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Graban a Síndica panista de Playa Vicente dando instrucciones para reprimir a candidato a alcaldía de Morena Urbano Bautista
MEMORANDUM 1.-A través de un audio que ha comenzado a circular en redes sociales y medios de la zona, presuntamente se escucha la voz de la Síndica Única de Playa Vicente, Yamilet López López, refiriéndose de forma despectiva y racista a Urbano Bautista Martínez, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia de Morena, PT y PVEM a la alcaldía de ese municipio, por sus orígenes de indígena Zapoteca. "Y ya estuvo bueno que le estamos permitiendo hasta a los más pendejos de la gente que anda con ese indio, y si tuvieras que vestirte de civil e irte con los del banco y acular (sic) a ese pendejo, háganlo porque ya estuvo bueno", se escucha decir a la sindica en el audio. Presuntamente, la grabación habría revelado las intenciones de la funcionaria municipal para reprimir a sus opositores, aunque de paso le cae como anillo al dedo al Gobierno del Estado, que hace unos días realizó un operativo conjunto entre Fuerzas Federales y de la Secretaría de Seguridad Pública en el que desarmaron a los Policías Municipales de Playa Vicente como parte de una investigación a la administración local. Es así que el audio confirma como la funcionaria panista da instrucciones a uno de sus operadores para que con el apoyo de más personal del ayuntamiento, que encabeza el alcalde Gabriel López Álvarez, repriman a su principal opositor, Urbano Bautista, candidato de la coalición Morena-PT-PVEM a la alcaldía. Una vez que salieron a la luz los abusos policiales de las diversas corporaciones de Playa Vicente, el Gobierno del Estado decidió intervenir. Tras desarmar a la Policía Municipal, muchos de estos elementos se negaron a participar en los exámenes de confiabilidad que forman parte de sus acreditaciones, lo cual agravó aún más la crisis en la región. Días antes, los agentes fueron corridos de la localidad de Nuevo Ixcatlán luego de que los pobladores se cansaron de ser amenazados y reprimidos para coaccionar el voto a favor de los candidatos del PAN.
Vincula ASF a Renato Alarcón, candidato de PAN-PRI-PRD a la alcaldía de Emiliano Zapata con la “Estafa Maestra”
MEMORANDUM 2.- En tiempos de zopilotes, como dijo alguna vez el presidente Andrés Manuel López Obrador, al referirse a la etapa electoral, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia por irregularidades detectadas en 2017 en los SuperISSSTE del país, cuando fungía como delegado del ISSSTE en Veracruz Renato Alarcón Guevara, actual candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía del municipio de Emiliano Zapata. Lo interesante del caso es que, según medios como Animal Político, la denuncia se presentó debido a que se detectó que las tiendas que dicho instituto poseía para ofrecer productos económicos a sus trabajadores servían para eludir las reglas de contrataciones con el mecanismo de "La Estafa Maestra". Así las cosas, luego de señalar malos manejos en Veracruz en una de sus revisiones, la ASF detectó irregularidades en el traspaso de una de las tiendas del SuperISSSTE, pues se reportaron gastos por más de 6.4 millones de pesos cuando uno de los 2 establecimientos que había en la ciudad ya había sido clausurado. "Asimismo, se identificó que la tienda de Veracruz no presentó ingresos durante 2017 por encontrarse en proceso de reubicación, pero reportó gastos, por 6,401.7 miles de pesos", señala el informe individual 260-DS de la Cuenta Pública. En dicho informe, la ASF calificó como inviables los SuperISSSTE como órgano Desconcentrado, "considerando que de 2013 a 2017 acumuló pérdidas por 7,480,355.5 miles de pesos". En abril de 2016, Alarcón Guevara reconoció en entrevista que en su gestión no se habían terminado de finiquitar los contratos de arrendamiento de los inmuebles donde funcionaban las tiendas SuperISSSTE que comenzaron a cerrar desde 2015 en Veracruz. Sin embargo, argumentó que dicho proceso lo llevaba la Dirección General de las tiendas en la Ciudad de México, ya que de las diez tiendas que funcionaban en la entidad únicamente la del Puerto de Veracruz permanecía abierta. "El contrato (de renta) está terminado y solamente estamos en el procede de entrega, que entiendo, transitará por lo menos un par de meses más, porque hay que desinstalar algunos climas y cosas así, pero lo lleva de manera central la Dirección de SuperISSSTE en México". La ASF presentó su denuncia el 25 de marzo de 2021, debido a que no se subsanaron las irregularidades detectadas en la auditoría. Vaya caso.
Víctima de rudeza innecesaria, ex magistrada Sofía Martínez Huerta dice que hubo simulación en su juicio político
MEMORANDUM 3.- : Luego de que fuera defenestrada de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, y – con rudeza innecesaria - sometida a un juicio político que la destituyó de su cargo de magistrada y la inhabilitó para desempeñar un cargo en la administración estatal, la ahora exmagistrada, Sofía Martínez Huerta, promovió un nuevo juicio de amparo mediante el cual acusa que hubo simulación en su juicio político, tanto por parte del Congreso local como del Poder Judicial. En ese tenor, el día de ayer promovió el caso 401/2021 ante el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en contra del pleno del Tribunal Superior de Justicia, así como del Congreso del Estado, acusando una simulación de actos dentro del juicio político en su contra, así como la resolución del pasado 26 de abril donde le fue notificada su destitución e inhabilitación. Sobre este tema, habría que señalar que aunque el Juzgado Federal dio entrada a su caso, de manera inicial no le concedió la suspensión provisional, al establecer que el Congreso local está facultado para constituirse como Jurado de Acusación y el pleno del Tribunal Superior de Justicia como Jurado de Sentencia. Tales hechos eran los que Sofía Martínez Huerta presentó en sus argumentos para obtener la protección de la justicia federal y poder echar abajo la resolución de su sanción. Sin embargo, el juez federal consideró que, de entrada, no eran suficientes elementos, aunque advirtió que habrá de adentrarse al estudio para determinar si existió alguna violación a sus derechos humanos o no.

 

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