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XALAPA.- Desde hace más de seis meses, un juez de Jalacingo ha desacatado la orden de un juez federal que exige la liberación de Jorge N, un ciudadano detenido desde 2021 bajo acusaciones que presuntamente carecen de pruebas. Lo anterior es un indicador de que en Veracruz la justicia parece haberse estancado en este caso que exhibe serias irregularidades en el sistema judicial. Y es que, a decir del abogado Erik Loyo este caso refleja una tendencia preocupante en Veracruz, donde la justicia penal parece haber sido cooptada como herramienta de represión. El jurista denunció que la Fiscalía de Perote presentó cargos contra Jorge N por un crimen que no cometió, sin ofrecer un solo dato o medio de prueba para sustentar su detención. Pese a ello, el juez del distrito judicial de Jalacingo impuso en primera instancia prisión preventiva oficiosa; posteriormente, esta medida cambió a prisión preventiva justificada, sin fundamentos claros. La defensa de Jorge N interpuso un amparo tras considerar que la prisión preventiva era injustificada y violatoria de derechos. En agosto de 2024, una jueza federal del Décimo Quinto Distrito de Xalapa resolvió a favor de Jorge N, señalando graves fallas en el proceso. De acuerdo con la sentencia, el juez de Jalacingo no solo trasgredió las reglas procesales al imponer y prolongar la medida cautelar, sino que también ignoró principios básicos como la proporcionalidad y los plazos razonables. La jueza federal determinó que las violaciones al debido proceso incluyen la falta de pruebas presentadas por la Fiscalía durante nueve audiencias. En ninguna de estas se ofrecieron datos o medios que justificaran la prisión, lo que hizo evidente que la medida era inconstitucional. En ese tenor, el abogado Erik Loyo destacó que este caso no es aislado, sino que refleja una tendencia preocupante en Veracruz, donde la justicia penal parece haber sido cooptada como herramienta de represión. De acuerdo con el abogado, los operadores del sistema de justicia actúan con permisividad hacia la Fiscalía, en detrimento de los derechos de los acusados. Loyo adelantó que su firma legal procederá con denuncias contra el juez Fernando Velazco Luna y su auxiliar, Eder Rivera Rodríguez, quienes, según argumenta, han obstaculizado la resolución del caso mediante maniobras que retrasan el cumplimiento de la orden federal. El caso quedó en manos del juez Urbino Alcaraz García, quien fue designado para ejecutar la sentencia del juez federal. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha convocado a una audiencia, dejando a Jorge N en un limbo judicial que, según su abogado, viola no solo las leyes nacionales, sino también tratados internacionales en materia de derechos humanos. Así las cosas.
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