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Xalapa, Ver.-
Martha López Ríos, quien desde hace 20 años encabeza la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en el Estado de Hidalgo, asume que el campo hidalguense y el de otras partes del país se está muriendo. Los ejidos están envejeciendo. No hay arraigo de los jóvenes, para ellos el campo no es redituable, deplora. En ese sentido, la dirigente expone que según líderes agrícolas locales, la paulatina extinción del agro hidalguense ha sido resultado de factores como el alto costo de insumos y maquinaria, falta de agua y el que más de 90 por ciento de los productores poseen una hectárea o menos de tierra, aunado a la falta de subsidios y a la suspensión de programas para el campo. López Ríos mencionó varias causas que hacen a las actividades agrícolas poco atractivas y redituables, entre ellas el alto precio de las semillas, del diésel que se usa para los tractores, las elevadas tarifas eléctricas, así cómo los precios de maquinaria, implementos, fertilizantes y otros artículos necesarios para la siembra, y destaca que uno de los problemas más graves por los que pasa el campo en Hidalgo es la falta de agua para riego. Por ello explica que la mayoría del líquido residual para regar la tierra llega de las alcantarillas del estado de México y de la capital del país, a través del Túnel Emisor Central, pero cada día es menos el líquido que ofrece la extensa red de canaletas que hay en los municipios de los valles de Tula y del Mezquital, por diversos factores. López Ríos añade que esto ha provocado que haya constantes disputas por agua residual entre labriegos que viven en los distritos de riego ubicados en la entidad: el 003 de Tula y el 100 de Alfajayucan. López Ríos añade que la sequía es peor cada año y ha provocado en la década recientes grandes pérdidas de producción, lo cual ha obligado a gran número de horticultores a buscar otras alternativas para obtener recursos, entre ellas, hasta antes del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, emigrar hacia ese país en busca de empleo en ranchos, en el ramo de la construcción o en otro tipo de actividad. Por ello, puntualiza, es necesario que en Hidalgo haya una tecnificación del agua. Todos estos aspectos, añade la lideresa de la UNTA, han provocado una crisis de privatización de la tierra; los campesinos rentan o venden sus tierras a empresas o a grandes productores que tienen los recursos económicos necesarios para hacer una producción redituable. Relata que hay muchos casos en que las tierras de cultivo fueron vendidas por campesinos a empresas inmobiliarias que construyeron casas de interés social puestas a la venta a través del Instituto Nacional al Fomento a la Vivienda de los Trabajadores, y agrega que con la firma de tratados comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá, vigentes desde la década de 1990, se ha desatado una competencia desleal en el mercado de los productos del campo. Y es que mientras en México los campesinos no reciben subsidios gubernamentales y para colmo, los pocos programas de desarrollo al campo que había desaparecieron, los productores estadunidenses y canadienses tienen respaldo económico de sus gobiernos y, además, cuentan con tecnología de punta, por lo que han abarrotado con sus productos no sólo todas las tiendas de esos países, sino también las mexicanas. Tomás Pérez Mejía, presidente en la entidad de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC) –que tiene fuerte presencia en las regiones del valle del Mezquital y de la Huasteca hidalguense–, afirmó que otro de los grandes problemas del agro local es el autoconsumo, es decir, los pocos campesinos que aún quedan sólo cultivan las verduras con las que alimentan a sus familias. El autoconsumo en Hidalgo, dijo Pérez Mejía, se debe a que más de 90 por ciento de los labriegos del estado son únicamente dueños de entre media y una hectárea de tierra, situación que hace imposible que puedan producir para vender a gran escala. En cuanto a las condiciones del trabajo en el campo, indicó que desde el porfiriato existe el llamado contrato a la palabra, establecido por los latifundistas. Consiste en imponer al jornalero una tarifa baja prestablecida como pago total a sus servicios, sin la firma de ningún contrato, de seguros médicos ni de vida. “Los latifundistas les dicen a los trabajadores agrícolas ‘te doy 400 pesos por dos días y nos vemos’. Si se lesionan o mueren durante las labores de campo, es bronca de los jornaleros o de sus familiares, no de los terratenientes”, reprocha. Sobre si en Hidalgo hay sustitución de unos productos agrícolas, Pérez Mejía comentó que en algunas localidades del semiárido valle del Mezquital, en particular de Ixmiquilpan, han dejado a un lado la producción de maíz y frijol y la han sustituido por la de canola.
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