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XALAPA.- La Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que Fernando Benítez Obeso, exsecretario de Salud en el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, no será responsable de resarcir la suma de 202 millones 341 mil 455.66 pesos, relacionados con un desvío de recursos del programa Seguro Popular. Sin embargo, en una reciente resolución, se mantiene la presunción de legalidad respecto a un perjuicio menor de 82 mil 790.66 pesos por intereses no reintegrados durante su gestión, al "equivocarse con una transferencia". De acuerdo con el Juicio Contencioso Administrativo 1030/22-13-01-1/185/23-S2-06-04, promovido por Benítez Obeso contra el director general de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se discutió la resolución emitida el 19 de abril de 2022, que determinaba su responsabilidad en el desvío de 202 millones 424 mil 236.22 pesos. La cantidad para resarcir se desglosaba en dos observaciones: la primera, por 202 millones 341 mil 455.66 pesos, correspondiente a la erogación de recursos del presupuesto del programa Seguro Popular 2015 para el pago de pasivos de los ejercicios 2014, 2013 y 2012. La segunda se refería a 82 mil 790.66 pesos en intereses generados por una transferencia errónea a un tercero, la cual fue reintegrada. En la sesión del tribunal, presidida por el magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas y con la participación del magistrado Julián Alfonso Olivas Ugalde, quien emitió un voto particular, se llegó a la conclusión de que no se configuró la responsabilidad resarcitoria del exfuncionario por la cantidad señalada. No obstante, se determinó que sí existió un perjuicio de 82 mil 790.66 pesos debido a la falta de reintegro de intereses derivados de la transferencia errónea durante su gestión como titular de Salud. En ese tenor, el tribunal destacó que la autoridad no excedió el plazo legal de cinco años para proceder contra Benítez Obeso, pero falló a su favor al determinar que no tuvo responsabilidad en la dispersión de los 202 millones de pesos mencionados. Con relación al cuestionamiento sobre el resarcimiento del daño a la Hacienda Pública, el ex Secretario de Salud justificó que los recursos fueron utilizados en gastos propios de la administración y que la transferencia errónea había sido devuelta. Durante la ponencia, se dejó constancia de que el exfuncionario comunicó a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud la existencia de pasivos del programa Seguro Popular de los ejercicios 2014, 2013 y 2012, así como la falta de recursos del Ejercicio 2014 por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. Benítez Obeso solicitó información sobre la procedencia del pago de los pasivos de años anteriores con cargo al presupuesto del ejercicio 2015 y recibió una respuesta afirmativa por parte de la directora de Cálculo y Análisis Financiero de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. "(...) al no haber acreditado la autoridad demandada un daño causado y expresable en dinero en perjuicio del fisco federal pues la conducta del actor estuvo apegada al marco jurídico que normaba la ejecución del gasto del programa aludido contando incluso con la anuencia del órgano Federal Encargado de la Ejecución del Programa, es decir, de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, también con la anuencia y opinión favorable de su órgano interno de control e incluso de la opinión favorable de la propia Auditoría Superior de la Federación sobre en qué supuestos era posible operar de la manera en que lo hizo", se lee en la resolución.
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