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XALAPA.- La Secretaria de Gobierno del Estado de Veracruz emitió su “Protocolo Interinstitucional para la Atención de Personas Migrantes”, con la finalidad de brindar certeza jurídica a los miles de migrantes que transitan por Veracruz rumbo al país vecino del norte. La institución anuncia que su Protocolo entra en vigor a partir de este 8 de octubre, y entre sus principales disposiciones contempla el respeto a los derechos humanos de los migrantes, en todo momento, por lo que no tiene que haber discriminación. Bajo éste precepto, a partir de ahora la Estación Migratoria de Acayucan del Instituto Nacional de Migración (INM) deberá garantizar el derecho a buscar y recibir asilo y el derecho a la no devolución de los migrantes a su país de origen. El documento se emite porque Veracruz, es una entidad de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, por lo que resulta necesario contar con un protocolo eficaz y eficiente en materia migratoria, que permita brindar confianza a las personas dentro del territorio veracruzano, y que tutele la actuación de las y los servidores públicos, con la finalidad de brindar certeza jurídica en este rubro. Al Protocolo se le da tal alcance que se anota que las personas migrantes cuentan con los mismos derechos que las personas nacionales, por lo que deberán tener acceso a los mismos derechos y bajo las mismas condiciones y, se establece el principio de no separación de los integrantes de una familia. Igualmente se anota que en este contexto de emergencia sanitaria, tanto los cuerpos policíacos como la autoridad migratoria, evitarán el empleo de estrategias de detención migratoria u otras medidas que aumenten los riesgos de contagio en la enfermedad genera por el SARS-CoV-2, la Covid-19. De hecho se menciona que se promoverá el diálogo de la Secretaría de Salud (SSA) y el INM para la adecuada implementación del “Protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración”. Para efectos de atención ante la pandemia, se informará a los migrantes sobre el funcionamiento del sistema de salud en la localidad y opciones de acceso; proporcionará a albergues y estaciones migratorias suficiente material de aseo (agua, jabón, gel desinfectante y cubrebocas). También se deberán establecer protocolos de sanitización de dormitorios y comedores; identificar a personas en riesgo de complicaciones por Covid-19 como personas adultas mayores, con diabetes, hipertensión o enfermedades crónicas; acondicionar lugares de aislamiento ante posibles contagios y; relocalizar a personas migrantes. Así mismo se anuncia que se implementarán rápidamente mecanismos para la liberación de los migrantes que actualmente se encuentren en centros de detención; se otorgará documento migratorio humanitario a las personas que estando en los albergues carecen de ello, para que puedan tener acceso a servicios y se puedan identificar. El Protocolo también marca que la autoridad migratoria deberá abstenerse de implementar medidas que puedan obstaculizar, intimidar y desestimular el acceso de las personas en situación de movilidad humana a los programas, servicios y políticas de respuesta y atención ante la pandemia. Incluso advierte el documento que en situaciones en las que se identifiquen esos riesgos, las autoridades (incluidos los organismos de seguridad) tienen la obligación de proteger a las personas migrantes ante posibles malos tratos. Incluso se señala que las autoridades tendrán la responsabilidad específica de no fomentar los discursos negativos contra las personas migrantes y de rebatirlos. La protección a los migrantes mediante éste Protocolo incluye que se les exentará de sanciones o cualquier otra infracción, así como de enjuiciamiento penal por actos cometidos como consecuencia de ser víctimas de tráfico o trata de personas. Ningún migrante podrá ser privado de su libertad ni molestado en su persona sin que se cumplan las formalidades del procedimiento y exista previamente una orden fundada y motivada emitida por autoridad competente, tendrán derechos a la información y a asistencia legal, consular, a un intérprete, a la salud, así como a expedición de actas civiles, anota el documento. Por lo mismo, se apunta que las autoridades deberán adoptar medidas para evitar retrasos innecesarios en los procesos administrativos y judiciales, a fin de no prolongar indebidamente el sufrimiento al recordar los sucesos vividos, y promover un manejo adecuado del riesgo de retraumatización como consecuencia de estos procesos. Las autoridades obligadas a dar atención a migrantes son SSP, FGE, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, Sesver, Secretaría de Educación, DIF, CEDH, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Instituto Veracruzanos de las Mujeres. En su tránsito, los migrantes se enfrentan principalmente al robo, operativos migratorios irregulares, secuestro, crimen organizado, homicidio, discriminación, violencia, rutas peligrosas, violencia sexual, extorsión, corrupción, agresiones, trata de personas, entre otras circunstancias que derivan en violaciones a los derechos humanos.
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