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Xalapa, Ver.- Organizaciones y colectivos de derechos humanos denunciaron que el hallazgo en Teuchitlán, Jalisco, pone en el centro la actuación de las fiscalías, responsables de investigar los crímenes, recabar pruebas y llevar los casos ante un juez. Por lo anterior, los organismos condenaron los recientes hechos ocurridos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, así como la creciente desacreditación hacia los colectivos de familiares de personas desaparecidas y familias buscadoras en todo el país. A través de un comunicado conjunto, los colectivos exigieron que se garantice la independencia y eficacia de las fiscalías en México, señalando que la impunidad sigue perpetuando la crisis de desapariciones en el país. Destacaron que la debida diligencia es clave para el éxito de las investigaciones y criticaron la falta de coordinación entre la fiscalía general de la República (FGR), la fiscalía estatal de Jalisco y la Guardia Nacional. El caso Teuchitlán ha sido particularmente emblemático de estas fallas institucionales. En septiembre de 2024, la Guardia Nacional, como primer respondiente en la escena del crimen, encontró armas de alto calibre y detuvo a más de diez personas. Esto implicaba que la FGR debía asumir la investigación por delincuencia organizada. Sin embargo, la inacción de la fiscalía federal permitió que el caso quedara en manos de la fiscalía estatal, la cual, según el propio fiscal general Alejandro Gertz Manero, incurrió en diversas omisiones y anomalías, como reveló en su conferencia del 19 de marzo. “La falta de coordinación entre autoridades no sólo entorpece la investigación, sino que perpetúa la impunidad y revictimiza a las familias de personas desaparecidas”, señalaron las organizaciones firmantes. De igual forma, denunciaron que México sigue sin mostrar avances en la investigación y sanción de las desapariciones forzadas, pese a las recomendaciones de mecanismos internacionales. Lejos de mejorar, afirmaron que el Estado ha impulsado medidas que representan un retroceso en la lucha contra la impunidad. Entre estos retrocesos destacaron la eliminación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la fiscalía general de la República, tras la derogación de su anterior Ley Orgánica. De igual forma, criticaron la reforma constitucional que amplió las facultades de la Guardia Nacional en materia de investigación, a pesar de que este cuerpo militar carece de la capacitación necesaria para desempeñar esa función. “Las desapariciones continúan ocurriendo en todo el país, desde el sur hasta el norte. No podemos hablar de avances cuando el acceso a la justicia sigue siendo una simulación y cuando las propias instituciones que deberían investigar están subordinadas a intereses políticos”, subrayaron. Las organizaciones firmantes insistieron en la necesidad de reformas estructurales a las fiscalías en México para garantizar que las víctimas de delitos y graves violaciones a derechos humanos tengan acceso a la justicia. Señalaron que la impunidad es la principal causa de la violencia en el país, ya que, al no existir consecuencias para los perpetradores, los crímenes se siguen cometiendo. Para ello, hicieron un llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a los gobiernos estatales para que prioricen el fortalecimiento de las fiscalías, dotándolas de autonomía y recursos suficientes. Propusieron realizar un diagnóstico integral sobre su funcionamiento, con el fin de identificar sus deficiencias y plantear reformas que permitan mejorar su desempeño. “El sistema de justicia penal no puede operar sin fiscalías que investiguen con rigor y transparencia. Sin una investigación sólida, el Poder Judicial no puede dictar sentencias condenatorias, y los responsables quedan impunes”, advirtieron. Por último, los colectivos exigieron que se detenga la criminalización de las mujeres buscadoras y sus organizaciones, quienes desempeñan un papel fundamental en la búsqueda de personas desaparecidas. Pidieron al Estado que implemente medidas de protección adecuadas para garantizar su seguridad, reconociéndolas como defensoras de derechos humanos. “Es inaceptable que, en lugar de reconocer su valiosa labor, las autoridades y ciertos sectores de la sociedad intenten desacreditarlas. Sin las familias buscadoras, muchos de los hallazgos que han permitido visibilizar esta crisis humanitaria jamás habrían ocurrido”, precisaron. El comunicado fue firmado por 39 organizaciones, colectivos y redes dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de justicia en casos de desaparición forzada en México. Así las cosas.
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