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Cortesia.
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Xalapa, Ver.-
En una intensa y larga discusión los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) autorizaron al gobiernos y funcionarios públicos a difundir y promocionar el proceso electoral judicial en curso. Al respecto, la presidenta del TEPJF, Mónica Soto, advirtió que el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) - que reclamaba como exclusiva de este órgano la tarea de promoción de los comicios- “pareciera que se está buscando llevar una elección silenciosa”. La magistrada optó por abrir su participación con sarcasmo: “Antes de iniciar mi posicionamiento jurídico les voy a decir un secreto: Va a haber elecciones el próximo primero de junio de este año, pero no se lo digan a nadie”, expresó. “Pareciera que parte de una las propuestas que están presentándose hoy, estuviera posicionando esta visión. Habrá un proceso electoral…pero no hay que decirlo a nadie. Nadie puede decirlo, sólo el INE”. En esa posición, de advertir que una democracia sin información es una democracia vacía, se colocaron los magistrados Felipe de la Mata (ponente del proyecto de sentencia que acumuló la mayoría de las impugnaciones) Felipe Fuentes y Soto. Por el contrario, Janine Otálora y Reyes Rodríguez, advirtieron que si se permite a integrantes de los tres Poderes de la Unión promover la participación ciudadana de los comicios se afectará la imparcialidad, sobre todo por el potencial uso de recursos públicos. “Si difunden, habrá la percepción de que promueven las candidaturas que aprobaron”, expuso Rodríguez, en referencia en que en este proceso cada Poder integró un comité de Evaluación y selección de candidaturas. En el proyecto Rodríguez-Otálora se proponía confirmar el acuerdo del INE para que las personas servidoras públicas no candidatas, autoridades e instituciones públicas no usen recursos públicos para la promoción del voto, la participación ciudadana en la elección ni generen espacios para la difusión de los perfiles de las candidaturas. La medida, afirmaron los magistrados, tiene como propósito evitar el uso indebido de recursos públicos, y de esa manera garantizar la imparcialidad. Argumentaron que lo anterior no es una restricción creada recientemente por el INE, sino que se trata de mandato recogido en la ley electoral. Al contrario, De la Mata dijo que los poderes de la Unión, los poderes estatales, los institutos electorales locales y las personas servidoras públicas sí pueden promover el voto y educar en la participación ciudadana, particularmente en la elección de personas juzgadoras, siempre que se observen los principios de equidad e imparcialidad. Sostuvo que la judicial es una elección distinta, diferente a la de los otros dos poderes de la unión, de ahí que la nueva contienda no puede atender a los “tabú” de las anteriores. Consideró que los gobiernos sí pueden hablar sobre el voto y educar a la ciudadanía. “La elección de personas juzgadoras tiene una naturaleza distinta a las elecciones tradicionales de partidos políticos y reglas, por cierto, bastante diferentes”, dijo. Señaló en principio que los preparativos del proceso involucraron no solo al INE sino a los tres Poderes de la Unión, para la postulación de las candidaturas. En suma, el proyecto aprobado dejó sin efectos el apartado del acuerdo que establece que el INE es la única autoridad que cuenta con atribuciones para ello.
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