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XALAPA.- La reunión entre integrantes del grupo GRITO de transportistas y autoridades estatales concluyó con los acuerdos de investigar a los oficiales de la SSP que participaron en la detención arbitraria y presunta "siembra" de droga a un taxista, que se separe del cargo a esos elementos en tanto se realizan las indagatorias y reintegrar a la familia del trabajador del volante los 5 mil pesos que les cobraron por dejarlo libre. Jairo Guarneros Sosa, asesor de los agremiados al Grupo Regional Independiente de Taxistas de Orizaba (GRITO), afirmó que en la reunión participaron el síndico de Huiloapan, el regidor único y el representante jurídico, el Delegado de Política Regional, así como dos elementos de Transporte Público, el delegado de la corporación en la base de Colorines y el subdirector operativo de la SSP en la zona centro. Refirió que de inicio, en la reunión plantearon lo ocurrido y sus demandas; sin embargo, se toparon con que el delegado de la SSP en la zona al parecer está de acuerdo con el proceder de los elementos, por lo que estuvo a punto de romperse la reunión. Señaló que ahí se observó que efectivamente no hay ningún vínculo entre la autoridad municipal y la corporación, pues a pesar de que la SSP se supone que brinda seguridad en el municipio, realmente obedece únicamente al delegado de la corporación y no hay ningún control por parte del ayuntamiento con los elementos. Incluso, afirmó, las multas administrativas no pasan por el ayuntamiento, lo cual es irregular. Dijo que la posición del delegado fue la de defender a los elementos de la corporación y descalificar todos los señalamientos que se hicieron, pues cuestionó al taxista detenido por su dicho de que las bolsitas con supuesta droga le fueron "sembradas" y el pago de 5 mil pesos que se dio por parte de la familia y que él mismo entregó. Señaló que el delegado cuestionó al trabajador del volante que relató delante de él cómo había sido detenido y que había visto cuando uno de los uniformados ponía las bolsitas en su automóvil y le preguntó qué pruebas tenía, también preguntó qué pruebas tenían de que habían dado 5 mil pesos para liberarlo. Incluso, afirmó que cuando el delegado de Política Regional recordó que había una instrucción por parte del secretario de la SSP de que no deberían estar realizando operativos ni instalando filtros ni esa corporación ni Tránsito del Estado o Transporte Público, le dijo al delegado que mostrara la instrucción. "Es decir, que puso en tela de juicio lo que el propio secretario señaló", aseguró el asesor de taxistas. Guarneros Sosa afirmó que afortunadamente, en ese momento llegó el subdirector operativo de la SSP en la zona centro y con él se volvieron a sentar a la mesa y lograron dialogar. Afirmó que el subdirector operativo se comprometió a que volverán a establecer contacto para seguir el proceso. Dijo que su intención no es de que los elementos de la SSP se vayan, sino que hagan su trabajo y respeten a los ciudadanos…A TRAVÉS de un operativo encabezado por la Policía Ministerial de Veracruz, cinco sujetos señalados como generadores de violencia fueron arrestados bajo cargos de homicidio doloso calificado. Se trata de Rodolfo "N", Gerardo "N", Geovani "N", David Oswaldo "N" y Miguel Ángel "N", quienes fueron detenidos en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por la Fiscalía Regional de Xalapa. Los ahora detenidos están vinculados con el asesinato de G.R.J., ocurrido el 20 de diciembre de 2023 dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 5 Oriente, ubicado en el municipio de Villa Aldama. De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue agredida brutalmente dentro de las instalaciones penitenciarias, lo que le causó lesiones mortales. El homicidio dentro de un penal de máxima seguridad ha generado inquietud sobre el control de las autoridades penitenciarias y la presencia de redes criminales dentro de los centros de reclusión. Aunque los detalles sobre el móvil del crimen aún no han sido revelados, fuentes cercanas a la investigación sugieren que podría tratarse de un ajuste de cuentas dentro del sistema carcelario. Las primeras indagatorias señalan que la víctima habría sido atacada en un área restringida, lo que plantea dudas sobre la posible complicidad de internos o incluso de personal del centro penitenciario. Luego de su captura, los acusados fueron trasladados ante el juez, quien determinará su situación legal dentro del proceso penal 17/2025-III. La Fiscalía aseguró que se respetarán sus derechos humanos y el debido proceso. Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre su posible relación con otras actividades delictivas. Así las cosas.
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