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XALAPA.- El exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo es considerado prófugo de la justicia mexicana, debido a operaciones irregulares de arrendamiento, mantenimiento y posteriormente adquisición de siete cuarteles policiacos en el estado, que dejó un daño patrimonial de más de 3 mil 400 millones de pesos. Durante la audiencia que se realizó la noche del sábado en los juzgados de procesos penales federales del Reclusorio Oriente se determinó que la mencionada operación, realizada de "manera sumamente inexplicable e irracional", según la Fiscalía General de la República, fue posible gracias a la autorización de Aureoles. En la audiencia se estuvieron cuatro excolaboradores del mandatario estatal de extracción perredista, quienes escucharon de la parte acusadora una relatoría de los hechos que configurarían los presuntos delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Los cuarteles policiacos en cuestión se encuentran en los municipios de Huetamo, Jiquilpan, Apatzingán, Coalcoman, Uruapan, Zitacuaro y Lázaro Cárdenas, y a decir de la Fiscalía, el daño patrimonial por dicha operación ascendería a 3 mil 412 millones 165 mil 310 pesos. La Fiscalía General de la República (FGR) señala al exmandatario de haber dirigido a un grupo de sus colaboradores para desviar mil millones de pesos del erario destinados a la construcción de siete cuarteles de policía durante su mandato. Hasta ahora se ha confirmado la detención de cuatro de siete ex funcionarios michoacanos, contra quienes se libró orden de aprehensión. Se trata de Carlos Maldonado, ex secretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa, y Antonio Bernal Bustamante, primer secretario de Seguridad durante el gobierno de Aureoles Conejo. Además del ex gobernador, siguen prófugos dos ex secretarios de Seguridad Pública y otro funcionario de Finanzas. Cuando sean detenidos serán trasladados y puestos a disposición de un juez en el Reclusorio Oriente, como ocurre con los otros. El exmandatario y sus presuntos cómplices serán imputados de haber incurrido en administración fraudulenta, peculado, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los delitos que se les atribuyen no son considerados graves, por lo que podrían obtener libertad bajo caución, sin embargo, en el caso de Maldonado, por haber intentado evadirse de la justicia podría recibir prisión preventiva justificada.
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