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La Jornada
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Ciudad de México.- Colectivos y colectivas como Cheros A.C., Aborto Seguro y Marea Verde, quienes desde el año 2023 tramitaron amparos para que la Secretaría de Salud del estado de Chihuahua proporcionará servicios de aborto en los hospitales públicos, celebraron la sentencia de la Suprema Corte.
Denunciaron que la administración estatal de la gobernadora panista, María Eugenia Campos Galván, insistió en penalizar la interrupción del embarazo, e instauró como política pública en los hospitales dependientes del gobierno del estado, la evasión de las normas oficiales NOM-046-SSA2-2005 y NOM-047-SSA2-2015, la primera relacionada a criterios para atender la violencia sexual contra las mujeres y la segunda sobre lineamientos técnicos para la atención del aborto seguro.
En un comunicado, las feministas destacaron que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2024 que la Corte resolvió este jueves, tiene antecedente en un amparo que había resuelto la Primera Sala, lo que obligaba al Congreso del Estado de Chihuahua a legislar, “la reforma no se llevó a cabo y en consecuencia se continuó el trámite de la Declaratoria”.
“Con esta Declaratoria, ya no es necesario que el Congreso de Chihuahua realice el proceso legislativo, al eliminarse las barreras legales, el gobierno del estado deberá proveer, sin excusas, el servicio de aborto voluntario y aborto por violación”.
“La sentencia de la Suprema Corte complementa las sentencias de amparo dictadas por diversos Tribunales Colegiados en Chihuahua, y que se anunciaron el 27 de mayo de 2024, en las que ha ordenado a la Secretaría de Salud estatal que proporcioné el servicio de aborto voluntario, sin necesidad de un juicio de amparo previo”.
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