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Desechan petición de juicio político contra gobernador de Colima.
La Comisión de Responsabilidades del Congreso del estado desechó una solicitud de juicio político contra el gobernador Ignacio Peralta Sánchez para procesarlo por la crisis financiera que atraviesa su gestión donde desde tres quincenas no se les paga el salario a miles de trabajadores, policías, jueces y maestros.
Miércoles 27 de Octubre de 2021
Por: La Jornada
Colima.- La Comisión de Responsabilidades del Congreso del estado desechó una solicitud de juicio político contra el gobernador Ignacio Peralta Sánchez para procesarlo por la crisis financiera que atraviesa su gestión donde desde tres quincenas no se les paga el salario a miles de trabajadores, policías, jueces y maestros.

En su explicación, el priista Héctor Magaña Larios, coordinador de la bancada de su partido, señaló que el recurso de juicio político, presentado por la ex diputada morenista Claudia Aguirre en la pasada legislatura, está “plagado de irregularidades”.

“Nos oponemos a ser comparsas de una serie de concertaciones que se han venido consumando entre algunos ex diputados con el Gobierno Estatal que está pronto a fenecer (sic) y que tiene que ver con la extraña presentación de un documento de juicio político plagado de irregularidades a escasas horas del término legal de la anterior Legislatura” el pasado 30 de septiembre.

Afirmó que desde la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado "nos pronunciamos en contra de respaldar un documento de Juicio Político qué este viciado de origen y que se convierta en un artilugio legal que fomente la impunidad de los presuntos implicados".

De acuerdo al resolutivo de la Comisión de Responsabilidades, integrada por los diputados Rigoberto García Negrete del PAN, Héctor Magaña Lara del PRI y la diputada Priscila García Delgado del PAN, “la denuncia no estaba apoyada en elementos probatorios suficientes”.

En respuesta, la ex diputada morenista Claudia Aguirre, en un posicionamiento público dado a conocer en sus cuentas de redes sociales, señaló que la denuncia está basada en “las cuentas públicas así como los decretos respectivos en los que se apoyan el cúmulo de irregularidades cometidas por los denunciados, además de ser hechos notorios, están publicados en el Periódico Oficial y hacen prueba plena en contra de los señalados, por lo que debieron continuar con el trámite de la denuncia presentada”.

Con esta determinación, que además ni siquiera fue avalada por el Pleno del Congreso, señaló Aguirre, los diputados y la diputada que votaron a favor evidenciaron “su indolencia y su complicidad con el régimen actual, al que buscan proteger a toda costa, aun sabiendo el cúmulo de irregularidades que tienen a nuestro estado sumido en la peor crisis de su historia”.

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