencias de prensa y eventos de entrega de tarjetas en los que recuerdan que los programas sociales fueron creados por López Obrador.

Esto, sin importar que la Constitución mexicana, en su artículo 134, establece la prohibición de hacer propaganda con recursos públicos, por lo que no pueden usarse nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público.

Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la asociación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, explicó que los programas sociales están diseñados “para ser identificados con el presidente: desde los primeros años, con la construcción de padrones que llamaron ‘Censo del Bienestar’ y una estructura a nivel operativo que llamaron ‘Servidores de la Nación’ que venía de la defensa del voto de Morena, o sea, pasaron la estructura del partido a la Secretaría del Bienestar, le pusieron el color del partido a sus chalecos, al inicio hasta el nombre del presidente, y empezaron con el discurso de que les mandaba una transferencia”.

Desde septiembre pasado, el Instituto Nacional Electoral publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos que establecen medidas preventivas para evitar la injerencia de personas servidoras públicas que manejan programas sociales en el proceso electoral federal y los procesos locales 2023-2024, en acatamiento de una sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Estos lineamientos –resultado del reclamo de partidos de oposición sobre el presunto uso electoral de los programas del Bienestar– establecen que los Servidores de la Nación y todos aquellos funcionarios relacionados con la entrega de apoyos sociales no podrán ser representantes de partido, observadores o funcionarios de casilla y tampoco podrán presionar con suspender la entrega de recursos, servicios, programas u obras públicas.








Por: Eréndira Aquino

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