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OPLE turnará expediente de Cisneros por violencia de género al TEV, instancia deberá determinar la sanción correspondiente
MEMORANDUM 1.- Acaso para lavarse las manos y evitar pronunciarse sobre el caso, sabido cómo es que ha operado como una defensoría de oficio, la presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Delgadillo, confirmó que la comisión de quejas y denuncias concluyó la integración del expediente por posible violencia de género cometida por el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en contra de la diputada local de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, por lo que éste será turnado al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), instancia que decidirá la sanción correspondiente. Delgadillo refirió que el documento será turnado al Tribunal, luego de que ambas instancias desestimaron la queja inicial, argumentando que no se acreditaba la violencia política en razón de género, lo que fue corregido a nivel federal cuando la Sala Regional del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación (TFPJF) enderezó la plana al OPLE y al TEV, donde esta última instancia, en la ponencia del entonces magistrado Roberto Sigala rechazó la queja indicando que las manifestaciones emitidas por Cisneros, al referirse a la diputada de provenir de una familia de "caciques" y que gracias al OPLE ostentaba la curul, eran parte del debate parlamentario, pues se dieron en el marco de la comparecencia del funcionario ante el Congreso. A la postre, el expediente fue devuelto al OPLE, en tanto que Sigala fue electo magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) y Cisneros trató de victimizarse al acusar que, por su color de piel y ascendencia, se le discriminaba y frenaba en sus intenciones. Al respecto, la presidenta del OPLE señaló que este organismo ya realizó la parte que le toca y el expediente ahora irá al TEV. "Ya se cerró la etapa de instrucción y está para turno al Tribunal Electoral para la siguiente etapa, y determinar la sentencia", sostuvo. Sin embargo, reconoció que al momento no sabe cuándo se hará el turno, precisando que el pleno no interviene en procedimientos como éste, por lo que dependerá de la Secretaría Ejecutiva el momento de turnarlo. "Nosotros no lo tenemos, no lo votamos, no participamos", concluyó.
Veracruz, primer lugar nacional en atrocidades y tratos crueles de autoridades contra ciudadanos: Renadet
MEMORANDUM 2.- Pese a las cuentas alegres en materia de seguridad pública del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, el Estado de Veracruz ocupa el primer lugar en tratos crueles por parte de instancias gubernamentales hacia los ciudadanos. Lo anterior quedó establecido en el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), a cargo de la Fiscalía General de la República, documento donde se revela que los tratos crueles se concentraron en Veracruz, en primer lugar, con un 18.4 por ciento, equivalente a 530 casos, seguido de Nayarit con 16.2 por ciento y 466 denuncias por tal situación y en tercer lugar Morelos, con un 10.4 por ciento y 299 casos. Las cifras, que la propia FGR explica que son preliminares debido a que el RENADET se mantiene en proceso de construcción, solo incluyen información de 26 de las 32 fiscalías y procuradurías generales de justicia del país. De igual forma, se advierte la falta de información recabada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como de instancias de protección a los derechos humanos y de atención a víctimas en el país, por lo que el panorama sobre el número real de casos de tortura y otros malos tratos a nivel nacional, es incierto. A pesar de este vacío de información, datos de la CNDH muestran que durante el primer trimestre de 2023 han recibido 15 quejas por tortura, así como 48 por trato cruel, inhumano o degradante cometido por alguna autoridad federal o local. Incluso se encuentra incluida la propia Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. En total, del año 2019 a marzo de 2023, la CNDH contabiliza unos 1,133 expedientes de quejas por estos delitos. Por otro lado, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de 2021, de las 67,584 personas privadas de la libertad, 65.5 por ciento señaló haber sufrido algún acto de violencia por parte de la policía o autoridad después de ser detenido. Así las cosas.
