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Crimen de Monzón muestra el preocupante grado de violencia que se enfrentan defensores de derechos humanos en México
MEMORANDUM 1.- En México los asesinatos de mujeres ya volvieron cotidianos, pero la Delegación de la Unión Europea en México –a diferencia de las autoridades mexicanas- no han perdido la capacidad de asombro, y en ese tenor condena el asesinato de la abogada Cecilia Monzón ocurrido en Puebla. En una declaración deja en claro que es "alarmante el número de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en el País", por lo que urgió a las autoridades "a hacer uso de todos los medios a su alcance para generar entornos favorables” para que “puedan ejercer su labor libremente y sin amenazas, garantizar su protección y evitar que el asesinato de la señora Monzón quede en la impunidad”. La Delegación, junto con Noruega y Suiza, recordó que Monzón, al ser ciudadana española, también lo era de la Unión Europea, por lo que expresó sus condolencias y su solidaridad con la familia y amigos de la víctima. “La muerte de la Sra. Monzón demuestra una vez más el preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchas personas defensoras de derechos humanos en México, fenómeno contra el cual luchaba la misma Sra. Monzón”, expresó el organismo europeo. Señaló que toma nota del compromiso del estado de Puebla de abrir una investigación que esclarezca los hechos. “Reiteramos nuestro llamamiento a las autoridades mexicanas competentes, a nivel federal y estatal, para que desplieguen todos los esfuerzos posibles para proteger efectivamente a las personas defensoras de derechos humanos para que puedan ejercer su labor sin tener que poner en riesgo sus vidas y que dichas autoridades lleven a cabo investigaciones expeditas y transparentes con el fin de identificar y juzgar a los responsables para que no haya "zonas de silencio" donde ninguna persona defensora se atreva a trabajar”, de acuerdo con el posicionamiento.
Amlito Moreno debe aclarar el dicho de que “a periodistas no hay que matarlos a balazos, papá…hay que matarlos de hambre”
MEMORANDUM 2.- Guerra sucia o no, el dirigente nacional del PRI, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas debe aclarar el dicho que ahora le coloca nuevamente en el ojo del huracán al difundirse un audio en el que, al estilo Andrés Manuel López Obrador expresa que “a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá…hay que matarlos de hambre…”. El nuevo audio escándalo difundido la noche del martes por la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román durante la transmisión de su programa “Martes de Jaguar”, no es el único que incrimina a Amlito en versiones escandalosas, y en ese tenor, la gobernadora se refirió también al pago de al menos 5 millones de dólares al estratega político español Antonio Solá, lo que constituye un delito electoral, por lo que anunció que hoy presentará denuncia ante el Instituto Nacional Electoral. “A Solá le pagaban un millón de pesos diarios con el dinero de los campechanos y además no pagaba impuestos, ya que se lo enviaban a Panamá” acusó Sansores San Román. Durante su programa, difundido a través de sus redes sociales y en algunas plataformas digitales, Sansores San Román presentó un primer audio donde se oye a Moreno Cárdenas en plática con alguien que aparentemente es un cirujano plástico, quien le sugiere algunas operaciones en su rostro y a quien, en compensación por su trabajo, pone a disposición su avión para que viaje a Campeche “unos tres o cuatro días” con todos los gastos pagados. En un segundo audio, se escucha una plática de Moreno Cárdenas con una persona no identificada sobre el supuesto pago a propietarios de medios de información de Campeche y señala que “a los periodistas no hay que matarlos a balazos papá…hay que matarlos de hambre…”.
Desde 2019, Secretaría de Salud había reportado medicamentos por caducar; Indira Rosales presenta queja ante la CNDH
MEMORANDUM 3.- A pesar de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se rasgó las vestiduras el día de ayer, al tratar de justificar la concentración de más de 884 mil medicamentos en las bodegas centrales de la Secretaría de Salud, algunos de ellos oncológicos de alto costo y próximos a caducar, lo cierto es que desde el inicio de la actual administración estatal, la Secretaría de Salud había detectado la problemática de las medicinas caducas o cerca de caducar, ante lo cual únicamente solicitó que se hicieran reportes, pero no que se agilizara su distribución. De acuerdo con el oficio número SESVER/DA/SRM/0657/2019, el subdirector de Recursos Materiales de esa dependencia, Antonio Pola Navarro, solicitó al director de Atención Médica, Mario Alberto Amat Traconis, hacer un inventario y reporte mensual de las medicinas caducas o que estén por vencer, para simplemente contar con la información. En el documento se solicita que se gire instrucciones al personal responsable del almacén y farmacias de las Unidades Aplicativas de Sesver, para que los insumos caducados sean incluidos en una pestaña anexa en el reporte de insumos por caducar. "Lo anterior con la finalidad de llevar un control adecuado de lotes y caducidades, permitiendo determinar qué Unidades Aplicativas cuentan con insumos caducados y en qué estatus se encuentra el trámite de baja", agrega parte del oficio. Sin embargo, en ninguna parte del documento se solicitó a las áreas encargas de almacén o farmacia tomar acciones para agilizar el reparto de medicinas y evitar con ello que se acerque su periodo de vencimiento y, sobre todo, que hayan caducado, situación que sin duda contribuyó a acentuar la problemática de desabasto en hospitales, lo que a la postre derivó en protestas, denuncias y amparos por parte de menores enfermos de cáncer y sus familiares. En este marco, la Senadora Indira Rosales San Román, del Partido Acción Nacional, PAN, presentó este martes ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una queja por violaciones graves a los derechos humanos de los veracruzanos, en particular de los niños con cáncer. Lo anterior, luego de que en días pasados, la legisladora diera a conocer que el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), del gobierno federal, determinó que la Secretaría de Salud de Veracruz mantiene embodegados medicamentos oncológicos y de alto costo, así como medicinas con fecha de caducidad próxima, mientras en la entidad los hospitales públicos niegan tratamientos a miles de veracruzanos enfermos. "La negligencia, desidia y falta de escrúpulos de las autoridades estatales de salud no puede quedar impune", aseguró la senadora por el estado de Veracruz. Rosales San Román destacó que, aunque la prioridad es que los medicamentos sean distribuidos de inmediato a los pacientes que los necesitan, "estamos exigiendo que se investigue el motivo que originó esta grave falta, se sancione a los responsables y se tomen las medidas para garantizar que esto no volverá a ocurrir". Así las cosas.

 

QUINTANA ROO

 

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