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Cortesia.
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Xalapa, Ver.-
Al manifestar su preocupación por la respuesta del Estado mexicano al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), en el marco del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, organizaciones de derechos humanos documentaron desapariciones forzadas en Veracruz y Nayarit que, por su recurrencia y características, podrían constituir crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, junto con organizaciones aliadas y colectivos de víctimas, “hemos documentado desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales en contextos como Veracruz y Nayarit, donde se han identificado patrones sistemáticos y generalizados de actuación que podrían constituir crímenes de lesa humanidad", advirtió la organización en un pronunciamiento difundido el pasado 7 de abril. México encabeza la lista de países miembros de la Convención con más Acciones Urgentes activadas ante el Comité. Según IDHEAS, existen 681 solicitudes relacionadas con personas desaparecidas, lo que coloca al país como el Estado parte con mayor número de casos. Además, fue el primero en ser condenado por el Comité en un caso individual de desaparición forzada. La organización subrayó que se trata de un fenómeno persistente desde hace décadas. "Es pertinente recordar que las desapariciones forzadas son un fenómeno transexenal que dio inicio durante la denominada ´guerra sucia´ (1974), se agudizó en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y continúa hasta la actualidad en un marco de total impunidad", señaló. IDHEAS consideró que la atención a esta crisis corresponde tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales, e hizo un llamado a las autoridades mexicanas a asumir plenamente sus compromisos internacionales. "Exhortamos al Estado mexicano a adoptar una postura coherente con sus obligaciones internacionales, abriendo paso a la colaboración efectiva con los mecanismos de supervisión de derechos humanos", expresó. A través del pronunciamiento, la organización sostuvo que el procedimiento abierto ante el CED representa una posibilidad de avanzar hacia una política pública efectiva. "La apertura del procedimiento ante el CED es una oportunidad para construir, entre todos/as los actores involucrados, verdaderas acciones frente a una crisis de esta magnitud. Solo el reconocimiento del problema, la voluntad política y la cooperación permitirán avanzar hacia soluciones estructurales", concluyó la organización.
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