Mientras Orfis archivó el expediente, ASF interpone primera denuncia ante FGR por corrupción del Gobierno de Yunes
MEMORANDUM 3.- A pesar de que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) "archivó" el expediente del fallido Sistema Estatal de Videovigilancia del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la corrupción detectada. Se trata de la primera vez que la ASF emprende acciones penales por irregularidades detectadas en una cuenta pública del bienio de Yunes Linares. Y es que, el sistema de referencia lleva casi cinco años sin funcionar como lo garantizó el exgobernador del PAN-PRD. En su auditoría de cumplimiento correspondiente al año 2018, la ASF identificó diversas anomalías en la gestión de 350 millones de pesos destinados al sistema de videovigilancia, el cual debía estar en funcionamiento desde el 16 de agosto de 2018. Sin embargo, se constató que los equipos adquiridos no operaban correctamente o no recibían señal, lo cual llevó a calificar el contrato como "no óptimo". "Se determinaron pagos improcedentes por 349,775.7 miles de pesos con recursos del programa Cámaras de Vigilancia en el Estado de Veracruz, ya que los bienes adquiridos no se identificaron ni se registraron en el inventario y carecieron del resguardo correspondiente; y tampoco se acreditó el correcto funcionamiento de los mismos, así como su entrega formal". El informe de la Auditoría Superior de la Federación establece que el presunto daño patrimonial asciende a 349 millones 775 mil 736 pesos, más los intereses generados desde el momento de su disposición hasta su reintegro en la cuenta de la Tesorería de la Federación (TESOFE). La responsabilidad directa de esta situación recae en la Secretaría de Seguridad Pública, la cual estuvo a cargo de Jaime Téllez Marié durante el gobierno de Yunes Linares. El organismo fiscalizador encontró que la SSP realizó pagos sin identificar ni registrar los bienes adquiridos, sin efectuar su resguardo correspondiente y sin demostrar su correcto funcionamiento y entrega formal. En marzo de 2020, el actual titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, confirmó la colaboración con la ASF para abordar el daño patrimonial ocasionado por el Sistema de Videovigilancia. Subrayó que la prioridad era "resarcir dicho daño". La denuncia presentada por la ASF se produce después de que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) concluyera y archivara el expediente a principios de marzo de este año. Sin embargo, de acuerdo con la ley, dicho expediente aún podría reabrirse. En contraparte, el ORFIS tomó la decisión de "concluir y archivar el expediente" con relación a los Procesos de Adquisición e Instalación de las 6,476 Cámaras que Integran el Sistema Estatal de Videovigilancia en su Auditoría de Legalidad. En su informe, el ORFIS destacó que previamente se había presentado una denuncia ante la Fiscalía Nacional Anticorrupción de la FGR, con número de expediente FED/FECC/FECC-VER/0000114/2019, por un monto de mil 44 millones 523 mil 721.33 pesos. El órgano fiscalizador indicó que la denuncia surgió "de la revisión en atención al exhorto publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 518, de fecha 27 de diciembre de 2018". En abril de 2019, el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, también presentaron una denuncia ante la FGR por las irregularidades del Sistema de Videovigilancia, incluyendo el contrato suscrito con la empresa COMTELSAT. A pesar de ello, en noviembre de 2021, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que había llegado a un acuerdo con la empresa para no presentar denuncias y para poner en funcionamiento los equipos. García Jiménez señaló que COMTELSAT ya había solventado algunas de las irregularidades detectadas. "Estamos revisando con la compañía que fue contratada en el gobierno anterior para que acelere el proceso, ya que se han solventado los problemas más importantes que tenían que ver con ellos. Lo legal tiene que seguir su curso, pero ya hemos llegado a acuerdos y convenios con ellos. Han comenzado a funcionar en Xalapa y Veracruz, y también estamos trabajando para que inicien en otras regiones donde se había contratado el sistema", afirmó el mandatario. Sin embargo, para enero de este año 2023, García Jiménez admitió que la empresa solo había alcanzado un "30 por ciento de avance" en la implementación del sistema. Por lo anterior, instó al actual titular de la SSP, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, a presionar a la empresa para acelerar los trabajos. "(...) para ver si les da tiempo, si van atrasados y qué ritmo le van a imprimir, porque ellos alegan que están instaladas, pero nosotros decimos que no, ya que aunque físicamente esté el poste, si no vemos la imagen en una pantalla, para nosotros no funcionan", concluyó García.

 

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