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Xalapa, Ver.-
Durante un conversatorio sobre la ley y la justicia, en la Universidad Autónoma de Chapingo, la ministra Lenia Batres Guadarrama señala que el artículo 27 constitucional debe ser defendido por obligación y por convicción por las personas juzgadoras, a fin de garantizar los derechos de los ejidatarios y los trabajadores del campo. En ese sentido refiere que, en los casos de derecho agrario que llegan hasta el máximo tribunal del país, "es frecuente encontrar fraudes cometidos en contra de quienes tienen menos oportunidad de defenderse". La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), refirió ante estudiantes y académicos congregados en auditorio Álvaro Carrillo de esa casa de estudios que: "Vemos constantemente mucha invasión, muchos robos, fraudes, contratos que no debieron haber sido validados porque no fueron derivados a un acuerdo de una asamblea de un ejido, que hubiera permitido fraccionar justamente la propiedad social. O se trata incluso de tierras comunales que ni siquiera pueden venderse, y se valida, constantemente se valida, se resta tierra a la propiedad social de nuestro país”, por lo que dice que, incluso la Ley de Amparo establece que en materia agraria las personas impartidoras de justicia están obligadas a ejercer la suplencia de las deficiencias de la demanda, lo que en la práctica significa que se debe defender al ejido ante contratos de enajenación de sus tierras con vicios de origen. "Se prefiere cerrar estos casos por cualquier deficiencia procesal y desecharlos". Uno de los avances que se lograrán con la reforma judicial, mencionó, será la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, ante el cual se podrán denunciar casos de negligencia en materias como el derecho agrario, "evitando la connivencia entre impartidores de justicia corruptos y quienes se enriquecen a costa de la venta ilegal de tierras comunales y ejidales".
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