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XALAPA.- Para Juan Carlos Díaz Morante, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) región Xalapa, los empresarios con establecimientos en los municipios de Poza Rica, Tuxpan y Coatzacoalcos registran mayor severidad en el delito de extorsión, que va desde mensajes, cobro de piso e intimidación, pero en general el “problema es grave en todo el estado, pues cierran sus negocios y prefieren irse”, aseguró. Por lo anterior, la Coparmex, dirigida a nivel nacional por Juan José Sierra, exigió a los diputados federales y senadores del Congreso de la Unión, que se expida una “Ley General de Extorsión que coordine acciones, persiga el delito eficazmente y genere estrategias conjuntas para su erradicación”. Díaz Morante exigió a los legisladores la creación de leyes para tener mayores castigos contra los delincuentes y que dejen de salir de las cárceles. “Hay que poner mayores penas a estos delincuentes. Muchas veces llegan a las Fiscalías y al no tener una ley estricta, salen, salen, o muchas veces no son perseguidos cómo se debería”, aseguró el dirigente empresarial. Refirió que de acuerdo con la encuesta Data Coparmex, 2 de cada 3 empresarios han sido víctimas de algún tipo de extorsión a nivel nacional. “Esto significa que más del 54 por ciento han sufrido extorsión, por eso Coparmex pide a los legisladores que en vez de hacer leyes que no beneficien a nadie, tienen que hacer leyes más severas con este tipo de delitos que sí están afectando a los ciudadanos, a empresarios”, afirmó. El dirigente de Coparmex aplaudió que la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle García se pronunciara a favor de leyes con castigos más fuertes contra los delincuentes de extorsión. “El escenario nos arroja que en Veracruz es grave la extorsión. A nivel nacional dice la Encuesta Data Coparmex que Veracruz está en los primeros 15 lugares de los Estados que más han sufrido extorsión” insistió Díaz Morante. Con relación a los municipios, señaló que dónde más se registra el delito de extorsión es Poza Rica y Tuxpan, y municipios del sur de Veracruz cómo Coatzacoalcos, en dónde los empresarios reportaron cerrar sus negocios y emigrar al norte del país. Dijo que una de las principales causas por las que no denuncian los empresarios el delito de extorsión o robo de sus vehículos particulares y de transporte, es porque las Fiscalía General del Estado (FGE) no resuelve, y hace perder el tiempo a los ciudadanos. “Muchos empresarios o ciudadanos no denuncian, no van a las Fiscalías porque ir a denunciar es una pérdida de tiempo. El 20 por ciento que han sufrido un delito no van porque es perder el tiempo” afirmó. Citó como ejemplo que los empresarios no acuden a denunciar ante la FGE el robo de los transportes públicos, porque al localizarlos, las mismas autoridades los envían a los corralones de empresas de grúas por 90 días en lo que siguen los trámites. “Entonces se ven obligados a pagar 90 días de corralón para poder recuperar mercancía y unidad, esto sale mucho más caro; por eso pedimos que las unidades se recuperen entre tres y cinco días y se evite la burocracia. Y muchas veces los empresarios no denuncian por miedo a la delincuencia” afirmó. Por último, el organismo empresarial señaló en una carta dirigida a los legisladores que los grupos criminales han diversificado sus métodos, afectando a empresas, pequeños negocios y la población en general, incluidos migrantes. Así las cosas.
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